Pero Nicaragua parece que va más “adelantado” que el resto de sus vecinos al vivir, lo que muchos aseguran, es una dictadura en la práctica, disfrazada de democracia, con procesos electorales cada cinco años en los que en las últimas tres ocasiones ha resultado electo Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Al igual que en Honduras la reelección continua en Nicaragua estaba prohibida por la Constitución, y desde 1985 cuando la democracia del país comenzó a estabilizarse se había respetado dicho precepto.
Fue hasta en el 2011 cuando Ortega, que había sido electo por segunda ocasión en 2006 —la primera había sido en la década de los 80 cuando gobernó de 1985 a 1990—, logró ser reelecto, luego de un polémico fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 2009 que declaró inaplicable el artículo 147 de la Carta Magna que prohibía la reelección continua o que optara a la Presidencia alguien que ya hubiera gobernado el país dos veces.
Aunque dicha resolución fue declarada nula por la Asamblea Nacional; Ortega, en sus ansias de poder, impulsó una reforma constitucional en 2013 que fue aprobada por el poder legislativo, dominado por él, y que incluía el derecho del presidente a la reelección indefinida.
De esa forma Ortega, que con el paso de los años ha aumentado su hostilidad hacia EE. UU. al mismo tiempo que afianza sus relaciones con China y Rusia, consiguió ser reelecto en 2016 en un proceso calificado como opaco por la comunidad internacional. Ahora, el 7 de noviembre próximo, intentará de nuevo la reelección para ser presidente hasta el 2027.
En las elecciones del 2016, Ortega en una muestra más de sus aspiraciones dictatoriales, nombró a su esposa Rosario Murillo, que de facto ya ejercía múltiples funciones dentro del Gobierno, como candidata a la Vicepresidencia del país con lo cual se aseguraba que de no estar él al frente del Ejecutivo el mando quedaría en familia.
Protestas y un estado a su servicio
En el 2018 estallaron múltiples manifestaciones en contra del régimen orteguista. La gota que derramó el vaso fue un ataque de simpatizantes del Gobierno en contra de un grupo de pensionados que protestaba contra las reformas al sistema de pensiones.
A partir de ahí las manifestaciones se incrementaron lo que causó una feroz represión del Gobierno que culminó con más de 320 muertos y decenas de heridos y otros tantos exiliados.
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A la par de las duras críticas de la comunidad internacional por el proceder con tintes dictatoriales de Ortega, el mandatario ha visto con preocupación un declive de su popularidad que lo hace sentir temor de perder las elecciones de noviembre próximo.
Un sondeo de la firma Cid-Gallup publicado recientemente muestra que el 65% de los nicaragüenses estaría dispuesto a votar por cualquiera de los candidatos que han sido encarcelados por Ortega.
Pero con los poderes alineados a su favor al presidente nicaragüense no le ha sido difícil hacer a un lado a sus opositores políticos, principalmente aquellos potenciales presidenciables a quienes se les han formalizado causas de arresto por delitos como “traición a la patria”, “conspiración” y “lavado de dinero”.
La cacería que la pareja presidencial ha emprendido desde marzo pasado ha dejado por el momento a 37 líderes opositores detenidos, entre ellos siete que se perfilaban como candidatos a la primera magistratura del país, con lo cual Ortega se allanó el camino para conseguir la victoria electoral.
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Esto ha llevado a los detractores del presidente a asegurar que, más que elecciones lo que ocurrirá en unas semanas será una “farsa” y un “circo electoral”.
Secuelas
Enrique Sáenz, analista político nicaragüense, señala que a Ortega “no le bastó reformar la ley electoral a su gusto y antojo ni cancelar los derechos de reunión o imponer leyes represivas para inmovilizar y amordazar al pueblo y medios de comunicación, sino que canceló a los partidos políticos sospechosos de ser opositores”.
En Nicaragua, añadió el analista, “desde hace varios años se instaló una dictadura que anuló la Constitución, las leyes y las libertades y derechos ciudadanos”, pero de lo cual la comunidad internacional se percató hasta el 2018 cuando estallaron las protestas ciudadanas “que fueron sofocadas a sangre y fuego”.
Por su parte, el sociólogo y economista Óscar René Vargas, también nicaragüense, considera que las cicatrices que está dejando la “dictadura Ortega-Murillo tardarán muchos años en cerrar” y que “las secuelas de las crisis no resueltas, económica, social, política sanitaria e internacional, van a profundizar las desigualdades” en el país.
¿Este panorama debería encender las alertas en Guatemala? Analistas consideran que los modelos tienden a ser copiados sobre todo en países latinoamericanos que llevan décadas tratando de consolidar —sin éxito— modelos de desarrollo para sacar a sus ciudadanos de la pobreza.
El exembajador de Guatemala ante Naciones Unidas, Luis Padilla, teme que nuestro país ya se está “contagiando” del modelo de Ortega-Murillo en el cual se le prohíbe la participación a ciertos candidatos y se persigue penalmente a medios de comunicación con el objetivo de callarlos y hasta cerrarlos.
“Y van a seguir el mismo camino con otros partidos políticos si no se alinean”, remarca Padilla, mientras que en cuanto a señalamientos hacia medios de comunicación teme que estos se puedan extender hacia otros.
