Otra práctica recurrente fue el traslado, a última hora, de personal contratado de manera temporal bajo el renglón 029 al 022 y 011, que es el permanente y presupuestado.
Hasta el viernes pasado, se gestionaban 107 denuncias de varias municipalidades que detectaron irregularidades relacionadas con el campo laboral, en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). La cifra podría aumentar al concluir las auditorías, por lo que no se puede cuantificar el impacto financiero.
La semana pasada, cinco alcaldes interpusieron recursos de oposición por inconformidad con la suscripción de pactos colectivos.
Los abogados de las cabeceras de Jalapa y de Chimaltenango; Purulhá, Baja Verapaz; San Luis, Petén; y San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, presentaron expedientes en el Ministerio de Trabajo (Mintrab).
El objetivo de esas acciones es declarar improcedente o anular los acuerdos que dejaron sus antecesores, por considerar que son lesivos.
Los pactos se habrían firmado en septiembre y octubre del 2015; es decir, días después de haberse conocido los resultados electorales.
En diciembre último, los procesos fueron finalizados de manera acelerada. También hubo emplazamientos en los juzgados de Trabajo, para evitar despidos masivos.
El Mintrab debe ahora analizar cada impugnación, para determinar si proceden las demandas.
Más sindicatos
Otro hecho que llama la atención es que de octubre a diciembre pasados se formaron 71 sindicatos y comités ad hoc municipales, de los cuales algunos ya quedaron inscritos en enero del 2016 en el Mintrab, según los registros de la Anam.
Otros se encuentran en proceso de ser autorizados, y que empezaron a agruparse luego de las elecciones generales.
Con los nuevos sindicatos formados llegó a 188 el número de organizaciones, lo que significa que cinco de cada 10 municipalidades cuenta con una.
Antes de las elecciones, la Anam dio cuenta del reconocimiento de 117 organizaciones.
La principal demanda de los nuevos sindicatos es la inamovilidad de los trabajadores.
Puestos seguros
Miles de empleados municipales tienen inamovilidad luego de las referidas acciones. Por ejemplo, en la Municipalidad de Jalapa, el exalcalde Élmer Guerra, quien se postuló por el partido Libertad Democrática Renovada, aseguró a unos 400 empleados por medio del pacto que firmó con la dirigencia sindical.
Aunque las nuevas autoridades no pueden llevar a cabo destituciones, el nuevo alcalde, Mario Estrada, contrata personal de confianza, lo que podría sobrecargar la planilla.
En Chimaltenango, el expediente da cuenta de unos 400 empleados que estarían protegidos; en San Martín Zapotitlán, 200; Purulhá, 127; y San Luis, 125.
El abogado Landelino Franco López es quien asesora al sindicato de Chimaltenango, y en el 2015 recibió Q24 millones como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud por el cobro de un arancel del 10% del pacto colectivo.
Una solución que podría resolver ese problema, según la Anam, es la aprobación de la ley de la carrera municipal, que regularía las negociaciones con los sindicatos y la promoción de la carrera.
Posible delito
Entre las gestiones promovidas por los alcaldes al Mintrab hay tres pactos colectivos en los cuales supuestamente se efectuaron asambleas de denuncia —proceso de renegociación con el patrono— y en otros se realizaron por la vía de convenios colectivos, que es un disfraz de pacto, ya que se incluyen ajustes salariales.
El convenio colectivo es más rápido de suscribir respecto de un pacto, y se puede celebrar con miembros de la organización.
“Es la primera vez que se presenta una situación de tal magnitud en las municipalidades, porque en las pasadas elecciones no hubo tanto movimiento como ahora”, afirma un funcionario del Mintrab.
Un grupo de alcaldes se reunió con la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, la semana recién pasada, para hablar acerca de la situación.
“Estos movimientos responden al revanchismo o venganza por los alcaldes perdedores”, manifestó Edwin Escobar, presidente de la Anam, y aseguró que habrá municipalidades que no podrán cumplir, por el aumento de la carga presupuestaria. En todo caso, recurrirían a endeudamiento, comentó.
Agregó que hay evidencia de que los exalcaldes promovieron la constitución de nuevos sindicatos como medida para ejercer presión indirecta a los alcaldes que se estrenan.
Escobar explicó que la mayoría de nuevos alcaldes solicitó a sus antecesores no realizar contrataciones de personal o asignar fondos a proyectos de inversión municipal, para no comprometer su gestión; pero al final hicieron lo contrario, con el fin de perjudicarlos.
