Este último escenario se ha hecho presente en buena parte del continente americano; países que han legislado la libertad de religión y de culto han debilitado la fiscalización sobre las entidades religiosas.
El caso de Jorge Mercedes Cedeño, alias el Pastor Jorge, habría utilizado una iglesia evangélica en Colombia para ocultar el movimiento financiero de sus ganancias como narcotraficante.
En Estados Unidos se han documento procesos judiciales relacionados al lavado de dinero y la fe. Líderes de la rama mormona fundamentalista han tenido que enfrentar a la justicia por casos de supuesto lavado de activos por hasta US$500 millones.
Guatemala no es la excepción. Narcotraficantes se han ocupado de ocular sus pasos delincuenciales bajo el cimiento de iglesias evangélicas, aprovechándose de la fe y las creencias religiosas.
Un caso concreto es el de Juan Alberto López Ortiz, alias Chamalé, quien durante al menos 20 años fue uno de los líderes del narcotráfico en el país.
López Ortiz tenía como puesto de operaciones San Marcos, el tercer departamento con el mayor número de iglesias evangélicas —154 templos—, según el Registro de Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Chamalé jamás estuvo al frente de una iglesia, su otro alias es Hermano Juan, todas sus operaciones fueron desde las sombras, donde se le facilitó mover sus ganancias ilícitas por el trasiego de 144 mil toneladas de cocaína por lo que fue condenado en Estados Unidos en el 2014.
Uno de sus predecesores fue Érick Súñiga, alias el Pocho, un pastor, exalcalde de Ayutla, San Marcos y también narcotraficante que fue extraditado y condenado en Estados Unidos.
Guatemala parece lo suficientemente vulnerable al hablar de legislación para la prevención de delitos económicos, pero la iniciativa 5915, Ley de Libertad de Religión, Creencia, Culto y Conciencia, a criterio de expertos, debilitaría todavía más ese sistema.
Los tres peligros de la ley
La iniciativa 5915 fue presentada en Dirección Legislativa el 31 de mayo pasado y tan solo dos días después, fue asignada a dos comisiones legislativas para su dictamen. Existen proyectos que no corren con la misma suerte y llevan meses engavetas a la espera de ser tramitadas.
Una de las mesas de trabajo que evalúa la propuesta es la Comisión de Gobernación, integrada en su mayoría por diputados de la alianza oficial, quienes todavía están pendientes de entregar su dictamen.
La otra mesa parlamentaria es la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, integrada en mayoría por diputados de oposición, quienes emitieron un dictamen desfavorable, por lo tanto recomiendan no aprobar la ley.
Andrea Villagrán, diputada de la Comisión de Legislación.
Andrea Villagrán, diputada de la Comisión de Legislación.
Buscaban dejar en libertad toda la parte financiera de las iglesias y que pudieran evadir distintos mecanismos anti corrupción y de fiscalización lo que permite claramente la posibilidad de cometer hechos como lavado de dinero, cuestiones que son graves para el país al mezclar temas como la religión para dejar abiertas puertas y ventanas para este tipo de hechos.
Esta mesa de trabajo detectó al menos tres problemas, que podrían catapultar los crímenes financieros y hasta vulnerar las garantías de los pueblos originarios representados en Guatemala
1. Debilidad legislativa
Guatemala no es un país solido en cuanto a leyes para la prevención del lavado de dinero, lo que despierta el primer peligro existente para este proyecto legal.
Representantes del gobierno de los Estados Unidos advirtieron, en una reciente visita a Guatemala, la necesidad que nuestro país apruebe un paquete de leyes para reforzar sus controles financieros y bancarios.
Pero, si la iniciativa de Ley de Libertad de Religión, Creencia, Culto y Conciencia es aprobada su efecto será negativo, según la lectura de Miguel Gutiérrez, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Miguel Gutiérrez, exjefe de la SAT
Miguel Gutiérrez, exjefe de la SAT
Esta ley definitivamente vulnera la regulación en materia de lavado de dinero ya que exime a las iglesias a reclutar el origen de estos recursos, esto coincidentemente ha venido a generar un ‘bum’ en las solicitudes y aprobaciones de iglesias en el ministerio de Gobernación. Se está abriendo una ventana al ya débil sistema de regulación que ya existe en materia de lavado.
