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En la modificación se agregó el artículo 491 bis que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.
Tiene inconstitucionalidades
El coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, José Gonzáles afirmó que estas reformas son “esencialmente inconstitucionales porque limitan la independencia de los jueces, ya que basta la solicitud de la persona que está siendo procesada para aceptar el cargo y el juzgador tiene la obligación de aceptarlo”.
“Con esto se limita el control jurisdiccional que debe haber para determinar si es procedente o no este tipo de beneficio para el que está siendo procesado”, afirmó el abogado, quien agregó que igualmente se podría cuestionar el hecho de que una persona (el sindicado) declare contra ella misma, pues la Constitución lo prohíbe.
El académico resaltó que la figura de colaborador eficaz contempla que para tener una redención de penas el sindicado tiene que coadyudar en la investigación, mientras que en la ley de aceptación de cargos no, lo cual representa un problema con relación a la investigación.
A criterio de González, se debe tomar en cuenta que el proceso penal ofrece diversas salidas y rutas de desjudialización que representan beneficios para los procesados por lo que no es necesario recurrir a la aceptación de cargos el cual se “tomó del sistema anglosajón, pero que el país no tiene la capacidad para asumir, ante la falda de candados y de la independencia judicial”.
El 12 de noviembre pasado, el Congreso de la República aprobó las modificaciones que quedaron dentro del decreto 10-2019, el cual fue recibido en el Ejecutivo este 3 de diciembre. De acuerdo con la Constitución, el Presidente tiene 15 días para sancionarla o vetarla, plazo que vencía el próximo 23 de diciembre.
Expertos en temas de justicia consideran que las reformas al Código Procesal Penal con las que se busca implementar un procedimiento especial de aceptación de cargos y así reducir penas tienen errores técnicos y llevan implícitos intereses políticos que van más allá de reducir la mora judicial y agilizar los procesos penales.
Errores técnicos
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernández Molina señaló hace pocos días que las reformas el Código Procesal Penal tienen varios errores técnicos y “algunas intenciones que se pueden leer entre líneas”, pero hay una importante que puede causar “caos”.
Fernández Molina, dice que hay tres fases en las que el procesado puede aceptar la culpa, y según la fase en la que se encuentre así se hará la rebaja de penas. En la primera declaración, se rebaja la pena a la mitad; en la fase intermedia, la rebaja es de 33% y en la última etapa del proceso es del 25%.
El problema es que las penas, que tienen un rango como de 3 a 5 años, por ejemplo, se imponen solo al finalizar el proceso y depende de un juez decidir la cantidad de años. “Si se acepta el cargo en la primera etapa, la pena se reduce a la mitad ¿Pero la mitad de qué? ¿Del mínimo o del máximo, o la mitad del punto medio? Con solo eso va a ser una situación sujeta a amparos e interpretaciones que los que redactaron la ley debieron determinar”, dice Fernández Molina.
Analizan accionar ante la CC
El presidente de Acción Ciudadana (AC), Edy Cux, dice que están analizando presentar esta semana un recurso de inconstitucionalidad porque “se pierde el propósito del Derecho Penal que plantea como principio la prevención general, es decir que la gente le tenga miedo a la ley, y en estas reformas disminuye la sanción, lo que permitiría delinquir libremente porque se sabe que la aceptación de cargos reduce su pena y no se incluye a la víctima”.
A criterio de Cux, la sanción hecha por el presidente Jimmy Morales representa “un gran retroceso al sistema de justicia, porque hay puntos muy cuestionables porque no solo beneficia a las personas que han sido señaladas por corrupción, financiamiento electoral ilícito, como los diputados y el mismo presidente Morales o excandidatos, sino también a la delincuencia en general”.
El presidente de Acción Ciudadana considera que a nivel penal se abarca la mayoría de los delitos que contempla el Código Penal, incluso la portación ilegal de armas saldría beneficia. En el fondo estas reformas afectan la seguridad ciudadana, incluso la seguridad nacional.
En noviembre pasado, AC, los 48 Cantos de Totonicapán y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda presentaron sendos amparos en la CC en contra de estas reformas; sin embargo, no han sido resueltas. “El tribunal constitucional está obligada a resolver los tres amparos”, afirmó Cux.
La Fiscal General María Consuelo Porras, unos días después de que el pleno de diputados aprobara la Ley de Aceptación de Cargos, anunció que analizarían el contenido de la normativa para tomar las acciones legales pertinentes; sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado.
Existen contradicciones
El analista en justicia y seguridad ciudadana, Lizandro Acuña, asegura que la sanción de las reformas por parte del presidente Morales demuestran que el Ejecutivo y funcionarios que tienen problemas procesales “tenían urgencia en aprobar el decreto 10-2019”.
No obstante, resaltó que “obviamente -las reformas- presentan inconsistencias” porque debilita el tema de extinción de dominio, porque solo bienes a nombre de la persona van a ser utilizados para resarcir a la víctima, a quien, también, obliga a aceptar la voluntad de quien está siendo juzgado y se declaró culpable, porque el derecho penal constitucional y humanos protegen a las víctimas”.
Acuña dice que el mismo fenómeno se dará con en el tema de Ley contra la Delincuencia Organizada, porque la figura del colaborador eficaz no puede aceptarse en este caso personas que estén vinculados a una red criminal. “Esas son claras contradicciones que se dan dentro de un mismo cuerpo como lo es el Código Procesal Penal, por lo que es susceptible de inconstitucionalidades”.
El experto en seguridad y justicia considera que antes de sancionarla se debió tener el cuidado de hacer los análisis correspondientes y respetar las figuras legales que ya se tienen. “No se trata solo de establecer un decreto para fines de protección y auto blindaje, para determinados sectores de la población”.
Acuña asegura que uno de los grandes problemas que afecta el país son las extorsiones, vinculadas a las pandillas y que con esta ley de aceptación de cargos, “vemos como estas personas van a beneficiarse, lo cual preocupa porque el Estado no tiene capacidad de rehabilitar y reinsertar a los reos.
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