El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, se encuentra fuera del país. Según la oficina de prensa de la Comisión, por una agenda de trabajo que sostiene en Washington, D.C., Estados Unidos.
La prohibición de dejar entrar al jefe de la Cicig al país amplía más el distanciamiento del Ejecutivo con la entidad de la Organización de Naciones Unidas, tan solo cuatro días después de que Morales anunciara que no renovará el mandato de la Comisión, que vence en septiembre de 2019.
El vocero de la Cicig, Matías Ponce, informó que Velásquez sigue en EE. UU. y aún no han sido notificados de ninguna prohibición migratoria.
“La Comisión no ha recibido ninguna información oficial al respecto. El comisionado continúa con su labor y agenda con total normalidad en Nueva York y Washington, en EE. UU. Mientras tanto, el trabajo de la Comisión continúa en función del acuerdo del Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”.
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Gobierno da explicaciones
A través de un comunicado divulgado en su cuenta de twitter, el Gobierno de Guatemala informó que fue el Consejo de Seguridad Nacional quien recomendó al presidente prohibir el ingreso al territorio nacional a Velásquez.
“…ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas, realizó un análisis profundo sobre dicha situación en el marco de la seguridad y el orden público, acordando, en consenso, recomendar lo referente al ingreso a territorio nacional del señor Iván Velásquez Gómez..”, cita el comunicado.
Agrega: “Se solicitó de la manera más atenta al Secretario General de la ONU, que se designe al sustituto del señor Iván Velásquez Gómez”.
El Gobierno de la República de Guatemala, a la opinión pública informa: pic.twitter.com/OnpN7nIn9G
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 4, 2018
Se intentó obtener una versión más amplia sobre la decisión, sin embargo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, no se iba a pronunciar nadie y sería la comunicación a través del comunicado divulgado.
Orden puede ser ilegal
Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo estar “sorprendida” por la decisión “preocupante” de no permitir el ingreso al titular de la Cicig, ya que eso iría en contra del acuerdo firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas que obliga al primero a dar todas las facilidades para que la comisión haga su trabajo.
La Dirección General de Migración, añadió Zelaya, debe explicar bajo qué marco legal cree que puede prohibir el ingreso de Velásquez; además, no descartó que la medida pueda ser ilegal.
“Se podría revertir lo que dijo el presidente de que las órdenes ilegales no se cumplen”, expuso Zelaya, quien remarcó que el acuerdo de creación compromete al estado de Guatemala a dar facilidades de migración y de visa a los funcionarios de Cicig.
A la vez de considerar “preocupante” una decisión de esa magnitud, la analista añadió que pareciera que es ilegal.
“Intento de obstruir la justicia”
Las recientes acciones del presidente Jimmy Morales representan una “grave amenaza para la democracia y el estado de Derecho”, indicó el grupo de investigación e incidencia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
La directora para Seguridad Ciudadana de la institución, Adriana Beltrán, aseguró que “el comisionado Iván Velásquez y la Cicig han tenido un impacto real en la lucha por la justicia en Guatemala. Sus esfuerzos han sido fundamentales para exponer redes criminales que han cooptado al estado”.
“Morales no está actuando en el interés del pueblo de Guatemala, sino para obstruir la justicia y evitar que él y sus familiares sean responsabilizados en la investigación en curso”, reiteró Beltrán.
“Los ataques contra la Comisión y sus esfuerzos representan un serio riesgo para los intereses de seguridad de los EE. UU. y la seguridad regional de América Central”, dijo Beltrán. “Combatir la corrupción sistémica es fundamental para frenar la violencia, el crimen organizado y la pobreza que impulsa la migración irregular desde la región”, aseguró.
“Los ataques contra la CICIG representan una bofetada en la cara del gobierno estadounidense, el cual ha invertido millones de dólares en Centroamérica durante la última década para mejorar las condiciones en la región. Los Estados Unidos deberían suspender inmediatamente todo el financiamiento a Guatemala, hasta que haya un claro compromiso a combatir la corrupción. Los Estados Unidos deberían utilizar todas la herramientas disponibles contra aquellos que quieren socavar la lucha contra la corrupción”, dijo Beltrán.
Obsesión presidencial
Al respecto, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, afirmó que el artículo 60 del Código de Migración, al cual refiere la nota emitida por la DGM, no hace ninguna referencia al contenido de la misiva.
Agregó que, independientemente de la legalidad o no de la decisión, la medida gubernamental es una obsesión del presidente Jimmy Morales que “nos lleva a una crisis innecesaria por una vendetta personal” ya que se siente perjudicado por las investigaciones de la Cicig.
