Según el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas (Minfin), nueve de 14 ministerios del gobierno central reportan tener una ejecución presupuestaria mayor al 35 por ciento.
Las carteras que reportan los niveles más altos son el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con el 51 por ciento; el Ministerio de Educación (Mineduc), 46 por ciento y el Ministerio de la Defensa Nacional, con el 44 por ciento.
Mientras que los que muestran menos niveles de erogación son el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el 26 por ciento; Ministerio de Economía, 29 por ciento y Ministerio de Desarrollo Social, con el 30 por ciento.
En total, las entidades que conforman el Organismo Ejecutivo suman Q77 mil 300 millones, lo cual equivale a casi el 70 por ciento del presupuesto del Estado, según reporta el Sicoin.
El presidente Alejandro Giammattei se ha jactado que, al término del primer cuatrimestre, ya se superaba una ejecución del 40 por ciento de los proyectos de inversión que tiene el gobierno y recalcó que a nivel general ya se había superado el 35 por ciento de ejecución presupuestaria, contra un 27 por ciento del año pasado
“Esto implica un aumento en la ejecución tal como se planificó para este año”, aseguró al presentar el informe cuatrimestral de rendición de cuentas que coordina la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC).
No es suficiente
Sin embargo, el indicador de ejecución presupuestaria no es suficiente para medir el desempeño de las instituciones, advierten analistas, ya que hay otras variables que también hay que considerar.
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que hay que considerar otras aristas para analizar si la eficiencia en la administración de los recursos públicos.
En principio, hay que analizar los ingresos de los que se nutre le presupuesto, pero de momento son datos con los que todavía no se cuenta. Además, no solo debe interesar el porcentaje de ejecución presupuestaria, ya que a lo largo de este gobierno se ha visto cómo las entidades erogan recursos, pero con pocos o nulos resultados, dice Barrientos.
“Hay que revisar metas físicas. Por ejemplo: entregas de libros de texto en el Mineduc, número de personas atendidas por cierto programas en el Ministerio de Salud como los de mortalidad materno infantil. El análisis de esos resultados es el rostro humano que complementa la ejecución del dinero”, explica Barrientos.
Jorge Lavarreda, economista del Centro de Investigaciones Económicas (Cien), coincide con que el nivel de ejecución no es suficiente para evaluar a las instituciones públicas. Hay otras áreas que hay que considerar, como en qué medida las entidades cumplen las metas cuatrimestrales programadas en su Plan Operativo Anual y Plan de Compras.
“Lo más importante tiene que ver, no solo con la ejecución financiera, sino con la ejecución física, porque hay metas físicas. Un programa puede tener un 80 por ciento de ejecución financiero, pero al ver la meta física puede que vaya en 30 por ciento, entonces ahí no estaría bien”, comenta Lavarreda.
Asimismo, explica que hay algunas fechas claves que pueden incidir en la ejecución financiera. El mes de julio, por ejemplo, se caracteriza por el pago del Bono 14 o a final de año que se paga el aguinaldo. Esto eleva la ejecución del presupuesto destinado a funcionamiento en las instituciones.
El grueso por lado de funcionamiento es tema de remuneraciones, no se ve parejo porque tiene brincos a medio año por bono 14, y a fin de año aguinaldo.
Modificaciones al presupuesto
En lo que va del año el Ejecutivo ha aprobado al menos seis reformas al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado por medio de las cuales se ha aumentado la disponibilidad de recursos en Q6 mil millones.
En seis meses, el Congreso de la República ha aprobado una serie de modificaciones al Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la nación para este año, con lo que la disponibilidad de recursos para el gobierno ha subido en Q6 mil millones (5.6%)
Entre los aumentos se encuentra el del Civ, al que se le aumentaron Q3 mil 191 millones como parte de la Ley de Mantenimiento de Infraestructura Estratégica y la ampliación de Q2 mil 260 millones para cubrir el subsidio al galón de gasolina, súper, regular, diésel y cilindro de gas propano.
En el caso de los recursos destinados a infraestructura, se evidencia que hay una falta de planificación y estudios técnicos que garanticen una adecuada inversión, apunta Geidy de Matta, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Esto representa el riesgo de que los recursos no se destinen a las necesidades sentidas de la población.
“Estas ampliaciones que se realizaron lo que dejan en evidencia es la ineficiencia e incapacidad del CIV para planificar. Creo que al Estado le falta una visión estratégica. Los recursos que son producto de esfuerzos producto de los guatemaltecos no se aprovechan para el desarrollo integral del país”, comenta.
