El primer período de sesiones ordinarias del Congreso finalizará la próxima semana, el 30 de noviembre. Uno de los eventos estelares del año fue el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2021, que se definió en reuniones a puertas cerradas, no se socializó con tiempo de anticipación y tampoco se discutió con la minoría opositora. No obstante, fue impulsado por los diputados de la aplanadora oficialista para aprobarse de urgencia nacional.
Fueron 115 diputados los que avalaron el presupuesto que regirá el próximo año, pese a que desde el momento en que la Comisión de Finanzas entregó el dictamen -de 126 folios- al pleno y el mismo se aprobó no transcurrieron no más de 12 horas.
Desde el bloque oficialista fue indispensable el apoyo de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a la cual pertenece una facción de congresistas que se empeñó en los últimos meses en perfilarse como opositores, aunque en esta ocasión votaron favorable 38 de 52 diputados que conforman la bancada.
En contra del dictamen únicamente votaron 13 parlamentarios. Entre estos, toda la bancada Semilla, dos congresistas de Bienestar Nacional y dos la UNE, así como uno de los partidos Compromiso Renovación y Orden (Creo), Todos, Movimiento de Liberación de los Pueblos y Winaq.
Sofía Montenegro, investigadora de Diálogos, señala que esta aprobación “exprés” evidencia que ya se tenían pactos entre los diferentes congresistas y que no hubo una discusión pública, como debería suceder en el ideal de los casos. Esto demuestra que las prácticas nocivas de anteriores legislaturas se continúan prorrogando.
“Muchos diputados en esta legislatura eran nuevos. Hubo una rotación política y se esperaba que, al ser congresistas nuevos, tuvieran otro tipo de operación. O, por lo menos, no estuvieran vinculados a los comportamientos -de opacidad- que hemos visto por años, pero ese no ha sido el caso”, cuestiona Montenegro.
El desenlace de esto podría ser una conflictividad social, como en Perú, afirma Montenegro, donde el descontento ciudadano se ha volcado contra parlamentarios y autoridades.
“Había una ventana de oportunidad para intentar generar alianzas. Hay bancadas como Creo, Winaq, Semilla, Bienestar Nacional y Humanistas que eran los que debían hacer labor de fiscalización, pero también de contrapeso al partido oficialista. Había mucha expectativa que al cambiar las piezas claves en el Congreso íbamos a tener mejores resultados, pero con la crisis y la pandemia las bancadas no actuaron de manera estratégica”, dice Montenegro
Bancadas heterogéneas
La politóloga Gabriela Carrera explica que los partidos políticos en el Congreso no actúan como “frentes legislativos”, es decir, las bancadas votan de manera fragmentada, tal como se evidenció ayer.
“Los partidos políticos tienen un problema orgánico. No son bancadas que actúan como un frente legislativo, son muy heterogéneas. A veces corresponden a grados de corrupción y se debe a los escasos proyectos políticos. Muchas veces no se vota por partidos, sino por quienes se cree que son más confiables”, dice Carrera.
Carrera coincide con que las acciones del Congreso cada vez intensifican la indignación ciudadana a niveles preocupantes.
“Hay un contraste cruel y perverso de la política de legislativo en este momento. Por un lado, está el sufrimiento y dolor de tantas personas en Guatemala, frente a acciones de legislativas que se recetan en bolsas vacías el dinero que podría servir para mitigar el dolor y vida cotidiana de tantas personas. Eso ha desatado una sensación de rechazo profundo”, lamenta la entrevistada.
Por su parte, Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), afirma que el ejercicio legislativo de la actual asamblea es deficiente. Para salir de este embrollo es necesario mejorar la representación de los partidos políticos y democratizarlos, modernizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y construir ciudadanía.
Sobre esto último explica que es necesario fortalecer el sistema educativo para que cada persona identifique su rol dentro de la gestión pública del Estado.
“Hemos perdido de vista que el bien máximo es lo público y eso lo hemos entregado a cualquier señor que ahora es diputo, a cualquier alcalde municipal, a cualquier gerente del Codede… La educación es fundamental y debemos tratar de que desde niños se empiecen a valorar lo público”, puntualiza Hidalgo.
Temas pendientes
Una de las tareas que continúa prorrogando el Congreso es la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones. El período de los actuales magistrados venció desde el 13 de octubre de 2019, sin embargo, los diputados oficialistas no priorizan este punto en las agendas del día.
De igual forma está pendiente la elección de secretario y subsecretario del secretario y subsecretario del Consejo Nacional del Migrante de Guatemala (Conamigua). El período del as actuales autoridades venció hace un mes.
En los últimos días se priorizó la discusión de las reformas de la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), pese a que su contenido no se discutió con organizaciones de sociedad civil y que ha despertado rechazo de diversos sectores, entre los que se encuentra el Procurador de los Derechos Humanos.