Rodas expuso que no permitir el ingreso de Velásquez “es parte de una estrategia perversamente planificada”.
“Están viendo las reacciones de la comunidad internacional, sectores sociales, academia, autoridades indígenas… ¡algo les debería de hacer!”, añadió el magistrado de conciencia.
Añadió que con la medida el gobierno “raya en resoluciones ilegales” algo que ya sería competencia del Ministerio Público.
“En lugar de resolver otros problemas, nos empantanan y la comunidad nos verá como un país que no tiene una cabeza lúcida ni un norte en búsqueda del bien común”, agregó.
Se trabaja en riesgo
Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), dice estar sorprendido ante la decisión del gobierno de no permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país. “Lamento la decisión”, dijo.
“En lo personal estoy a expensas de posibles acciones a tomar o a expensas de quién esté legitimado para plantear alguna acción si se considera la existencia de agravio”, dijo Sandoval.
Al ser consultado por las acciones a seguir, debido a que Velásquez está amparado por la Corte de Constitucionalidad, Sandoval mencionó: “Eso será parte del objeto de análisis y verificar si hay alguna conducta ilícita que perseguir”.
En tanto, María Consuelo Porras Argeta, fiscal General y jefa del MP, quien se encuentra en México, publicó un comunicado en el que expresa que “se mantendrá vigilante” ante la situación que vive el país.
El texto dice que se “garantiza que todo el personal del MP procederá en el marco de sus competencias ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos ilícitos”, para preservar el estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos.
Ante la decisión del Organismo Ejecutivo de prohibir el ingreso al territorio nacional del Comisionado de la @CICIGgt, Iván Velásquez, el #MinisterioPúblico informa: pic.twitter.com/umSQoPdofj
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 5, 2018
Es un error
A través de un comunicado, el representante estadounidense Eliot L. Engel, miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y el representante Albio Sires, del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara en el Hemisferio Occidental, lamentaron la decisión de Morales de evitar el regreso de Velásquez al país.
“La decisión del gobierno guatemalteco de declarar al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, una amenaza a la seguridad pública y negarle el reingreso a Guatemala es otro golpe importante en la lucha del país contra la corrupción y la impunidad. La verdadera amenaza para la seguridad en el país es un gobierno guatemalteco que se niega a respetar el estado de Derecho y protege los intereses de los corruptos sobre los del pueblo guatemalteco. Instamos al presidente Morales a revertir su decisión desacertada. Si él no está dispuesto a hacerlo, el Congreso debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ajustar apropiadamente la asistencia de los Estados Unidos al gobierno de Guatemala “.
RM @RepEliotEngel and @RepSires on the Guatemalan government’s decision to deny International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) Commissioner Ivan Velasquez re-entry into the country: https://t.co/lZjFVe6MeX pic.twitter.com/BVdGVVUA4L
— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) September 4, 2018
Al margen de la ley
El Frente Ciudadano contra la Corrupción emitió también un comunicado en el que advierte de que la decisión de Morales contraviene la resolución de amparo emitida por la Corte de Constitucionalidad.
“El presidente Morales ha llevado la situación al límite y está llevando su administración al margen de la ley”, dijo el Frente en el texto.
La agrupación expresó su confianza en los órganos de control “para que rectifiquen las ilegales medidas” tomadas por Morales, quien “debe abstenerse de romper el orden constitucional y el estado de Derecho”.
El Presidente Morales ha llevado la situación al límite y está llevando su administración al margen de la ley. pic.twitter.com/PTrGGfrVpG
— Frente Ciudadano Contra la Corrupción (@fccc_gt) September 5, 2018
El mandato
El mandato de la Cicig contempla el retiro de la cooperación por tres causas puntuales, sin embargo, en el extremo que se prohíba el ingreso al país del jefe de la Comisión, aplicaría esta razón:
Si el Estado deja de cooperar plenamente con la Cicig de una manera que obstaculice sus actividades.
El jefe de la Cicig, según el acuerdo de creación de la Comisión, tiene los mismos privilegios e inmunidades y exenciones que goza el cuerpo diplomático acreditado en el país, además, inviolabilidad personal, con inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa de conformidad de la Convención de Viena.
Velásquez también goza en el puesto de jefe de la Cicig, de exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros extranjeros, las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje propio o personal que la Convención de Viena concede a los agentes diplomáticos.
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