La lista y los nombres que incluye, por su composición, se centran en la preocupación por la cooptación del sistema de justicia y cómo se efectuaron las elecciones de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. “Se están materializando los llamados que hacía el Departamento de Estado”, señala Roberto Wagner, internacionalista y catedrático universitario.
Que 10 de las 20 personas consignadas en la lista tengan relación con el sector justicia o sean magistrados de las cortes podría ser producto de las reuniones que la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo con exfuncionarias judiciales como las exfiscales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz y la exmagistrada constitucional Gloria Porras en las últimas semanas, considera Wagner.
Pero que la lista se centre en el sector justicia no es malo; por el contrario, “es importante que el Departamento de Estado haya incluido a miembros de la Corte Suprema de Justicia que han buscado abusar de su autoridad”, opina Adriana Beltrán, directora para seguridad ciudadana de la Incidencia a Favor de los Derechos Humanos (Wola, en inglés), con sede en Washington.
Desde Wola se ha dado seguimiento a la integración de las cortes en Guatemala y a los procesos cuestionados.
“Refleja la preocupación que existe en EE. UU. sobre las acciones encaminadas para capturar el sistema de justicia para procurar impunidad, y la importancia que le dan a la independencia judicial como pilar para la democracia”, señala Beltrán.
Paren el ataque
Para el exvicecanciller Luis Padilla, una lista que además de magistrados y operadores de justicia incluye a activistas como los abogados y el fundador de la Fundación contra el Terrorismo, también se puede entender como una respuesta de EE. UU. para que cesen los ataques a instituciones que han trabajado contra la corrupción y la impunidad en los últimos años.
Según el exdiplomático, existe una cooptación del sistema de justicia y la inclusión de jueces y magistrados en la lista es un mensaje claro de que EE. UU. no está de acuerdo con los actuales procesos.
“El mensaje es: ‘dejen de seguir atacando a la Feci (Fiscalía Especial contra la Impunidad), porque es lo poco que está quedando, el resto de las instituciones y el sistema de justicia ya está cooptado”, dice Padilla.
Los que faltan
La lista de designados de Guatemala es muy distinta a la de Honduras y El Salvador, en las cuales predominan funcionarios de los actuales gobiernos. En la guatemalteca no figura ningún personaje de la actual gestión y ningún diputado oficialista.
“No vemos nombramientos de ministros ni viceministros, que sí vemos en El Salvador, porque Guatemala es el país interlocutor en la región. No me sorprendería que se hayan mencionado algunos nombres con la vicepresidenta Harris –en su reciente visita a Guatemala– y decir que va a ser un jalón de orejas por las cortes, pero al Gobierno no se toca”, opina Wagner.
Guatemala todavía es considerado un aliado; y el Gobierno, un actor importante en la lucha contra la corrupción. Según Wagner, eso es valorado por EE. UU., y más aún cuando se pide la condena de los gobiernos de la región a Nicaragua y su régimen y el presidente Alejandro Giammattei es el único que lo hace.
“El mensaje es el sector justicia, cooptación de cortes y operadores que han afectado a quienes han sido parte del sector justicia. Pero si entramos al meollo y entrarle fuerte a la corrupción, —la lista— no lo hace. Todavía hay discrecionalidad”, señala el internacionalista.
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¿Qué viene ahora?
La lista es solo una de las herramientas de EE. UU. para apoyar la lucha contra la corrupción en la región. De esa cuenta, el gobierno de Guatemala también debe estar comprometido con acciones encaminadas a la transparencia.
“Deberíamos ver, por ejemplo, a la Comisión Presidencial contra la Corrupción que tome en cuenta esta situación, abrir investigaciones para ver en qué casos hay tráfico de influencias o procesos, y se actúe”, comenta Wagner.
Beltrán ve la lista, por ahora, como “un buen primer paso y envía un mensaje claro del interés de apoyar la lucha contra la corrupción”, y opina que se debería “demostrar a través de acciones claras que tienen la voluntad política para apoyar la lucha”.
Para Beltrán, el Ejecutivo también debe promover el diálogo con el Congreso, a través de su bancada oficialista, “para promover una agenda legislativa a favor del pueblo de Guatemala”, algo que no se ha visto, y, por el contrario, se han promovido acciones encaminadas a desmantelar los avances” que se habían logrado en la lucha contra la corrupción.
“Esto también incluye garantizar la seguridad para jueces y operadores y que puedan realizar su trabajo libres de presiones y ataques”, afirma Beltrán.
