Lo que se quiere cambiar son las reglas con las que se disputan los cargos de elección popular en Guatemala, pero la propuesta en vez de reunir criterios técnicos para proteger el proceso pone en bandeja de plata los pocos artículos que robustecen la ley, según analistas políticos.
Las modificaciones al artículo 205 ter, que permite el transfuguismo cuando un partido político sea cancelado, son las que más han llamado la atención, pero no son las únicas que vendrían a favorecer a las agrupaciones políticas.
El documento también resalta modificaciones al artículo 19 bis que habla de la fiscalización. Se le brindan más responsabilidades a la Contraloría General de Cuentas que al propio órgano electoral, lo que podría causar un problema por la debilidad que ha mostrado la entidad fiscalizadora, según Román Castellanos, diputado de la Comisión de Asuntos Electorales.
Sobre el financiamiento público también hay cambios, específicamente en una eventual segunda vuelta electoral. Los partidos en contienda recibirán del Estado 10 centavos de dólar por cada voto, un aporte económico que no está vigente en la actual legislación y que representaría un gasto en los recursos públicos.
Sobre las sanciones económicas para las organizaciones políticas, dejarían de estar clasificadas en dólares, a diferencia del financiamiento; la sanción mayor vigente hoy en día es de hasta US$250 mil, pero con la propuesta que hace el TSE la amonestación mayor rondaría en los 200 salarios mínimos en moneda nacional.
También sugieren eliminar el artículo 21 quáter que detalla una serie de definiciones para la correcta interpretación de la ley electoral. En ese apartado existen conceptos relativos a quién es un financista político, lo que podría abrir la puerta a infinidad de criterios para resolver un concepto que ha demostrado ser crucial y polémico durante las elecciones generales.
Pocos o nulos aportes
La iniciativa del TSE llegó al Congreso poco tiempo después de que un grupo de diputados de la alianza oficialista pretendía cambiar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para permitir que diputados sin partido político pudieran ocupar puestos clave dentro de la Junta Directiva.
Aunque la Unión del Cambio Nacional (UCN) emitió un comunicado mostrando no compartir esa propuesta, diputados de la oposición asociaron la estrategia con esa agrupación, ya que la primera vicepresidenta del Parlamento, Sofía Hernández, podría perder su puesto dentro de la directiva al quedar firme la cancelación de la UCN.
Pero con las nuevas sugerencias de cambios expuesta por el TSE, Hernández podría tener una posibilidad para seguir como vicepresidenta del Congreso aunque la justicia decida eliminar el partido político con el que llegó a la curul.
“El hecho que haya partidos cancelados, como evidentemente se está viendo, es un problema, pero no de la ley; es un problema, porque los partidos que están participando están infringiendo la norma. Me parece que no es la ley la que debiera dar soluciones a ese problema. En sí mismo no es aceptable en una democracia tener en el Congreso a partidos que están rompiendo la ley”, explicó Édgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.
Aún más crítico fue el diputado Castellanos, quien hasta duda de las intenciones de fondo del proyecto legal. “Globalmente, podemos decir que la propuesta en sí es más bien regresiva. Pareciera que los magistrados del TSE están pagando los favores políticos que adquirieron cuando fueron electos. Esto es lo que uno podría ver, porque en sí las sanciones son por las formas como se han venido desarrollando los últimos procesos electorales, que se exceden en la campaña y las sanciones es para evitar justo esas prácticas”, dijo.
Quien considera que sí es momento de cambios a la Ley Electoral para enmendar errores que habrían ocurrido en el 2016 es Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). Refiere que las prohibiciones al transfuguismo, en la actualidad, impiden que un diputado independiente pueda fiscalizar.
“Fue una distribución de cuotas de poder lo que hicieron los partidos grandes que al final violan la Constitución; entonces, nos queda de lección que si hay que reformar de nuevo el tema del transfuguismo y regresarlo al punto de que pueden los diputados salir de su partido y solo convertirse en independientes esa sería la única consecuencia, pero limitarles el ejercicio de otras prerrogativas de diputados es absolutamente inconstitucional”, argumentó.
Reacción: Aceptan sugerencias
Por la polémica que está causando la propuesta de reforma a la Ley Electoral, el presidente del TSE, Mynor Franco, aseguró que están en la disposición de escuchar sugerencias y, para demostrar transparencia compartirán la propuesta de reformas en su página web, para que todo ciudadano que desee evaluar la iniciativa tenga acceso a ella.
Franco destacó que cada artículo es crucial para el fortalecimiento de la democracia y defendió la reducción de las sanciones tomando como ejemplos amonestaciones contra criminales en el ámbito penal, que no son tan exorbitantes como las que tiene la Lepp.
“Para mí y para el Tribunal, desde el momento que los conocimos todos los artículos son importantes, porque son un extracto de lo que la Comisión de Actualización y Modernización Electoral llevó a cabo en sus diferentes reuniones, de ahí se han extraído estas reformas (…) Ya se comunicó vía teléfono la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso y se ha invitando al pleno del TSE a una reunión el 2 de marzo para que expliquemos el por qué del contenido de cada modificación que estamos presentando”, explicó.
El magistrado presidente también pidió a la población informarse antes de atacar la ley, estima que sigue en el ambiente un discurso de confrontación que no busca soluciones y acuerdos mutuos.
