El mandatario explicó este 12 de febrero que el Ejecutivo no ha nombrado gobernadores y que a partir de marzo comenzará con destituciones; además, cuestionó la transparencia con la que se conformaron los listados que fueron presentados a la Secretaría General.
“No queremos comisión contra la corrupción ¿Verdad? Pero pregunten en los departamentos cuánto pisto corrió para que muchas personas llegaran a estar en los listados”, dijo el mandatario en relación con la integración de ternas para gobernadores departamentales.
Según Giammattei, se les ha hecho llegar información sobre posibles pagos a integrantes de organizaciones de sociedad civil departamentales, algo que se denunciará al Ministerio Público, pero también se investigará de parte de la Presidencia.
“Tenemos conversaciones que nos han enviado, tenemos denuncias por escrito de gente que se vendió. Vamos a agarrar todo eso en un paquete de denuncias y lo trasladaremos al Ministerio Público”, afirmó el gobernante.
El presidente indicó que hasta la fecha establecida para recibir las ternas fueron 19 las que se presentaron, las otras tres se analizan para determinar si se pueden tomar en cuenta por estar fuera del tiempo establecido en el acuerdo gubernativo.
Además, la Presidencia sabe de tres o cuatro amparos interpuestos por personas que no fueron integradas en las ternas en el mismo número de departamentos.
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Debido a esto, el Ejecutivo debe esperar a que se les notifique para verificar si el amparo fue declarado con lugar o no.
“Yo no he tomado una decisión y no podemos nosotros decir si se justifica que el proceso fue viciado o limpio, eso se hará después de hacer un análisis de cada una de las ternas”, explicó Giammattei.
El presidente agregó que la sociedad civil puede proponer la terna de candidatos a gobernador, pero la Constitución dice que este cargo lo debe ocupar una persona de la confianza del Presidente y que, pese a que la Constitución le da la facultad para hacer el nombramiento, respeta el proceso de la sociedad civil.
El gobernante adelantó que en un plazo de 15 días se finalizará con el análisis que el departamento jurídico hace de los expedientes, pues se revisa caso por caso, por lo que puede ocurrir que al finalizar el proceso se nombre a alguien o se rechace la terna.
Giammattei dejó claro que hasta ahora no ha nombrado a ningún gobernador “y en los próximos días no vamos a nombrar a ninguno. Es probable que comencemos a destituir”, agregó.
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Las quejas
En Suchitepéquez se presentó un amparo de parte de Carlos Estuardo Villagrán López por haber quedado fuera de la terna de candidatos a gobernadores.
El proceso de elección se hizo a puerta cerrada y bajo secreto, lo cual desaprobó la población pues no se tiene información sobre los criterios que se utilizaron para integrar la lista.
También en Quetzaltenango se presentó un amparo en contra del Consejo Departamental de Desarrollo por la elección de la lista -se presentaron seis nombres y no tres-. Este fue admitido para su trámite por la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Civil.
El afectado es Juan Estuardo Castillo Ríos, uno de los 25 aspirantes a gobernador y que no fue incluido en el listado enviado al Ejecutivo.
En Huehuetenango se admitió para trámite un amparo interpuesto contra la terna presentada al Ejecutivo, pero quienes conformaron los expedientes mantuvieron los nombres y enviaron nueve candidatos al Ejecutivo.
Por otro lado, en Quiché se presentaron dos amparos, por quejas de cuatro candidatos, en el primero y otros dos, en el segundo. Se espera que la Sala Regional Mixta de ese departamento resuelva ambas acciones en los próximos días.
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San Marcos es otro departamento en el que se presentó un amparo para evitar la elección de la terna propuesta por sociedad civil, pero también se mantuvo la decisión.
Además, según las ternas enviadas al Ejecutivo, siete de los 22 gobernadores actuales buscan continuar en el cargo, se trata de quienes representan a Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula, Izabal y Petén.
Elección cuestionada
La elección de los Gobernadores se ha “degenerado al extremo” departe de diputados y ahora por la sociedad civil, asegura el consultor y especialista en poder local Eddy Cifuentes.
Primero fueron los diputados quienes se aprovechaban de las obras financiadas a través del sistema de Consejos de Desarrollo que “ejercían chantaje directo al Presidente para que sus recomendados fueran nombrados gobernadores”, explica Cifuentes.
Ahora la protagonista es la sociedad civil, representada en los Codedes, “que se han dedicado a priorizar sus intereses personales en lugar de priorizar las obras que beneficien a la población”, señala el especialista.