Actualmente, el Ministerio de Gobernación registra 3 mil 507 iglesias evangélicas; el 88%, 3 mil 97, han sido autorizadas en los últimos 20 años. El 2014 es el año que reporta la mayor cantidad de iglesias autorizadas, 276, son en promedio 23 templos por mes o una nueva iglesia cada cuatro días.
La iglesia católica se compone de 502 parroquias a nivel nacional, que representan una cantidad no específica de capillas e iglesias, de estas, 353 parroquias se encentran ubicadas en el interior de la república, mientras que en el departamento central de Guatemala existen 149, según datos de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
2. Regulación internacional
El segundo peligro que expertos exponen en la iniciativa es que con una ley de este tipo Guatemala estaría dando la espalda a los gobiernos del mundo, con quienes ya ha firmado acuerdos para combatir el lavado de dinero.
“Se pueden vulnerar compromisos internacionales que Guatemala ha adquirido en la lucha contra el lavado de dinero, así mismo también la convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional que establece parámetros, pero dicha iniciativa de ley violentaría estos compromisos que tenemos adoptados como Estado”, añadió la diputada Andrea Villagrán.
Para el analista Edgar Ortiz, de Fundación Libertad y Desarrollo, existe una fuerte sospecha que con esta ley las entidades cobijadas bajo la religiosidad sean excluidas de toda la legislación relacionada al lavado de activos.
“Generalmente las entidades religiosas son sujetas de riesgo en términos de lavado de dinero precisamente porque se puede prestar la figura legal para esto, no es que las iglesias estén involucradas en lavado de dinero sino que se puede aprovechar esa figura para que alguien venga y funde una iglesia de mentiras, de cartón, y perfectamente lavar dinero con una ley como esta”, indicó.
3 ¿Debilita la fe?
Un experto internacional en el estudio y la prevención del lavado de activos, que por temas de seguridad prefiere permanecer en el anonimato, considera que la iniciativa no tiene como objetivo el fomentar delitos financieros.
Pero considera que la poca legislación que Guatemala ha hecho en la materia hace que la iniciativa 5915,así como cualquier otra que genere salvoconductos relativos a la economía, pueda ser un blanco de interés de grupos criminales.
“No es que la iniciativa de ley busque eso disfrazada de libertad religiosa, de hecho la iniciativa lo que hace es reconocer el derecho de libertad religiosa en Guatemala pero, y es el pero que debe explicarse con pinzas, porque en países donde hay instrumentos muy débiles para combatir el lavado de dinero cualquier flexibilización que permita generar mayores ganancias o acumular capital puede correr el riesgo de hacerse un instrumento de lavado de activos”, argumentó la fuente.
Lo que indirectamente puede traer problemas a la imagen de las entidades religiosas, por todos los señalamientos que podrían surgir alrededor de ellas por personas inescrupulosas que busquen un beneficio económico a costas de la fe y la religión de las personas.
Reacción: “Sí hay fiscalización”
Quienes indican que están haciendo un análisis a detalle de la iniciativa es la Alianza Evangélica de Guatemala; dieron su punto de vista a la Comisión de Gobernación.
Juan Medina, presidente de la alianza, asegura que no identifican los peligros que señalan los congresistas de la Comisión de Legislación y los expertos consultados.
Principalmente, porque las iglesias sí cumplen con un sistema de rendición de cuentas, que a decir del entrevistado, advierte a las autoridades en caso se den actividades fuera de la ley.
Juan Medina, presidente de la Alianza Evangélica.
Juan Medina, presidente de la Alianza Evangélica.
Todas las iglesias debemos de estar ordenes, registrar nuestra personalidad jurídica en el Mingob, eso nos implica a ir ante la SAT para obtener un NIT e identificarnos. Aunque somos exentos en ciertos tributos de cierta manera nos corresponde tributar de manera indirecta al momento que compramos o que hacemos algo, también todas las iglesias necesitan estar inscritas ante la Intendencia de Verificación Especial para ir reportando cualquier movimiento anómalo que se podría estar gestando en sus finanzas.
Medina, añadió que es normal que este tipo de criterios surjan al momento que se analiza una iniciativa de ley debido a que todos le dan dos o hasta tres interpretaciones al mismo texto legal.
