“La ley, la Constitución de Guatemala establece quién tiene que dirigir la política exterior”, enfatizó el mandatario al finalizar la inauguración de un instituto de educación básica en la aldea Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal.
Polémica
El martes de esta semana el gobierno encendió de nuevo la polémica en torno a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuando dio un ultimátum de 72 horas a un grupo de 11 investigadores de esa misión internacional para que abandonara el país o de lo contrario serían expulsados.
A poco tiempo de que se venciera el plazo, el viernes al mediodía, se supo que los funcionarios habían abandonado el país, pero por cuestión de vacaciones; no obstante, el gobierno se atribuyó la salida al afirmar en un comunicado difundido en sus redes sociales que los funcionarios de Cicig habían dejado el país en cumplimiento de la advertencia que les había hecho el Instituto Nacional de Migración.
Como era de esperarse, la medida gubernamental causó que abogados, organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y los mismos investigadores de Cicig, plantearan recursos legales en la Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad con el fin de detener la expulsión de los funcionarios.
El viernes en la mañana un juzgado amparó provisionalmente a la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, que pedía suspender la expulsión del grupo de investigadores, y por la noche ocurrió lo mismo en la CC, que no solo la frenó, sino que también ordenó a la Cancillería extenderles de nuevo las visas.
La resolución a favor del amparo fue por mayoría con el voto disidente de la magistrada presidenta Dina Ochoa.
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Segunda resolución
En septiembre pasado, aduciendo razones de orden y seguridad nacional, el gobierno emitió directrices al Instituto Guatemalteco de Migración para prohibir el ingreso del jefe de la Cicig, Iván Velásquez, quien días antes había salido rumbo a EE. UU. por asuntos de trabajo.
Desde entonces el jefe de la misión internacional ha dirigido el trabajo de los investigadores desde el exterior.
Por ese caso también se presentaron varias acciones legales y la CC resolvió el 19 de septiembre que Velásquez puede venir a Guatemala ya que el ingreso al territorio nacional de la comisionada o comisionado no se encuentra supeditado al agotamiento de las vías de negociación que el Gobierno sostenga con la ONU.
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Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que no permitirá el ingreso a Guatemala del comisionado colombiano lo cual, según varios abogados, se constituiría en una evidente negativa de cumplir la resolución de la corte constitucional y consecuentemente una violación al estado de derecho.
Al igual que este sábado, en aquella ocasión el gobierno también esgrimió, para justificar la prohibición de ingresar al país a Velásquez, que el Ejecutivo es quien define la política exterior.
Recientemente, Velásquez afirmó que podría regresar al país en enero próximo ya que espera haya una mayor racionalidad.
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El gobierno exige al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que nombre a un nuevo comisionado, y considera que se han agotado las vías de negociación después de varias quejas que ha presentado sobre Velásquez; sin embargo, este lo ha respaldado públicamente.
Entrega voto
En horas de la noche de este sábado, el portavoz de la CC, Santiago Palomo, dio a conocer que la magistrada presidenta, Dina Ochoa, entregó su voto razonado, el cual fue el único disidente (en contra) de la votación del viernes, acerca del amparo que se otorgó a favor de los investigadores de Cicig.
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