“La recomendación al Gobierno de Nicaragua es que cese la persecución y libere a las personas que han sido detenidas por delitos que realmente pareciera que no tienen sustento. Lo único que están haciendo es socavando la institucionalidad, no solo de Nicaragua, sino de todo el istmo”, expresó el presidente guatemalteco en una conferencia de prensa posterior a una cumbre del Sistema de Integración Centroamericana y España.
Giammattei dijo que la situación de Nicaragua “podría convertirse en una migración muy grande” que podría afectar primero a Costa Rica y a Honduras por ser sus vecinos más próximos.
“No estamos preparados para recibir a cientos de miles de personas huyendo de un régimen como el que se pretende instalar. Yo sugiero al Gobierno de Nicaragua que eche marcha atrás y libere a los presos políticos para que podamos consolidar todos los países de Centroamérica nuestra democracia”, manifestó el mandatario.
Giammattei consideró que una eventual expulsión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos no resolverá los problemas internos de ese país, ante lo que insistió en que el Gobierno de Daniel Ortega debe “permitir la participación libre y soberana de todos los nicaragüenses”.
En ese sentido, el presidente guatemalteco comentó que es necesario que Nicaragua libere a los políticos opositores detenidos y realizar los comicios presidenciales de noviembre con una observación internacional y unas “normas mínimas de un proceso democrático real”.
En la conferencia de prensa participó también el presidente costarricense, Carlos Alvarado, quien reiteró la preocupación de su país sobre las detenciones de políticos de oposición en Nicaragua.
Costa Rica ha emitido hasta ahora tres comunicados condenando las detenciones y abogando por el respeto a los derechos fundamentales de esas personas.
La Policía de Nicaragua, que dirige un consuegro del mandatario Ortega, Francisco Díaz, mantiene bajo arresto a cuatro aspirantes presidenciales por la oposición, a un político opositor exvicecanciller, al extitular del Consejo Superior de la Empresa Privada, a una activista opositora, y a dos excolaboradores de una ONG, que han sido detenidos en la última semana bajo la acusación de diversos delitos.
