Entre marzo y abril el Congreso de la República aprobó Q14.6 mil millones para invertirlos en 14 programas que mitigaran los efectos económicos que experimentaron las personas derivado de la crisis sanitaria.
La ejecución de estos recursos, a cargo de los distintos ministerios, se ha cuestionado desde distintos frentes. No invertir el dinero en las personas que lo necesitan o utilizarlo con fines clientelares son algunos de las fallas que se reprochan.
No obstante, desde el Congreso las bancadas de oposición consideran que estos desaciertos no son razón para descontinuarlos. Al contrario, hay que mejorar su diseño e implementación para que las personas en pobreza puedan soportar la crisis, cuyos lastres económicos podrían prorrogarse al menos dos años, según proyecciones.
Samuel Pérez, diputado de la bancada Semilla e integrante de la Comisión de Finanzas, es crítico de la forma en cómo el Ejecutivo distribuyó los recursos en el proyecto de presupuesto.
La propuesta preliminar del Ejecutivo incluye un capítulo de reactivación económica que asciende a Q4 mil 560.8 millones. Son fondos que se pretenden destinar a distintos ministerios y que son adicionales al presupuesto ordinario de cada entidad. El objetivo es canalizarlos en bienes y servicios que procuren una reactivación económica.
Sin embargo, el diputado cuestiona que, de ese dinero, el 63 por ciento, es decir Q2 mil 882, se destina para la construcción de carreteras, sin que existan garantías de transparencia o de que las obras no serán objeto de corrupción.
Por otro lado, los programas de protección social, específicamente las transferencias condicionadas a personas de escasos recursos, como lo fue el bono familia este año, y proyectos para prevenir la desnutrición crónica, tienen Q500 millones, que representa solo un 11 por ciento de los fondos extraordinarios.
“La reactivación puede pensarse para dos cosas: para los privilegios o para la gente. Y lo que vemos en el proyecto es que prioriza las carreteras y megaproyectos, probablemente para beneficiar a financistas o amigos, per la población, las mayorías sociales, quedan desprotegidas”, afirma Pérez.
El diputado asegura que procurará se realicen cambios al proyecto de presupuesto, entre estos incluir un seguro de desempleo para las personas que se quedaron sin empleo, mejorar el diseño de bono familia y destinar más recursos para atender la desnutrición, entre otros.
“Es insuficiente”
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que el presupuesto, tal como lo presentó el Ejecutivo, está desequilibrado. Afirma que el problema no es que se invierta en carreteras, sino que se descuide la protección de las familias guatemaltecas
“(De los recursos extraordinarios) solo el nueve por ciento iría al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) para apoyar a productores pequeños. Solo el siete por ciento iría para transferencias condicionadas y solo cuatro por ciento se invertiría en la denominada Gran Cruzada por la Nutrición, que de grande no tiene nada”, cuestionó Barrientos.
El experto dice que el Ejecutivo debiera prever que en cualquier momento pueden surgir rebrotes de contagios que obliguen, nuevamente, a un confinamiento. Esto podría agravar la crisis económica y es necesario disponer de recursos para el apoyo a la población vulnerable.
“Más carreteras, más desarrollo”
Álvaro González Ricci, ministro de finanzas, dijo que hay una percepción equivocada, ya que los programas sociales ordinarios continuarán. “Hay casi Q5,500 millones a seguridad alimentario en el presupuesto”, afirmó.
El hecho que de los Q4 mil 560.8 millones que constituyen el fondo para la reactivación económica, el 63 por ciento se destine a infraestructura vial, y no a la continuidad de programas sociales, obedece a que la inversión en carreteras y caminos es lo que más crecimiento económico y oportunidades de empleo genera.
“Si no tenemos infraestructura vial, es imposible que saquemos de la pobreza a sectores agrícolas, porque hay que facilitar el acceso a mercados y salidas de donde se ubican los cultivos, por ejemplo.
Además, aseguró que el momento para invertir en infraestructura vial es propicio, ya que en Guatemala y el mundo se alcanzó una fase de estabilidad económica. Ahora lo que se debe hacer es generar condiciones para que surjan oportunidades de empleo y desarrollo y así las personas no dependan de subsidios, sino puedan generar sus ingresos, afirmó el ministro.
Evitar corrupción
Claudia García, analista económica independiente, coincide con que la inversión en infraestructura vial fomenta el desarrollo.
“Cuando un país invierte en infraestructura, automáticamente van otros aspectos mejorando, principalmente la creación de puestos de trabajo, y con eso se esperaría que se reduzcan necesidades sociales que hay”, dice.
Sin embargo, la pertinencia de asignar tantos recursos a la construcción de carreteras dependerá de la calidad y utilidad de las obras. Si los proyectos serán foco de corrupción, o serán deficientes como el Libramiento de Chimaltenango, al grado que no se les puede sacar provecho, no tendrá ningún sentido, afirma García.
“Si las carreteras servirán para agilizar el transporte de mercadería de un lugar a otro, por ejemplo, qué bueno que se invierta. Pero si va a ser como el Libramiento de Chimaltenango, mejor que se entregue el dinero a las personas”, dice la experta.
