La primera impugnación la presentó el abogado Otto Gómez, quien señala que Aldana ya no tiene idoneidad por tener una orden de captura en contra. También denunció a Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, por falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
“Es un hecho notorio que la resolución emitida por el director del Registro de Ciudadanos, -Leopoldo Guerra-, donde manifiesta en sus considerandos que en ningún momento tuvo conocimiento de un hecho punible”, dijo el abogado, sobre la orden de captura que firmó Víctor Cruz, juez Décimo, el lunes 18 y que se hizo pública ayer.
Gómez, quien con anterioridad fue abogado de Anabella de León, exregistradora de la Propiedad enjuiciada por corrupción, indicó que presentó el recurso como ciudadano y consideró que la exfiscal debe ser capturada cuando regrese a Guatemala procedente de El Salvador.
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Gómez defendió en su momento a Anabella de León exregistradora general de la Propiedad y que está acusada en el caso Botín Registro de la Propiedad, mismo caso donde está sindicados Samuel Morales y Jose Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.
También fue el abogado que colisionó el 31 de agosto del 2018 su carro contra uno de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en la zona 5, el mismo día en que el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión.
Segunda impugnación
Emerson García, fiscal del partido Todos, también accionó contra la inscripción de Aldana en el TSE por considerar que no cumple con los requisitos constitucionales de capacidad, honradez e idoneidad para ser candidata.
No cumple con requisitos
Con el mismo argumento del partido Todos, Fernando Linares Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), también accionó contra la inscripción de Aldana.
“De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución, para optar a un cargo público, debe haber idoneidad y honradez. Una orden de captura le hace no-idónea, y la compra del edificio de la zona 5 para el Ministerio Público que investigué y que me consta que fue fraudulenta, hace que -Aldana- no cumpla con el requisito de honradez”, expresó Linares Beltranena.
Según el parlamentario, los artículos 214 y y 53 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establecen que el candidato debe tener finiquito. “Pero por haber sido revocado por el contralor interino -Fernando Fernández-, como lo expuso en el Congreso. y que el mismo 214 establece que es requisito de inscripción el finiquito y ella no lo tiene, ni tiene idoneidad, ni honradez”, expone el diputado.
De hecho, Fernández dijo en esa ocasión que, para la Contraloría, el finiquito de Aldana ya no tenía validez, a causa de la denuncia de diciembre de 2018 por la contratación supuestamente irregular de José Carlos Marroquín como consultor del MP, pero que él no puede revocar ese documento, sino la autoridad electoral.
Una más
El diputado y candidato presidencial de partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Estuardo Galdámez indicó en Twitter que su partido accionó contra la inscripción de Thelma Aldana.
Pueblo de Guatemala, como partido FCN hemos procedido legalmente ante el TSE. Contra las anomalias e ilegalidades manifiestas en la inscripción de Thelma Aldana. #SeguimosHaciendoHistoria
— Estuardo Galdámez (@Dip_Galdamez) March 20, 2019
¿Qué efectos habrá?
No obstante, según el artículo 250 de la Ley Electoral, dentro del proceso electoral, solo las partes debidamente acreditadas en cada caso o sus legítimos representantes, pueden interponer los recursos establecidos en este capítulo.
Esto quiere decir que en estas instancias, donde está corriendo un plazo que vence el viernes próximo para recibir impugnaciones y en cuya ausencia quedará en firme la inscripción, solo pueden accionar el Movimiento Semilla y el binomio presidencial Aldana-Menkos, y no hay cabida para los partidos políticos contendientes.
Piden anulación de inscripción
La organización Guatemala Inmortal solicitó al Registro de Ciudadanos la anulación de la exfiscal General.
El grupo considera que Aldana no cumple con el Artículo 113 de la Constitución, que señala que los funcionarios públicos deben tener idoneidad, capacidad y honradez, requisitos que la exfiscal general no cumple pues se encuentra “prófuga de la justicia”.
Sus representantes dijeron en conferencia de prensa que la orden de captura contra Aldana surge de una denuncia presentada por la agrupación en diciembre del 2018, que señala la contratación anómala del actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla.
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Tilly Bickford, una de las integrantes de la organización, afirmó que ella y otras personas de la agrupación solicitaron en tres oportunidades una audiencia en el TSE, pero que esta nunca se les otorgó. Además, señaló temor por un posible fraude electoral.
Raúl Falla, por su parte, pidió que la fiscal general, Consuelo Porras, haga las gestiones necesarias ante el TSE para informar sobre la orden de captura en contra de Aldana y además solicitó que se comience una persecución penal en contra de la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres.
Falla dijo que además del caso de la contratación de Bonilla, también se debe indagar más sobre la contratación como asesor de José Carlos Marroquín y de la compra de un edificio para el Ministerio Público en la zona 5 el cual está abandonado.
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