En medio de la premura por aprobar un presupuesto que nunca se discutió, los diputados oficialistas dispusieron otorgar un aporte extraordinario a los Codedes para ejecutarlo en la “construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o reactivación económica de los municipios”.
Este dinero podría ser de beneficio de las comunidades, si no fuera porque los congresistas no incluyeron ninguna norma que garantice que la distribución de los recursos no obedecerá a preferencias políticas del gobierno y sus aliados.
El fondo de los Q947 millones es un aporte “extraordinario” a los Codedes, según establece el artículo 114 del presupuesto. Pero más allá de describir en qué tipo de obras debe utilizarse, no se fijó ninguna instrucción para que los recursos se inviertan de forma transparente y equitativa entre los 340 municipios.
Mario Estrada, experto en finanzas municipales, prevé que, al no haber reglas claras, uno de los riesgos es que la mayor cantidad de dinero se focalice en territorios con presencia de alcaldes o diputados oficialistas.
“Habrá municipios más beneficiados que otros. Los recursos serán para allegados, ya sea alcaldes de partido de gobierno o diputados los que van a recibir mayor cantidad de proyectos. Ese es el problema que yo veo”, afirmó Estrada.
El experto recordó que lo mismo sucedió con los Q600 millones que se asignaron de forma extraordinaria a los Codedes. “En esto hubo inconformidades porque dejaron de lado a muchos municipios y se les asignó más proyectos a los alcaldes de Vamos que a la oposición”, afirmó Estrada.
Karin Slowing, extitular de la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan), explica que por lo general las obras que se priorizan en el sistema de consejos de desarrollo son necesarias para las comunidades.
El problema es que el mecanismo mediante el cual se adjudica obra son controlados por diputados distritales, alcaldías o gobernadores, quienes buscan a, toda costa, obtener prebendas de los contratos, dice Slowing.
“El proyecto se aprueba y puede ser relevante y pertinente para la comunidad, pero ¿qué pasa después? Que el mecanismo de contratación no lo controla comunidad. Lo controla el gobernador, los diputados y la alcaldía. Ahí se hace el negocio”, cuestiona Slowing.
Por su parte, Miguel Castillo, analista en temas de gobiernos locales, agrega que el sistema de consejos está diseñado para que sean las comunidades quienes decidan qué obras son las que se requieren.
No obstante, lo que desnaturaliza este proceso es la injerencia de los diputados distritales, ya que tienen las facultades para modificar la priorización de obras que realizan las comunidades con el fin de obtener réditos políticos o económicos, afirma el entrevistado.
“La incidencia de los diputados distritales es lo que tergiversa un proceso que, socialmente, debería ser ejempla”, cuestiona Castillo.
Sin criterios definidos
Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), manifestó dudas sobre en una citación con autoridades del Ministerio de Finanzas sobre el destino que tendrán los Q947 millones.
“Se quitó del tema de reactivación económica y se reasigna a los Consejos de Desarrollo, esto nos deja dudas, no queda claro (…) No sabemos ni para qué departamentos van, ni a qué municipios ni a qué proyectos, esto es un gran bolsón que va a estar ahí, para que los diputados digan: hagan esto, ponémelo allá”, cuestionó el Congresista.
Mientras que el congresista Julio Ixcamey, subjefe de bloque de la UNE, calificó como un “botín” el presupuesto. ” Imagínense, ahora se otorgan Q900 y pico de millones para los Consejos de Desarrollo, sin hablar de qué prioridades (se atenderán)”, cuestionó.
Sobre esto, hay que destacar que una facción de 38 diputados la bancada de la UNE aportó su voto para que el presupuesto se aprobara.
Al respecto, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, aseguró que la cartera que dirige no será la responsable de decidir cómo se distribuirán los recursos, a menos que en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) se determine que los recursos se distribuyan mediante el cálculo matemático que se utiliza para el situado constitucional.
Camilo Dedet, titular de la SCEP, dijo que de momento no tienen claro si los Q947 millones se sumará al presupuesto ordinario de los Codedes o si se asignará como aporte extraordinario al ejercicio fiscal 2021.
Si fuera el primer caso, se le pedirá al Ministerio de Finanzas (Minfin) que realice un cálculo matemático para la distribución equitativa de los recursos. Pero si fueran recursos extraordinarios se tendría que emitir un acuerdo ministerial por parte del Minfin que ordene cómo manejar dichos recursos, dijo Dedet.
La enmienda
En un inicio la Comisión de Finanzas dispuso que eran Q1 mil 400 millones como aporte extraordinario a los Codedes. No obstante, por medio de una enmienda que introdujeron diputados oficialistas se redujo a Q947 millones.
Entre los ponentes de la enmienda fueron el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, de Vamos; Luis Rosales, de Valor; Jaime Lucero, de la Unión del Cambio Nacional (UCN); Carlos López, de la UNE; Sofía Hernández, de la UCN y Carlos Nájera, de la UNE.
