Esta asignación de fondos ha sido etiquetada de manera histórica como un “botín político”, según analistas que aseguran que en el pasado estos recursos fácilmente pueden convertirse en fondos para actividades político – electorales.
Actualmente la Comisión de Finanzas del Congreso se encuentra afinando el dictamen del presupuesto nacional 2022, en donde la recomendación técnica de la mayoría de congresistas es incluir un artículo nuevo a favor de los Consejos de Desarrollo.
Básicamente les permiten contar con todos los recursos que no invirtieron este año, que se vendrán a sumar al dinero que el Congreso decida asignarles para el ejercicio fiscal 2022.
Autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) consideran que la estrategia es buena, además que ya había sido aplicada durante la administración de Jimmy Morales.
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Pero el dar más recursos a instituciones que trabajan obras en el interior de la república se puede prestar a actividades sospechosas a criterio de expertos, sobre todo porque el 2022 es un año preelectoral.
Independientemente de la opinión técnica que emitieron los diputados de la Comisión de Finanzas, la última decisión la tiene el Pleno del Congreso, que está bajo el control de la alianza oficialista que el año pasado aprobó un presupuesto de urgencia y en plena madrugada.
¿Pago de votos?
Hace algunas semanas el Pleno del Congreso eligió a la próxima Junta Directiva, que por tercer año consecutivo tendrá en la presidencia al partido de Gobierno. Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).
La oposición señaló que se acordaron negocios millonarios para aquellos que votarán a favor de la planilla oficialista, negociaciones que podrían estar en los fondos de los Consejos de Desarrollo, según las lecturas de Paúl Boteo, analista de Fundación Libertad y Desarrollo.
“La cuestión aquí es que como sabemos los Consejos de Desarrollo, los fondos que se le asignan usualmente son utilizados para negociaciones de aprobación del presupuesto; ya sea con diputados o gobernadores que son quienes están involucrados, además en un año preelectoral resultaría bastante sospechoso que se le permita esta excepcionalidad a los Consejos de Desarrollo”, señaló Boteo.
El analista independiente Mario Estrada, experto en gestión municipal, ve los mismos peligros. Él considera que técnicamente es correcto dejar a los Consejos los recursos no utilizados, para que de esa manera puedan seguir generando obras, pero no existe certeza que los fondos no se usan para campaña anticipada.
“Definitivamente estos recursos van a ser clientelares, toda asignación adicional al presupuesto en un año preelectoral siempre es clientelar. En este caso yo creo que si se van a asignar más recursos deben de seguir tomando como base los indicadores para cada departamento y municipio, existen normas que van a llevar a establecer las asignaciones”, enfatizó.
Artículo ilegal
El diputado Carlos Barreda, del recién auto nombrado bloque de oposición, considera que este artículo puede tener complicaciones legales, ya que no se estipula un techo presupuestario a dichos Consejos, además que tampoco se explica la metodología de distribución.
Algo similar ocurrió este año a opinión de Barreda, lo que hizo que se promovieran acciones legales que aunque fueron tramitadas no han sido resueltas.
“Este artículo lo que hace es responder a compromisos políticos y negociaciones que se vienen dando en el Congreso por la alianza oficialista, es la moneda de cambio para conseguir los votos para la Junta Directiva. Se habla y hay denuncias donde los diputados que han votado por Junta Directiva les han asignado hasta Q5 millones en proyectos para que los puedan ejecutar con empresas de amigos, familiares o vinculadas a estos diputados”, criticó el parlamentario.
Así mismo señaló que los recursos se concentran principalmente en dos departamentos, “hay diputados que se dedican a comprar estos proyectos a sus colegas y ejecutan grandes cantidades, el departamento de Quiche ha sido uno en donde se han acumulado grandes cantidades de recursos como en Huehuetenango, más de Q80 millones, habría que investigar la estructura y trama de empresas que están ejecutando y por qué se concentra los recursos en esos dos departamentos mientras hay otros sin un solo proyecto asignado”.
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No son botín político
Quienes no comparten los comentarios anteriores son las autoridades de Anam, por el contrario son de la opinión que este artículo tan solo vendrá a ayudar a las comunidades más vulnerables del país.
Marvin de León, Director Ejecutivo de Anam, manifestó que existe demasiada burocracia lo que impide invertir el dinero con velocidad, ya que todo el papeleo previo a los concursos de licitación tan solo complican la ejecución de las obras.
“Aproximadamente en los primeros cinco días de septiembre inicia la construcción, entonces si vemos un edificio escolar o un edificio para salud de dos niveles sabemos que en tres meses es imposible ejecutarlo, hay demasiada burocracia y sin duda al final del ejercicio fiscal quedará un saldo pendiente de entre el 30% al 40%, si la municipalidad no logra terminar debe de tomar fondos de la asignación 2022 para cubrir lo que no se pudo terminar de ejecutar”, explicó de León.
El representante de Anam fue contundente en indicar que estos recursos no serán utilizados para fines políticos, “al dar esas declaraciones hay una falta de conocimiento de los procesos. Los fondos de arrastre no se pueden contemplar como botín político, los fondos de arrastre sirven para completar el pago de las obras que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal anterior, eso es para que el municipio no pierda; lo que pasa que el tema se interpretan distinto pero una cosa es lo que interpretamos y otra lo que pasa, estos fondos jamás se prestan para botín político”.
