Desde el fin desde semana el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó sobre el ciclón que se se acercaba al país, ahora la tormenta tropical Pilar.
En conferencia de prensa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), alertó que los departamentos con mayor riesgo son Chiquimula, Jutiapa, Escuintla, Jalapa, Izabal y Santa Rosa.
No obstante y pese a ser territorios costeros, vulnerables por su posición geográfica a la variabilidad climática, las autoridades locales invierten poco o nada en prepararse para los riesgos.
Según la información del Ministerio de Finanzas, del portal Transparencia Presupuestaria, las municipalidades de dichos territorios invierten una cantidad limitada respecto a la reducción de desastres y gestión de riesgo para sus poblaciones.
De dichos departamentos, solamente Escuintla y Santa Rosa reportan presupuesto dirigido a programas de prevención.
Los municipios de Escuintla reportan Q726 mil 164 de lo cuales solo se han devengado Q16 mil 646.
Por su parte, en Santa Rosa a penas se reportan Q1 mil 500 y no se ha ejecutado nada.
Respecto a Izabal, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa no tienen presupuesto reportado para tales programas en el portal del Minfin. Cabe mencionar que la herramienta de transparencia no es de carácter obligatorio, es decir, las comunas no están obligadas a reportar ahí sus asignaciones y gastos.
Acciones reactivas
Analistas consultados detallaron que la responsabilidad en la gestión de riesgos no es solo de los gobiernos locales. Además, que la manera de accionar de las instituciones es una repuesta reactiva a los desastres, más no acciones procuren la seguridad de los vecinos.
El exsecretario ejecutivo de Conred, Alejandro Maldonado, refirió que en el país no se actúa para mitigar los daños.
“En Guatemala seguimos con un enfoque equivocado, nos concentramos en la respuesta cuando ya tenemos el evento”, criticó Maldonado.
Mencionó también que la prevención debería ser un política pública para que de verdad se trabaje por reducir las consecuencias de un evento natural.
“Las acciones deben ser un esfuerzo sostenido permanente y que sea una política de Estado por reducir el riesgo de desastres”, sugirió.
De acuerdo con su análisis, es necesario identificar amenazas de vulnerabilidades y con base en eso trabajar en el ordenamiento territorial y medidas de protección.
“Trasladar eso —las vulnerabilidades— en sus planes de ordenamiento territorial y, por el otro lado, la implementación de diferentes tipos de medidas de protección”, indagó.
A su criterio hay un abanico muy amplio disponible para trabajar en medidas de mitigación.
En esa misma línea, Damaso Rosales, analista en temas municipales, comentó que las jefaturas ediles deben de aumentar la inversión sobre todo cuando ya existen antecedentes de fenómenos naturales que dejan consecuencias en distintas zonas del país.
Explicó que “un diagnóstico de las vulnerabilidades de la zona para poder ir tomando decisiones y en virtud de eso priorizar inversiones que pueden ser en infraestructura o inversiones en capital humano”.
También detalló que cada municipio está propenso a diferentes tipos de riesgo derivado de las condiciones topográficas y geográficas. Influye si el terreno es seco, boscoso, húmedo, sujeto a inundaciones, etcétera.
Planificación
Rosales también señaló que todo parte del diagnostico de vulnerabilidades y oportunidades. Derivado de eso se trabaja en el mapa de ruta que permita trabajar en un plan de ordenamiento territorial con vistas de 20 a 25 años a futuro.
“El plan de ordenamiento es el instrumento técnico de planificación que nos proyecta las ciudades a futuro y ahí poder prever ciertas acciones que se deben de tomar”, identificó.
Responsabilidades
Maldonado considera también que la planificación del crecimiento de las ciudades juega un papel fundamental en la prevención ante desastres naturales.
“En la ley de Conred establece que precisamente tiene que coadyuvar los estudios técnicos científicos para que las municipalidades tenga la información necesaria para que puedan trabajar sus planes de ordenamiento territorial”, profundizó.
Además, el exsecretario considera que la responsabilidad de promover las acciones de mitigación compete a las autoridades también del gobierno central.
“El gobierno central debe de tener una política transversal de gestión integral para la reducción de riesgos de desastres, es decir, tiene que convertirse en un apoyo y tiene que considerar la gestión de riesgos en todos los sentidos”, refirió.
Asimismo, comentó que esas acciones deben de ir de la mano de acciones específicas de cada comuna con el apoyo de Conred.
Por su parte, Rosales añadió que también la población puede exigir programas de prevención a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).
“Las municipalidades deben de desarrollar los proyectos juntamente con los vecinos para poder tomar esas acciones y que no sean reactivas”, agregó.
Maldonado concluyó argumentando que no se puede hablar de desarrollo o reducción de pobreza si no se trabaja en reducción de desastres. Por lo que urgió a que dichas acciones vayan en conjunto con programas de desarrollo.
“Hay dos elementos que no se pueden separar que deben de ser considerados en forma integral. Uno es la gestión para la reducción de riesgos de desastres, pero por el otro lado el desarrollo del país”.
