Por esa razón, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene en planes hacer una reestructuración profunda del programa para que por fin funcione.
Programas similares lograron sacar de la pobreza extrema a millones de personas en países como México, Brasil, Chile o Bolivia; sin embargo, en Guatemala se ha caracterizado por su inestabilidad financiera, falta de mecanismos para medir los resultados y lo más censurable, según analistas, el aprovechamiento político.
Raúl Romero, titular del Mides, precisó a Prensa Libre que existe una mesa técnica que trabaja en una reestructuración del programa de las TMC. En esta participan organismos internacionales como el Banco Mundial y los fondos de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de Población (Unfpa).
Estos cambios van en la línea de transparentar el padrón de beneficiarios, establecer herramientas para la medición del impacto del programa y revisar las corresponsabilidades de las personas favorecidas con las transferencias.
Romero indicó que para transparentar y depurar el padrón de beneficiarios de los programas regulares del Mides, incluido el Bono Social, se utilizará la plataforma creada durante la emergencia por la pandemia del coronavirus. “Eso va a permitir depurarlos y determinar si las personas están vivas o si ya reciben alguna ayuda, si son pensionados, jubilados o trabajadores del Estado”, aseguró el funcionario.
- Gasto del programa de transferencias monetarias condicionadas por año
| Año | Monto en Q |
|---|---|
| 2008 | 116,701,850.69 |
| 2009 | 809,370,603.81 |
| 2010 | 1,138,782,139.38 |
| 2011 | 965,709,449.88 |
| 2012 | 800,395,018.00 |
| 2013 | 535,120,594.00 |
| 2014 | 786,039,526.00 |
| 2015 | 307,646,184.00 |
| 2016 | 540,134,859.05 |
| 2017 | 298,339,648.92 |
| 2018 | 353,122,952.23 |
| 2019 | 249,230,065.06 |
| 2020 | 239,412,835.59 |
| Total en 13 años | 7,140,005,726.61 |
Fuente: Sicoin
En cuanto a la medición de los resultados, el titular del Mides aseguró que se contará con una plataforma e instrumentos para determinar si los objetivos del programa se alcanzan. Agregó que, en principio, la corresponsabilidad de enviar a los hijos a chequeos médicos y a la escuela se mantendrá, aunque es algo que aún está en análisis por parte de la mesa técnica, e incluso pueden añadirse otras.
Por ejemplo, podría agregarse la obligación de que los padres de familia asistan a programas de capacitación o emprendimiento para que aspiren a tener sus propios ingresos y mejorar sus condiciones de vida y así se “les permita acceder a un mercado laboral o económico del país”, añadió el ministro.
“Eso marcará la gran diferencia respecto de gobiernos anteriores”, aseguró Romero, para quien en nueve meses de su gestión se ha avanzado más que en todo lo que lleva de existir el programa, que ha sido disfuncional bien sea “por falta de voluntad o capacidad”.
Irregularidad y aprovechamiento político
Las TMC se constituyeron en el programa estrella del gobierno de Álvaro Colom que en sus cuatro años gastó en Mi Familia Progresa Q3 mil 30 millones. La asignación en el siguiente Gobierno para el Bono Seguro cayó en un 20% y se situó en Q2 mil 429 millones.
Ya durante la administración de Jimmy Morales se invirtió Q1 mil 440 millones, 41% menos. Esta irregularidad, según algunos analistas es una de las causas de su mal funcionamiento. En varios años se contó con más recursos, pero no hubo capacidad de ejecución.
Cambios progresivos
No obstante, la ejecución del programa Bono Social continúa con el padrón de beneficiarios que se traía del gobierno pasado y ya lleva un gasto este año de Q239.4 millones.
El ministro no se atreve a decir cuándo comenzará a funcionar el programa ya reestructurado puesto que esto requerirá de cambios legales, técnicos y operativos que involucran a varias instituciones y no solo al Mides, pero aseguró que será en el transcurso del 2021 y se hará sobre la marcha; es decir, se continuará con la entrega de transferencias al mismo tiempo que se reestructura el programa.
“Transformar un sistema que por años se utilizó política y clientelarmente no se puede cambiar en dos o tres días, eso sería populista y mentiroso decirlo. Queremos cambios serios, ser un país como Brasil, o Chile”, subrayó Romero.
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ve bien el que el Gobierno utilice la base de datos obtenida a raíz del programa Bono Familia, que fue implementado durante la emergencia por la pandemia ya que “pese a sus defectos, es el que mejor ha funcionado” y lo van a descontinuar.
Coincide con que lo óptimo sería contar con un programa unificado para lo cual, lo primero que se debe hacer es contar con un padrón único que excluya por completo cualquier criterio político para seleccionar a los beneficiarios lo cual puede que se haya comenzado a alcanzar con el Bono Familia.
Eddy Cux, director de Acción Ciudadana, indicó que para definir este padrón el Mides tendría que auxiliarse de datos oficiales del Censo del 2018, del Registro Nacional de las Personas, así como del Instituto Nacional de Estadística e incluso de otras organizaciones que tienen otras bases de datos que pueden ser útiles.
“El ministro y el Gobierno tiene la oportunidad de mejorar este tipo de programas que históricamente nunca han llegado a quienes lo necesitan” puesto que el dinero se queda con intermediarios o personas que no están registradas y hasta fallecidos, añadió Cux.
El analista señala que la importancia de depurar la base de datos es “evitar la influencia de actores políticos locales como diputados y alcaldes” para que la selección de beneficiarios se haga con criterios técnicos.
Posible exclusión
Barrientos considera que el programa debe ser universal y no debe excluir a nadie que viva en pobreza extrema. En ese sentido, advierte que si se mantienen las corresponsabilidades o se añaden otras se puede correr el riesgo de dejar fuera a persona que viven en áreas rurales indígenas en donde acudir a un centro de salud o a la escuela es “absolutamente inviable”.
En todo caso, agrega Barrientos, habría que hacer un estudio sociológico a cada uno de los beneficiarios para identificar a aquellos que pueden cumplir con las obligaciones y a los que no.