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La situación se complicó, según Cifuentes, a partir del 2012, cuando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido entonces por Otto Perez Molina, resolvió asignar el 5 por ciento del presupuesto de inversión de cada departamento para proyectos propuestos por la Sociedad Civil.
“A partir de ahí la historia es otra y se han posicionado actores externos que tratan de controlar, a toda costa, ese rubro de inversión y se pervirtió el rol de la sociedad civil, por lo que cada terna -de candidatos a gobernador- propuesta tendrá al menos dos que llevarán esa corriente”, señala Cifuentes.
Antecedente
A pesar de que Giammattei aseguró que se respetará la terna de candidatos, pese a que puede designar por mandato constitucional, existe un antecedente en el que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó respetar la propuesta de la sociedad civil.
En el 2017, la CC anuló los nombramientos de 16 gobernadores electos por el entonces presidente Jimmy Morales y le ordenó nombrar nuevos funcionarios.
La decisión fue en respuesta a un amparo interpuesto por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, en el que se alegaba que el mandatario no tomó en cuenta la terna propuesta por los Codedes, como lo ordena la ley.
Antejuicios
Durante la conferencia de prensa ofrecida este miércoles, el mandatario también aseguró que se han interpuesto siete solicitudes de antejuicio en su contra, tres de ellas un día antes de la toma de posesión.
Además, dijo, este 12 de febrero, que “la Fundación por el Terrorismo” (sic) presentó uno más debido a la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.
“Me parece increíble, no puede ser que si cumplo con mi deber me digan que no se puede, si cumplo con mi deber me ponen antejuicio y si no cumplo con lo que quedó estipulado por un gobierno distinto voy a ser sujeto también de un antejuicio”, lamentó Giammattei.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, dijo a La Red, que interpuso la denuncia contra Giammattei y la secretaria general, Leyla Lemus, “debido que de manera ilegal crearon la comisión presidencial contra la corrupción, y que cayeron en tres delitos porque solo el Ministerio Público puede investigar”.
Según el Presidente, uno de los antejuicios se presentó el 13 de enero en su contra y en contra del ministro designado de Gobernación, el cual fue rechazado in limine.
Otro antejuicio fue promovido por Patricia de Chea, que también fue rechazado in limine, según el mandatario.
También se refirió a uno interpuesto por Mynor Berganza, que fue asesor del expresidente Jimmy Morales y que según Giammattei fue rechazado in limine.
“Nos han acusado de muchas cosas, gracias a Dios todas espurias, y así van a seguir. El día que cometa un error enfrentaré a la justicia” agregó.
Sin embargo, una revisión a la información en el Organismo Judicial revela que el mandatario tiene en su contra tres solicitudes de retiro de inmunidad.
Una presentada el 25 de octubre del 2019 por De Chea, la cual fue rechazada in limine. Otra, la interpuesta por Berganza con fecha 27 de diciembre del 2019 y que según el sistema está en trámite.
La tercera acción, que deviene por un amparo ante la CC, se presentó el 20 de diciembre del 2019, y también está en trámite, según la información.
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Auditorías
Giammattei dijo que además de la auditoría que se efectúa en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) también se pidieron revisiones al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, a la Empresa Portuaria Quetzal, a la Empresa Santo Tomás de Castilla y en el ministerio de Gobernación.
Estas son auditorias especiales que permitieron encontrar indicios de vicios, por lo que la Contraloría es la que revisará esos gastos.
Dijo también que son menos de Q6 mil millones lo que contempla la readecuación presupuestaria que se presentará al Congreso y que deben contemplar las fuentes de financiamiento e incluir los préstamos que se utilizarán.
En otro tema, Giammattei dijo que no tienen el presupuesto para el Instituto de Protección a la Víctima, cuya directora es la exdiputada Alejandra Carrillo, debido a que no se aprobó la propuesta para el 2020.
El mandatario también confirmó una reunión con el líder magisterial Joviel Acevedo, con quien se conversó sobre la viabilidad presupuestaria para pagar a los docentes un aumento salarial pactado con el gobierno anterior.
Giammattei dijo que se trató de una visita de cortesía, cordial y amena, donde también se habló de priorizar el diálogo entre el gobierno y el sindicato.
El mandatario aseguró que no se destituirán funcionarios del gobierno anterior a menos que haya una causa justificada.
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