Guatemala

Presiones complican labor de gobernadores

Expertos y políticos consideran que los gobernadores departamentales afrontan fuertes limitantes para desarrollar un trabajo adecuado y en función de la población, debido a la forma como son designados y a la falta de cuadros en los partidos políticos.

El presidente Jimmy Morales juramentó el 7 de marzo último a los 22 gobernadores departamentales. En esa ocasión defendió la procedencia de los nombrados.

El presidente Jimmy Morales juramentó el 7 de marzo último a los 22 gobernadores departamentales. En esa ocasión defendió la procedencia de los nombrados.

Esas situaciones los hacen más vulnerables a recibir presiones de otros funcionarios e incluso de quienes ayudaron a que llegaran al cargo, porque buscan algún beneficio personal.

El problema es tan complejo que expertos coinciden en que el gobernador responde al pago de favores políticos y, en algunos casos, el suyo llega a ser un puesto decorativo porque está a merced de lo que decidan con él. Sin embargo, opinan que cambiar la forma de elegirlos no sería la solución definitiva al problema.

Según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los gobernadores son los representantes expresos del presidente en los distintos departamentos, y por mandato constitucional son electos por el gobernante de turno.

El contrapeso que la Ley impone al jefe del Legislativo es que este deberá elegir de entre los propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) respectivo, pero podrá destituir a los gobernadores “cuando, a su juicio, convenga”.

Diputados hostigan

Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, considera que los gobernadores “son nombrados a dedo y no se evalúan determinadas cualidades, y generalmente son el resultado del pago de favores políticos”.

“En la legislatura pasada vimos un diputado que renunció a la curul y el compromiso era que él sería el gobernador el resto del periodo”, comentó Lira.

Añadió que muchas veces las obras ejecutadas por los Codedes, cuyo presidente es el gobernador, se efectúan “en aquellas alcaldías que son afines al partido oficial”.

“Los gobernadores reciben presiones de los diputados oficiales, del presidente, de los Cocodes. Y al final se convierte en una figura de adorno, intrascendente, porque si no está de acuerdo con las acciones del Ejecutivo y reclama será cambiado”, enfatizó el diputado.

El politólogo Hugo Novales indicó: “Es posible que el gobernador esté sujeto a presiones de actores externos que pudieron haber intervenido en su designación.

“Esto también es un problema del déficit de cuadros que tienen los partidos políticos. Porque si tuviéramos organizaciones de alcance nacional, el presidente tendría la oportunidad de seleccionar un funcionario que viniera de su partido y que a la vez contara con el apoyo de una parte importante de la sociedad civil”, dijo Novales, quien precisó que, “debido a que los partidos no tienen ese arraigo en la sociedad, el mecanismo actual provoca que el gobernador sea un poco débil”.

La diputada Thelma Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, calificó de lamentable que los gobernadores tengan presiones.

“Sería bueno que recibieran presión de las comunidades, pero muchas veces son presiones de personas con intereses personales”, aseveró la congresista.

Ramírez afirmó que la sociedad debería ayudar en la fiscalización del trabajo de los Codedes, mediante la Ley de Acceso a la Información, y de ser necesario, denunciar acciones que vayan en contra de los intereses del pueblo.

Es muy difícil

Los legisladores agregaron que sería bueno que los gobernadores sean electos popularmente, pero también reconocen que esto sería sumamente difícil, pues requiere una reforma constitucional que se ve muy lejana para este asunto particular.

No hay presiones

Heinz Hiemann, vocero de la Presidencia, aseguró: “Las decisiones no están en las manos de solo una persona, sino en comités, consejos de desarrollo y alcaldes. Los gobernadores son ejecutores de las obras y las bases están priorizadas”.

Los designados

Ordenados en orden alfabético, los gobernadores actuales del país son:

  1. Alberto Chumil Julajuj, Sololá
  2. Aura Delfina Palala Zepeda, Escuintla
  3. Carlos Enrique Cardona Fuentes, San Marcos —suspendido—
  4. Claudia Yesenia Ávila, Quetzaltenango
  5. Clemente de León, Quiché
  6. Érick Fernando Herrera, Baja Verapaz
  7. Estela Adelina Ventura Fernández, Alta Verapaz
  8. German David Castillo Blanco, Santa Rosa
  9. Jacinto Castro Galicia, Sacatepéquez
  10. Jorge Francisco Mejía Ovalle, Retalhuleu
  11. Juan Higinio Yax Say, Totonicapán
  12. Julio Áxel Figueroa Muñoz, Chimaltenango
  13. Luis Fernando Molina Aguilar, Chiquimula
  14. Manuel Salvador Cordón y Cordón, Zacapa
  15. Mausebio Hiram Martínez Galindo, Huehuetenango
  16. Milton Francisco Sánchez Cuéllar, Jutiapa
  17. Mynor Monroy Soberano, Jalapa
  18. Nancy Yubitza Sajché De La Rosa, Suchitepéquez
  19. Otoniel Ramón Moreno Castillo, El Progreso
  20. Ramiro Herrera Paiz, Izabal
  21. Sadin Iván Díaz López, Guatemala
  22. Xiomara Blanco de Los Santos, Petén

Presión llegó al insulto

Un caso paradigmático fue el de la presión a la gobernadora de Alta Verapaz.

El pasado 5 de abril, la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, salió apresuradamente de una cita que tuvo con diputados de la bancada oficial, en el Congreso.  Evitó dar declaraciones, pero se veía visiblemente afectada.

Horas más tarde trascendió que los diputados de FCN-Nación la habían presionado para favorecer a personas cercanas a esa agrupación en la contratación de personal.

Días después se filtró el audio de la citación, en el cual se escucha que una mujer, presuntamente la diputada Laura Franco, le dijo a la gobernadora: “India estúpida. Así se ha hecho, así se hace y así se hará”.

Los diputados involucrados en el caso son Juan Manuel Giordano Grajeda, Óscar Rolando Corleto Rivera, Laura Alicia Franco Aguirre, Byron Juventino Chacón Ardón, Julio Antonio Juárez Ramírez, Édgar Eduardo Montepeque, Rudy Berner Pereira Delgado y Ferdy Ramón Elías Velásquez.

El 31 de agosto recién pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió retirarles la inmunidad a los legisladores oficialistas, y pese a que la gobernadora desistió de la denuncia, el Ministerio Público podrá investigarlos de oficio.

Actualmente, los Codedes tienen un presupuesto de Q2 mil 151 millones.

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