Sin embargo, tres meses después de que se firmara el contrato con la compañía Human Vaccine, apenas han ingresado 860 mil dosis y a la fecha no se cuenta con un cronograma que establezca con precisión cuándo ingresarán más vacunas.
De momento, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se ha negado a hacer público el contrato, aduciendo que hay cláusulas de confidencialidad que no lo permiten. Incluso, no se lo ha proporcionado a otras instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la Nación (PGN) o el Ministerio Público (MP).
De momento, el acuerdo suscrito se conoce de manera extraoficial. A partir de ello, Acción Ciudadana elaboró a solicitud de Prensa Libre un análisis sobre las razones por las que el contrato contraproducente a los intereses del Estado e ilustró las vías que Guatemala tiene para reclamar el cumplimiento del contrato.
En principio, el contrato establece cláusulas desventajosas para Guatemala. Por ejemplo, exime de responsabilidad al fabricante si la vacuna no es eficiente. Además, aunque se establece un plazo de seis meses para el suministro de las dosis comprometidas, se libera de responsabilidad al vendedor si incumple el plazo establecido por razones como la producción limitada del fármaco.
También se incluye una cláusula que prohíbe divulgar el contrato, lo cual es ilegal porque no existe una prueba que demuestre que publicitar su contenido puede causar un daño mayor al interés público que hay de conocer los términos, explica Eddy Cux, de AC.
Ante este escenario, Guatemala solo tiene dos vías, comenta Cux. La primera es rescindir el contrato por medio de un arbitraje internacional que se resolvería el Centro de Arbitraje Internacional en Singapur, aunque en este caso la responsabilidad máxima que enfrentaría Human Vaccine sería una retribución de $100 mil.
“La negociación evidencia negligencia. Las condiciones son perjudiciales para el Estado, otros países consiguieron mejores términos que Guatemala. Honduras, por ejemplo, pagó contra entrega”, dijo el entrevistado.
Lo más conveniente, afirma Cux, sería que el MSPAS buscara renegociar el contrato con el fabricante con el acompañamiento de la PGN y delegados de la cancillería, procurando términos más favorables para Guatemala.
De momento, es un hecho que la firma del acuerdo es desventajosa para el Estado y ello motivó a la Contraloría General de Cuentas a presentar una denuncia en contra de la ministra de salud, Amelia Flores por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción. El pasado martes, la denuncia se amplió a la viceministra administrativa del MSPAS, Nancy Pezarossi, confirmó en citación en el Congreso de la República.
Por su parte, el MSPAS informó a partir de la dirección de comunicación social que la renegociación del contrato es una opción que se mantiene vigente.
“La renegociación la ha mencionado la ministra en diversas oportunidades. Incluso la embajada de Rusia ha dado detalles al respecto. Se trabaja en que el total de lo ya pagado sea el total del nuevo contrato. Es decir que en lugar de 16 millones de dosis ya solo quedarían 8 millones (4 millones de primeras dosis y 4 millones de segundas dosis)”, informó el MSPAS.
