La acción fue presentada en la Corte de Constitucionalidad (CC) por el presidente del Congreso, Mario Taracena, quien justificó que los sindicalistas se retiraron de la mesa de diálogo, señalamiento que estos rechazan.
Jorge Rosales Mirón, asesor jurídico de la Presidencia del Congreso, explicó que la querella es contra el punto quinto del acta 16-2005, que se aprobó por unanimidad de los siete integrantes de la directiva que estaban presentes.
“La acción no está planteada contra el Pacto como tal, sino contra el acta, porque se incumplieron los procedimientos establecidos en la ley, pues no debió ser la Directiva la que ratificara la negociación, sino que el pleno en su totalidad”, detalló el abogado.
La medida se fundamentó en varios artículos, entre ellos el 170 constitucional, que establece como atribuciones específicas del Congreso las relaciones con su personal administrativo. También se respalda en el 237 de la Constitución, en el que se indica que el presupuesto de las instituciones debe contener la estimación de ingresos y gastos y una estructura programática.
hubo error en proceso
Taracena explicó que la Directiva del Congreso decidió actuar legalmente en virtud de que se rompió el diálogo con los trabajadores, quienes “querían condicionar la negociación a las reformas a la Ley de Servicio Civil; ellos querían legislar”.
Añadió que el Pacto Colectivo “nunca lo aprobó el Congreso. “Eso lo aprobó un grupo de la Junta Directiva, eso lo hace ilegal y el error no es fuente de Derecho. Creemos tener la razón y estamos buscando la nulidad. Era una acción de trascendencia nacional y debió aprobarla el pleno de diputados”, manifestó.
Aunque presentó la inconstitucionalidad, Taracena afirmó que no presentará acciones legales contra ningún diputado que lo antecedió.
“Ese es trabajo de la fiscalía del Ministerio Público. Yo no tengo por qué presentar denuncias; no me corresponde. Yo no soy juez para juzgar acciones de otros”, expresó.
Agregó que lo que sí puede hacer es tomar acciones administrativas, como suspender el aumento del 10 por ciento anual, tal como lo hizo ver la Contraloría General de Cuentas.
“Yo espero que los sindicatos entren por el sendero del estado de Derecho y que vengan a los tribunales. Si se van por las acciones violentas, las falsas acusaciones, las bolas, que lo hagan, pero no nos van a asustar”, indicó el congresista.
En defensa
Jorge Méndez Herbruger, presidente de la junta directiva del 2005, que respaldó la renegociación del pacto colectivo alcanzado en 1999, defendió su labor, basándose también en el artículo 170, inciso b) de la Constitución, porque se establece que lo relativo a personal administrativo, técnico y de servicios será regulado por una ley específica.
“La ley a la que se refiere la Constitución es la de Servicio Civil, la cual en su artículo 23 inciso ñ) argumenta que los arreglos sobre mejoras económico-sociales deberán ser negociados por los representantes de los trabajadores ante la Directiva del Legislativo. Es decir que cumplimos con el procedimiento legal”, manifestó.
Se sienten acosados
Óscar Salic, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), calificó las acciones de la Directiva de “distractor”, pues asegura que no dejaron el diálogo.
“Él —Taracena— tiene un problema de mea culpa. Esta situación se tiene que arreglar en la casa, y de conformidad con la ley, a través de la junta mixta se pueden arreglar todos estos temas. Está distrayendo para no asumir el costo de sentarse a dialogar”, afirmó Salic.
Recordó que el Sintracor presentó una acción de amparo el miércoles, por la división de los salarios que se pretende hacer en el cálculo del 10 por ciento, y una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el “acoso” que están sufriendo de parte de la Directiva.
Xiomara Conde, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (Stol), aseguró que la acción no procede porque la ley establece que se tienen 30 días para impugnar cualquier ley, y el Pacto Colectivo entró en vigencia hace 11 años.
Conde no descartó acciones legales, pero aclaró que no pueden avanzar hasta que haya algo concreto. “Hoy solo ha habido declaraciones, necesitamos que lo hagan”, detalló.
