Ese mismo día la noticia provocó debate en redes en torno a la iniciativa de ley. Incluso la etiqueta #NoAla5272 se volvió tendencia.
Este 1 de mayo, varios colectivos en favor de la diversidad sexual hicieron una protesta frente al Congreso de la República para pedir a los legisladores que no aprueben la iniciativa porque la consideran regresiva y que atenta contra los derechos humanos.
La iniciativa 5272 fue presentada en abril del 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan Provida y ya avanzó en dos debates en el pleno del Congreso, por lo que falta que sea aprobada en tercer debate, por artículos y redacción final.
Dicho proyecto establece una serie de medidas que, según sus ponentes, buscan proteger el derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar y orientar libremente a sus hijos en el ámbito sexual, y al matrimonio como base de la sociedad.
Su dictamen expone: “Se plantea la necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto, además de realizar una definición de matrimonio, que es acorde y continuista con criterios constitucionales, y que busca evitar que dicha institución pueda ser desvirtuada en sus elementos y fundamentos”.
Sin embargo, la promoción de esta ley en el Congreso es considerada como una estrategia para ganar simpatía por parte de algunos diputados de cara a las elecciones, según algunos diputados y activistas de organizaciones sociales.
Lo que propone la iniciativa
Dicha iniciativa tiene 21 artículos y está separada en tres capítulos, el primero es de disposiciones generales, el segundo habla sobre la protección del derecho a la vida y el tercero que habla sobre la familia y el matrimonio.
Sin embargo, varios puntos de la ley ha levantado polémica, entre ellos está el artículo 2, que presenta las definiciones.
El primero es de diversidad sexual, como “el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
También define el concepto de familia nuclear como “el núcleo paterno-filial o agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad” y familia ampliada como “el conjunto de personas ligadas por un vínculo de orden natural o jurídico, que alcanza a los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, a los afines hasta el segundo grado y en el orden civil a los cónyuges, quienes no forman grado”.
Según algunas organizaciones, estas definiciones dejan fuera a las familias monoparentales (solo padre o madre con hijos), por lo que el Estado no reconocería a este tipo de familias.
Otro de los artículos que generan dudas el artículo 10, que reforma el artículo 139 del Código Penal, que habla sobre el aborto culposo —el cual se puede producir por accidente y que actualmente no es punible—: “La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de dos a cuatro años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo”, es el texto propuesto.
A través de los artículos 16 y 17 también se pretenden hacer reformas al Código Civil para que en la definición de matrimonio y unión de hecho se agreguen las frases “así nacidos” cuando se refieran a hombre y mujer, para evitar de cualquier manera que en el futuro se pueda realizar un matrimonio igualitario.
En el artículo 19 se habla de la postura oficial y se busca que “los dignatarios y funcionarios públicos que representen al Estado de Guatemala en foros, cónclaves, cumbres o asambleas generales de los organismos internacionales de los que Guatemala sea parte, deberán observar fielmente los principios y normas establecidas en la Constitución y la presente ley como posición oficial del Estado de Guatemala”.
Acción electorera
Según Luis Barrueto, de la organización Visibles, la iniciativa contiene una diversidad de prohibiciones que atendería contra derechos y libertades fundamentales de la población, porque restringe ampliamente la libertad de expresión y de asociación.
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“Creemos que está siendo puesta nuevamente en la agenda legislativa porque estamos en un momento cercano a las elecciones y se busca capitalizar el rechazo que una parte importante de la población aún mantiene ante la diversidad sexual y de género”, aseveró el activista.
Barrueto instó a los legisladores a que se privilegie un diálogo verdadero sobre este tema “para entender las diferencias y solventarlas, pero esta propuesta solo cierra la puerta y deja más excluido a un grupo de la población que ya lo está”.
Gabriela Dávila, de la organización Gente Positiva, criticó que la iniciativa 5272 criminaliza a las mujeres y lo único que logrará, si es aprobada, es que las mujeres tengan miedo de acudir a los centros de Salud y aumentar las muertes maternas.
Dávila también consideró que los diputados están utilizando esta iniciativa como una herramienta para darle impulso a sus campañas y lograr simpatía entre la población que un discurso que lo único que logrará es un retroceso a la población.
“No dudamos que este tema sea utilizado para generar simpatía en la población. Queremos decirle a la población que un plan de Gobierno no tiene que basarse en la persecución y criminalización de las personas de la diversidad sexual y a las mujeres embarazadas”, afirmó la activista.
Sandra Morán, diputada del bloque Convergencia, también consideró que este tema está siendo aprovechado por algunos diputados para generar simpatías a pocos días de las elecciones.
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“Es una ley populista que solo busca sumar votos”, aseguró la congresista.
El diputado Fernando Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien presidió el año pasado la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que dictaminó favorablemente la iniciativa, no negó que esta iniciativa traiga réditos electorales a los diputados.
“Totalmente. Creo que es mejor que salga en época electoral, porque entonces se pintan los candidatos si están a favor de la vida y a la educación sexual, de acuerdo con el sexo con que nacieron los niños o si están a favor de toda esta moda perversa que tiene que ver con el cambio de sexo y promoción de la homosexualidad”, afirmó el congresista.
Niegan que se busque simpatía
Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (Viva), ponente de la iniciativa, rechazó todos los señalamientos y defendió el proyecto de ley.
El congresista aseguró que la ley no pretende perjudicar a nadie en lo que refiere a su individualismo. “A lo que nos oponemos es al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es diferente, porque la Constitución y las leyes ya lo regulan”, aseguró.
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Por último, negó que se esté aprovechando la iniciativa para generar simpatía en época electoral. “Es una iniciativa que la empezamos a trabajar en abril del 2017 y de ahí ha llevado una serie de procesos”, afirmó.
“Llevamos más de dos años con la ley, y si eso le suma votos a los diputados que voten a favor de la iniciativa, enhorabuena. Esta no es una ley únicamente de Aníbal Rojas o Viva, es una ley que presentaron 22 diputados representantes de la mayoría de bancadas”, puntualizó Rojas.
Elvis Molina, del MENAP, concordó con el Rojas y aseguró que la iniciativa ya tiene más de dos años en su proceso legislativo.
“Para nosotros es meramente circunstancial y coyuntural que en este momento la iniciativa tenga ese realce porque nosotros desde hace varios meses hemos buscado que la iniciativa se conozca en tercer debate”, afirmó Molina.
Afirmó que el rezago que ha tenido la iniciativa “es por el bloqueo” que diputados que están en contra de la iniciativa han hecho desde la Instancia de Jefes de Bloques del Congreso.
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