El exembajador dice que, contrario a Nicaragua donde la dictadura es unipersonal y gira en torno a la figura de Daniel Ortega y su familia, en el caso de Guatemala se tiende a una dictadura corporativa impulsada por ciertos sectores económicos, el crimen organizado y otros actores corruptos.
Sin embargo, afirma que en Guatemala “falta mucho todavía para llegar a los niveles de Nicaragua” y que evitarlo dependerá, en buena medida de la oposición decidida de la sociedad civil, el apoyo de los “empresarios decentes” y de las fuerzas democráticas de la comunidad internacional.
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Sáenz señala que la historia ha demostrado que en los países centroamericanos funcionan “vasos comunicantes” que tarde o temprano afectan a la región. Hoy en día, lo que más le preocupa, es la petición que el régimen de Ortega hizo a rusia de armamento sofisticado y entrenamiento al Ejército porque eso pondría a la región en el centro de conflictos entre las potencias.
“Los síntomas del contagio son ya evidentes. Pero igual que el covid-19, depende de cada organismo su capacidad de resistir. Para unos se reduce a una gripe, para otros hay que hospitalizar y otros pacientes deben ir a cuidados intensivos. A veces los desenlaces son fatales”, subrayó.
“Nuestros países, lamentablemente, han padecido de las mismas enfermedades, en consecuencia, las recaídas son más probables que en cuerpos sanos”, agrego Sáenz.
El internacionalista Roberto Wagner considera que después de 13 años, desde que Ortega tomó el control del Consejo Supremo Electoral e inició con la suspensión de los partidos políticos de oposición, “le importa poco lo que otros gobiernos piensen de él.
“Siente que, como no hicieron mayor cosa antes, igual será ahora”, precisó.
“La situación en Nicaragua contribuye a que toda la región se vea mal. Si sigue Ortega muchos sienten que es casi como un ejemplo para otros líderes regionales”, advirtió Wagner.
Aldo Bonilla, internacionalista y catedrático universitario, coincide en que “la situación de Nicaragua y Guatemala no dista mucho de ser similar”, con organismos ejecutivos que actúan fuera de su marco de legalidad y entorpece procesos constitucionales, abusan de su poder y hacen oídos sordos a la tensión que se genera con EE. UU. debido a señalamientos de debilitamiento de las instituciones democráticas.
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Además, ambos países, como otros ejemplos en Latinoamérica, comparten indicadores democráticos que denotan estados “frágiles, sinónimo de fallidos” que han sido incapaces de gobernarse a sí mismos y de manera coherente con los principios de la democracia, dijo Bonilla. Estas naciones, añadió, requieren de medidas de “alto impacto” para salir de sus graves condiciones de vida.
“Un país que obliga a sus ciudadanos a caminar más de tres mil kilómetros para encontrar mejores condiciones de vida es un estado fallido. Un estado que no es capaz sino de lograr un tres por ciento de condenas de los actos ilegales que se juzgan, es un estado fallido, un Legislativo que está de la mano, no de intereses de las comunidades que representan, sino de sectores criminales o económicos, es un estado fallido”, remarcó el analista.
“Guatemala se encuentra en una ruta que no va a ningún lado, es ahora un país en vías de subdesarrollo, los indicadores sociales, la violencia, la falta de presencia del Gobierno en diversos sectores del país dan cuenta de que el sistema ha colapsado”, se lamentó.
Bonilla indicó que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) debiesen jugar un rol más activo en limitar el abuso de poder y falta de democracia, mientras que el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) y el Parlamento Centroamericano (Parlacén) no han sido capaces de actuar en concordancia con el espíritu para el cual fueron creados.
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¿Consecuencias económicas?
Los acontecimientos en Nicaragua no dejan de despertar inquietudes en el sector económico guatemalteco, sobre todo porque los cambios hacia regímenes menos democráticos hacen que la inversión y las empresas tengan desconfianza de esos sistemas.
Enrique Lacs, experto en comercio internacional y director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, destacó que siendo Nicaragua parte del entorno económico de Guatemala existe un dinámico intercambio comercial y de inversiones.
En el primer semestre de 2021, destacó, Guatemala exportó mercancías por US$384.5 millones e importó US$101 millones. “Esta relación puede afectarse de no mantener el cumplimiento de las normas comerciales que nos unen, o de que la actividad económica en Nicaragua se vea disminuida por efectos de su política interna”, advirtió.
En referencia a posibles cambios que EE. UU. pueda adoptar con la región a raíz de la crisis en Nicaragua, Lacs dijo que esa potencia mundial está vinculada con Centroamérica por medio del Tratado de Libre Comercio (TLC) y que “sería indeseable e ilegal” un cambio de las reglas de forma unilateral, esto en referencia a la Ley Renacer que podría derivar en una expulsión de Nicaragua de este convenio comercial.
Añadió que una ley que promueva el rompimiento de las disposiciones del TLC sería “muy desventajosa para todas las partes” y en el caso de Guatemala se verían afectados los encadenamientos productivos y comerciales que mantiene con los países de la región.
