La constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito), la denuncia hecha por auditores de la Contraloría General de Cuentas y la supuesta ilegalidad en las asambleas de proclamación de Semilla son los argumentos que esgrimen los partidos para demandar que no se permita su participación en la contienda electoral.
En el Congreso
Leopoldo Guerra, jefe del Registro de Ciudadanos del TSE, asistió a una citación con los jefes de bloque en el Congreso, donde fue cuestionado sobre el proceso de verificación de los finiquitos.
Guerra respondió que el TSE tiene un convenio con la Contraloría General de Cuentas, con el cual hay un cruce frecuente de datos para verificar la validez y vigencia de los documentos que los aspirantes presentan.
Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue uno de los primeros en recriminar a Guerra, a quien le reprochó que hay personas que tienen finiquito, como Aldana, pero posterior a eso hubo denuncias en su contra.
Barreda señaló que Aldana no puede ser inscrita como candidata y preguntó al registrador qué haría en ese caso. Guerra respondió que, al no tener el expediente, no puede adelantar criterio.
La citación empezó a subir de tono y Guerra fue juramentado “a la importancia de los temas” que se estaban tratando.
Posterior a eso Guerra completó su respuesta: “Si la persona tiene algún señalamiento posterior a recibir su finiquito es la Contraloría la que debe notificar sobre esta situación”. Barreda insistió en que no se inscriba a personas que tienen un evidente impedimento.
En el TSE
Durante la reunión entre los magistrados del TSE y los fiscales de los partidos políticos, también se tocó el tema del finiquito y la asamblea de Semilla.
César Romano, fiscal de la UNE, argumentó que su agrupación fue perjudicada debido a que no se le permitió hacer asambleas municipales extraordinarias porque no iban programadas en la convocatoria nacional que regula el artículo 27 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Pero según Romano, Semilla tuvo otro tratamiento con el TSE, porque sí le permitió celebrar asambleas municipales extraordinarias y departamentales extraordinarias fuera de la convocatoria que había definido, sino que convocó directamente a la asamblea de proclamación de candidatos.
“Nos ponemos a pensar en que sí hay una aplicación diferente de la norma. Los partidos tenemos los mismos derechos, pero hay tratos diferenciados”, dijo Romano.
Agregó que está consciente de que los comités ejecutivos municipales y departamentales pueden hacer sus convocatorias, pero en su contexto, como el vencimiento de plazos de los cargos o luego de la desvinculación de alguno de sus integrantes, pero no para participar en una asamblea nacional de proclamación de candidatos, como según él hizo Semilla.
“En esas asambleas municipales extraordinarias -que hizo Semilla- no pueden nombrarse a sus dos delegados para la asamblea nacional de proclamación de candidatos. Para que nazca a la vida jurídica una asamblea -nacional de proclamación de candidatos- sí y solo sí tiene que venir de la convocatoria del comité ejecutivo nacional hacia sus diferentes órganos municipales y departamentales, que esos le dan vida a esa asamblea que hace el comité ejecutivo a través de una convocatoria. Si no, no puede ser viable”, dijo el fiscal.
Por aparte, Romano habló del finiquito, que calificó como un documento obligatorio para la inscripción de candidatos y que si la persona tiene una denuncia no debería de ser inscrita, al referirse a Aldana.
La denuncia contra Aldana fue interpuesta por la Contraloría por la supuesta irregularidad en la contratación del consultor José Carlos Marroquín.
Los magistrados del TSE interrumpieron a Romano cuando intentaba a explicar ese punto y le dijeron que la reunión con los fiscales no era un lugar para litigar, y además que no se pueden pronunciar debido a que pueden conocer el tema más adelante.
Contraloría
El contralor general de Cuentas en funciones, Fernando Fernández, el miércoles último asistió a una citación con jefes de bloque luego de que los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) pidieron aclaraciones sobre la validez del finiquito con el que cuenta Aldana.
Los jefes de bloque cuestionaron al contralor por el finiquito que tiene la exfiscal y que le permitiría ser inscrita como candidata, pero que según los legisladores no debe ser válido debido a que cuando lo solicitó no había denuncias en su contra y ahora sí existe.
El diputado del partido PAN, Fernando Linares Beltranena, señaló que la Contraloría tiene la obligación de revocar ese finiquito a Aldana, por las denuncias en su contra en el Ministerio Público.
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“No estamos hablando de no contabilizar bien una caja chica. Todos aquí podríamos tener un hallazgo por el uso de gastos de representación, gastos de cualquier tipo, pero este edificio -ubicado en la zona 5- de Thelma Aldana es de Q35 millones, cuya adquisición fue nula por no haber cumplido y justificado la compra”, dijo Linares Beltranena.
Más ataques
Samuel Pérez, secretario general de Semilla, dijo que la organización ha estado pendiente de todos los ataques en contra, los cuales ya esperaban desde la integración de Aldana y de la Plataforma Ciudadana.
“Sabemos que los adversarios están con mucho temor y realmente sucede que con el partido hicimos todo el proceso bien, como lo establece la Ley Electoral, incluso en algunas innovaciones de transparencia como el NIT, por lo que no existe ningún argumento con base legal, tanto la inscripción del partido como la candidatura de Aldana”, dijo Pérez.
Añadió que “están conscientes que después de la asamblea van a seguir los ataques y eventualmente a partir de ella”.
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