El sistema en cuestión, denominado Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (trep), se utilizó para transmitir los resultados de las elecciones de primera y segunda vuelta desde las Mesas Receptoras de Votos al centro de computo.
Ayer, en las denuncias que presentó el MP, se enlistan tres cargos penales en contra de los magistrados electorales: fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, señalamientos que serán elevados en su oportunidad al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien de admitirlos los remitirá al Congreso de la República, a quien le corresponde según la Ley de Amparo y Antejuicios, conocer los procesos.
La tesis de la fiscalía apunta el delito de fraude porque el TSE optó por elegir a la empresa que daba el costo más elevado. “Posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado”, cita el MP.
El sistema Trep fue adquirido a la empresa Datasys, quienes ofrecieron sus servicios por Q148 millones, monto que todavía no ha sido cancelado en su totalidad.
En el proceso de contratación había una segunda empresa que ofertó el servicio a Q113 millones, es decir Q34 millones menos, se trata de la empresa PBS Guatemala.
Esta empresa, incluso, presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir la compra, sin embargo, dicha acción legal no prosperó y quedó sin efecto. Luego de esa decisión judicial el TSE tuvo vía libre para la compra y, pese a los cuestionamientos de algunos partidos políticos, el Trep quedó establecido como la herramienta informática para transmitir los resultados preliminares de de las votaciones del 2023.
El delito de incumplimiento de deberes se centra porque fue la misma Datasys quien recomendó a Podernet para que supervisara el software usado, evadiendo así sus responsabilidades, según el MP.
Por último el delito de abuso de autoridad lo consigna la fiscalía porque el pleno del TSE suscribió el contrato evadiendo los controles que como autoridades debieron de mantener sobre las herramientas adquiridas.
Pros y contras
La adquisición del Trep les costó a los magistrados del TSE una solicitud de antejuicio, pero siete meses antes, el 27 de febrero, una publicación de prensa puso en evidencia la adquisición de la herramienta y desde entonces hubo una serie de altibajos relacionados con la compra, implementación y uso del sistema.
Hasta antes de esa publicación, el TSE no había informado sobre la compra y tampoco sobre las empresas interesadas en ofrecer el servicio y el costo de diferencia entre las dos empresas.
El hermetismo con el que el TSE manejó su compra despertó dudas entre sectores de la sociedad civil y partidos políticos. Ambos cuestionaban la poca transparencia en el proceso porque no se anunció el evento y el mismo, indicaron los sectores, no fue compartido en Guatecompras.
Pese a las dudas, la adquisición del Trep siguió su marcha. El 11 de mayo y el 3 de junio el sistema informático fue sometido a simulacros, y a criterio de observadores y de algunos partidos, pasó las pruebas.
El 14 de junio medios de comunicación detallaron que Datasys eligió al Tecnológico de Monterrey para realizar su auditoría, algo que despertó dudas entre analistas y partidos políticos debido a que la empresa eligió quien iba a supervisar su trabajo.
El 25 de junio y el 20 de agosto, para la primera y la segunda vuelta, el TSE utilizó el sistema Trep y a criterio de observadores electorales, nacionales e internacionales, la herramienta funcionó con normalidad y en ningún momento fue vulnerado para un fraude electoral.
Posteriormente, el jueves 21 de septiembre, el informe de auditoría del Tecnológico de Monterrey confirmó el buen funcionamiento de la herramienta que transmitió los resultados preliminares.
Los resultados oficiales dependían de las distintas Juntas Electorales Departamentales (JED) y de la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), no del Trep.
Informes pendientes
Las solicitudes de antejuicio contra los magistrados comenzaron por una denuncia que ingresó el 29 de junio al MP, después de la primera vuelta, a nombre de Karen Fischer y Giovanni Fratti.
Por aparte, la Contraloría General de Cuentas (CGC) realiza tres auditorías sobre los recursos y las herramientas que utilizó el TSE para las votaciones
“Estamos en proceso de fiscalización. Son tres auditorías: gastos electorales, sistemas informáticos y la auditoría financiera”, explicó ayer Frank Bode Fuentes, contralor general de Cuentas.
La CGC realizó una de estas auditorías de oficio, las otras dos fue a requerimiento del MP, que se encuentra profundizando en distintas líneas de investigación.
“Son varias fiscalías quienes han hecho los requerimientos, al estar lo informes se notificará tanto al TSE como al MP”, explicó el contralor.
Bode Fuentes, estima contar con los informes finales de las auditorias electorales el próximo mes. “Estamos en el proceso final de obtención de evidencia para proceder a enviar los posibles hallazgos”, añadió.
Una antigua autoridad de la CGC, que pidió no ser citada, explicó que el MP puede actuar de manera independiente a los resultados de las auditorías de la CGC, ya que ellos “colaboran” únicamente cuando el MP así lo requiere.
En caso de que la CSJ trámite los antejuicios contra los magistrados del TSE, estos serán remitidos al Congreso de la República, en donde mediante sorteos, se tendrá que nombrar a diputados para que integren una comisión pesquisidora.
Este órgano legislativo temporal tendrá que escuchar a los denunciantes, darle audiencia de descargo a los señalados y posteriormente emitir un informe al pleno recomendando retirar o no la inmunidad, decisión que sería sometida a votación.
