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El segundo aspecto que busca ampliar la iniciativa es que el derecho legítimo de defensa no solo sea en la vivienda, sino que al área de trabajo, que puede ser en un local o empresa, o también en un vehículo que es propiedad privada, para que el ciudadano pueda defenderse si le intenta robar”.
El diputado explicó que el tercer aspecto que se busca ampliar es a las fuerzas de seguridad cuando estén en ejercicio de sus funciones debidamente identificados u uniformados, “para que en defensa de su vida y los ciudadanos ellos puedan repeler al agresor y que sean inimputables”.
“Lo que estamos buscando es que si el Estado no está en capacidad de defender la vida y la seguridad del ciudadano como lo establece la Constitución, por lo menos que tampoco le limiten y veden el derecho de defenderse”, acotó el congresista.
El diputado ponente de la iniciativa aseguró que “el ciudadano honesto tiene todo el derecho de defenderse del delincuente” y los malhechores deben entender “que la población está harta y está dispuesta a defenderse”.
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Crítica
Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, consideró inapropiada una iniciativa de esa naturaleza e incluso indicó que podría tener algunas inconstitucionalidades.
“Si se hace una reforma en el sentido de no atender la proporcionalidad estamos ante un hecho donde cualquier persona pueda responder a un acto que quizás sea una amenaza. La proporcionalidad en la legitima defensa es en función de que uno no haga daño si no es con el mismo material con el que uno va a ser víctima de un delito”, aseveró el experto.
Agregó que adelantarse a cualquier hecho y responder con violencia es un riesgo para el abuso de poder, pues se puede ejercer violencia de manera inapropiada y es una propuesta equivocada.
“El diputado creo que está equivocado, una propuesta de esta naturaleza merece un estudio y un análisis comparativo de cómo se está legislando en otros países. Si bien nuestro Código Penal es muy antiguo, este tipo de propuestas no son la forma de atenderlo”, señaló Díaz.
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Sobre el segundo aspecto de ampliación. sobre el derecho de legítima defensa en otros lugares que no sean la vivienda, el experto consideró que también es equivocado y puede llegar a caer en irregularidades legales.
“El artículo 24 permite que si alguien ingresa a mi casa pueda reaccionar en defensa, algo que es único y es el ámbito privado, pero hacerlo en un local de trabajo que podría ser una escuela, un parque y los buses, se afectaría otras garantías”, afirmó el jurista.
Señaló que con esta iniciativa se pretende que cualquiera pueda actuar en la potestad que es exclusiva a las fuerzas de seguridad, por lo que es contraproducente pensar que si la policía no tiene capacidad de respuesta cualquiera lo pueda hacer.
“Este es otro error grave y me atrevería a decir, sin analizarla sino solo con este planteamiento, que tiene serios vicios e incluso posibles inconstitucionalidades”, acotó Díaz.
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