El Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de ley, firmada por el presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel, para justificar la compra de los aviones de entrenamiento y combate al narcotráfico, para la adquisición de un sistema de defensa aéreo que será proporcionado por el país sudamericano.
Este acuerdo es un nuevo intento por adquirir los Pampa III, luego de que en julio y agosto pasados se desistiera de la compra por recomendación de la Contraloría, debido a que no había presupuesto para ello.
“Se somete a consideración del congreso de la República la aprobación del convenio en mención, para que de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de la República se pueda adquirir el suministro de defensa, siempre y cuando sea aprobado por ese organismo”, declaró el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, al referirse a la iniciativa de ley enviada al Congreso el 28 de noviembre de este año.
El acuerdo fue “hecho” en Argentina el 1 de noviembre pasado y no se encuentra vigente aún, se lee en la última hoja del documento enviado al Congreso, en la que aparece la constancia firmada por Dante Giuseppe Marinelli Morataya, Profesional II de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.
Consulte aquí la iniciativa:
Prensa Libre consultó con la FAdeA sobre el proceso que se sigue en Argentina por este nuevo acuerdo, a lo que respondió que la fábrica ya no es quien se ocupa de este y que está bajo el control de la Cancillería de ese país.
También se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en relación a la intención de continuar con un nuevo acuerdo y la venta de los Pampa III, de lo cual todavía no se ha tenido respuesta.
MP investiga premura
El Ministerio Público (MP) solicitó a la Secretaría General de la Presidencia y al Congreso que rindan un informe circunstanciado para poder establecer en qué consiste la urgencia con la que se tramita este nuevo acuerdo, informó Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, quien es el encargado de la investigación relacionada a la compra de los aviones Pampa III.
Según el fiscal, el MP tiene constancia de que el acuerdo entre Guatemala y Argentina está en el Congreso porque se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia una copia certificada del mismo, pero la respuesta fue que no se podría entregar porque el expediente completo fue entregado al Legislativo el 28 de noviembre.
“Por lo que se sabe, el expediente ingresó como una iniciativa de ley y se presume que será propuesto de urgencia nacional y que con esto se hagan las negociaciones con Argentina para comprar las aeronaves”, dijo Pantaleón.
La fiscalía contra la Corrupción investiga de oficio, desde julio pasado, la compra de las aeronaves para poder determinar si existe o no sobrevaloración, explicó el fiscal.
El MP también solicitó a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría General de la Presidencia que informen si, a través del gobierno de Argentina o alguna entidad de aquél país, se presentó alguna acción legal en contra del Estado de Guatemala por dejar sin efecto la compra que se había concretado entre ellos en julio pasado.
Un auditor de la Contraloría General de Cuentas había señalado en aquel entonces anomalías en ese proceso de contratación.
La Corte de Constitucionalidad también resolvió en contra de la adquisición de los aviones argentinos e indicó que el Ejecutivo debe agotar primero el proceso que se establece en la Ley de Contrataciones del Estado, que incluye la aprobación del Congreso de la República.
Los Pampa III pueden alcanzar una velocidad de 800 kilómetros por hora, lo que permitirá interceptar los aviones tipo jet que pretendan ingresar al país transportando droga u otro ilícito, informó el Ejército de Guatemala.
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