“Si la idea es que se abre hacia el lavado de dinero si estoy en contra, pero debemos de reconocer que el problema legal en Guatemala es que todo mundo quiere interpretar como le gusta, habría que ver cuál es el espíritu real de quien redacta la ley para saber si esa era la intención, yo no lo creería, sería algo demasiado fuera de orden. Nosotros como iglesia cristiana – evangélica no estamos interesados en viabilizar a ninguna persona el cometer delitos ni de orden general ni financieros”, concluyó.
Por su parte monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano, afirma que tienen conocimiento que en el Congreso se discute un proyecto de ley para fomentar la fe; no ha podido estudiar a detalle la propuesta pero es claro en decir que la misma no recibiría su apoyo si se dan los peligros de lavado de activos advertidos por algunos diputados y analistas.
Resalta que si están de acuerdo en que se legisle a favor de la fe, pero deben de quitarse todas aquellas dudas que puedan alterar el concepto de la propuesta, “me parece bien y estamos de acuerdo con ello en la fe y la conciencia”.
El representante de la iglesia católica dijo que las parroquias se sostienen con el aporte que los fieles dan durante las iglesias, cantidades modestas, por lo que no se puede verificar su origen, aunque si advirtió que en caso de donaciones grandes que ayuden a la construcción de alguna iglesia o para alguna reparación si existen controles financieros.
Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano.
Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano.
Donaciones que pueden ser más cuantiosas, en general con esas sí hay más trasparencia, más modo de dar cuenta. Fiscalización en el sentido de tener un empleado de la SAT que verifique todos los días, no, pero lo que sí es que dan recibos contables. Tampoco podemos hacer que funcionemos como si fuéramos una empresa lucrativa porque no lo somos.
¿Quiénes impulsan la iniciativa?
Detrás de la propuesta están los diputados que integran la denominada alianza oficialista, que al momento de presentar la iniciativa de Ley de Libertad de Religión, Creencia, Culto y Conciencia ofrecieron una rueda de prensa en los pasos perdidos del Palacio Legislativo.
El encargado de presentarla ante la opinión pública fue el propio presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, que en su momento calificó la propuesta como una buena alternativa legal que le permita a todos los ciudadanos profesar la religión de su elección.
En los registros de Dirección Legislativa la iniciativa de ley fue firmada por un total de 73 diputados incluyendo a congresistas de Vamos, Visión con Valores (Viva), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Partido Humanista, Unión del Cambio Nacional (UCN), Todos, Partido Unionista, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afín a Sandra Torres, y Compromiso Renovación y Orden (Creo).
El diputado Sergio Arana, presidente de la Comisión de Gobernación e integrante de la bancada oficial, afirmó que la iniciativa es positiva aunque también detectaron los mismos peligros financieros que la otra mesa de trabajo, por lo que estarán proponiendo en su dictamen que la Contraloría General de Cuentas (CGC) este al pendiente de cualquier movimiento financiero en las iglesias.
“Es uno de los temas que su servidor planteó, necesitamos que la CGC también actuará ahí para que tengamos la transparencia de los fondos. También sabemos que hay algunas iglesias que se han prestado para el mismo lavado, detectamos el peligro pero también propusimos la solución basados en ley, la CGC puede fiscalizar cuando el dinero viene por donación”, refirió Arana.
Por su parte el diputado Aníbal Rojas, jefe de la bancada Viva, afirmó que la propuesta es positiva y que están dispuesto a apoyarla toda vez sean eliminados algunos artículos que consideran si pueden ser viables a actividades como el lavado de dinero.
“Es una iniciativa buena para el país pero si es necesario revisar un par de artículos con los que nosotros no estuvimos de acuerdo desde un principio, son precisamente los temas de control de ingresos que puedan tener las organizaciones religiosas, no hablamos únicamente de las iglesias evangélicas sino de todas las que manejan el culto. Al momento que llega al Pleno se le debe de revisar de manera profundo esos artículos que nosotros definitivamente no apoyaríamos”, fundamentó Rojas.
El congresista añadió que la ley reafirma temas de la Constitución como la libertad de culto y que en ningún momento se limita algún grupo social o creencias ancestrales como explicó la Comisión de Legislación, “son argumentos falaces para oponerse a grupos conservadores del país”, Rojas reafirmó que apoyarían esta iniciativa toda vez se eliminen esos artículos que limitan la fiscalización financiera.
La Comisión de Gobernación aún desconoce cuándo estará presentando el dictamen, su presidente explicó que mantiene otros proyectos previos pendientes de recomendación lo que les ha complicado agilizar la entrega del documento.
