Además, 15 de esos 19 usufructos onerosos fueron firmados entre el 2012 y el 2015, por lo que las autoridades creen que el fin era restar notoriedad al que fue suscrito con Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Recelo
La procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, reveló la información en una cita con diputados de la bancada Movimiento Reformador.
“Enviamos un oficio al contralor general —Carlos Mencos—, quien está analizando todos esos contratos de usufructo que se dieron por medio de la EPQ. Hay que determinar si no hay simulación de algún tipo de concesión de servicios públicos”, refirió al finalizar la reunión.
Villagrán resaltó que al evaluar el contrato con TCQ se percató de que “se dio una concesión disfrazada en usufructo”.
“Quien aprueba la minuta es Allan Marroquín, en su calidad de interventor, y el subinterventor —Julio Sandoval—. Ellos no tenían facultades suficientes para otorgar ese contrato; por lo tanto, se da un vicio de consentimiento, porque la persona que lo suscribe no tiene las facultades suficientes. Por eso hay que analizar los otros 19 contratos”, enfatizó la funcionaria.
Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Humano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, precisó que los 19 usufructos fueron suscritos entre el 2007 y el 2015, pero 15 de ellos fueron firmados entre el 2012 y el 2015.
“Había al menos 10 contratos de arrendamiento, los cuales fueron cancelados de forma anticipada, y a cambio les dieron usufructo a 25 años. Con eso generaron las condiciones razonables para que cuando saliera TCQ, ese contrato fuera uno de 15 y no resaltara”, explicó Godoy.
Prensa Libre publicó el 4 de mayo último que había duda en torno a 14 contratos de usufructo oneroso, y destacó que estos habrían servido para convalidar el de TCQ.
Los cuestionados
- En cuatro años fueron autorizados 15 contratos que ahora se analizan.
- En el 2012 se firmaron los contratos de las empresas TCQ, Fénix Cargo, Empresa Marítima y Terrestre, Corporación Navahermosa, Almacenes y Silos, Aplicación Técnica, y Contenedores y Servicios.
- En el 2013, Zeta Gas, Maersk Guatemala e Inversiones en Tecnología y Construcción.
- En el 2014 se firmó con Las Américas Trading Company y Agro Exportadora Piedra Parada.
- En el 2015, con Parque Quetzal, MCMillan Comunicaciones de Guatemala y Terminal de Granos del Pacífico.
Villagrán no decidirá
La procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, destacó que la Contraloría analiza los usufructos que generan dudas, pero dejó claro que será el nuevo jefe de la PGN quien conocerá y determinará si se pide la nulidad de esos contratos, debido a que ella dejará el cargo el martes próximo.
Se revisan concesiones
Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, confirmó por teléfono que se revisan los usufructos. “Hay 12 que se nos ha enviado de EPQ. Los revisamos e insistimos en que nos manden el resto”, afirmó.
El contralor aseguró que “se dará información a medida que se actúe”.
Aeronáutica actúa contra 14 contratos en Aeropuerto La Aurora
Las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Desarrollo Humano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica revisan 27 contratos suscritos entre el 2012 y el 2015 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para determinar si hay irregularidades en ellos, por recomendación de la Procuraduría General de la Nación.
De esos contratos, 14 tienen abierto algún proceso administrativo o legal para rescindirlos o darlos por terminados en forma anticipada.
La información fue proporcionada por el comisionado Enrique Godoy, luego de una citación con diputados del bloque Movimiento Reformador.
“Hay 27 contratos que están en revisión, algunos son de usufructo como el parqueo del Aeropuerto, que está ya en proceso administrativo legal para poder deshacerlo. Lo mismo pasa con los tanques de combustible, un hangar que está en la cabecera sur, donde incluso se rompió el muro de talud e hicieron una puerta”, explicó Godoy.
El comisionado agregó que entre esos contratos hay casos de arrendamiento de locales comerciales y de hangares que están subarrendados, lo cual es prohibido.
“Revisamos un primer lote de 27, pero hay muchos más. Se hace para poder evaluar si la modalidad bajo la cual se contrataron es la correcta, si las tasas son las correctas y si se cumple con los requisitos técnicos”, detalló Godoy.
Destacó que todos los contratos que se revisan “se firmaron entre el 2012 y el 2015 y fueron aprobados por tres interventores distintos e incluso un director”.
“Hay un caso donde tenemos una deuda de Q38 millones a favor del Estado. En ese caso colocaron un amparo y estamos en proceso de seguimiento. Hay gente que debe US$115 mil, otros Q10 mil; es variable”, refirió el funcionario.
“En algunos casos se han colocado denuncias penales; en otros, el objetivo es darlos por terminados anticipadamente”, señaló el comisionado.
La procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, aseveró que el año pasado revisaron los contratos y le recomendó a la DGAC que lo hiciera. Añadió que se deben regularizar estos asuntos en forma jurídica y ordenada.
Señalamientos en la institución
Varias irregularidades se le endilgan a la DGAC.
- El 18 de marzo del 2015 se licitó la construcción de la Plaza 13 Baktún, pero el 10 de abril fue suspendida la obra luego de que se encontraron irregularidades.
- El 14 de abril del 2015, la bancada Encuentro por Guatemala señaló anomalías en contrataciones del renglón 029, que en 2014 representaron un gasto de Q71 millones, por mil 80 plazas.
- El 2 de julio del 2015, la Organización Sindical de Trabajadores de Aeronáutica Civil denunció actos de corrupción en contratos y contratación de personal.
CGC acciona por contrato de Cobigua
Ante la sospecha de que incurrieron en actos ilícitos, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia penal contra Miguel Renato Fernández, exrepresentante legal de Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías); Mario Osbaldo Mena, expresidente de Compañía Bananera Guatemalteca Independiente, S.A. (Cobigua), y Rafael Rottman, exinterventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).
La acción, presentada el martes último, busca determinar si las personas mencionadas incurrieron en actos ilícitos, debido a que los primeros dos firmaron un contrato de arrendamiento en 2000 entre Ferrovías y la Cobigua —ahora Chiquita—, para que continuaran operaciones en Puerto Barrios.
Finaliza usufructo
El Ejecutivo decidió no renovar el usufructo oneroso que se había otorgado a Cobigua en 1990, el cual venció el año pasado, pero la empresa, en prevención de que no habría prórroga, desde el 29 de noviembre del 2000 firmó con Ferrovías un contrato de arrendamiento que incluye un terreno y la terminal portuaria, que entró en vigor 15 años después.
Fernández y Mena están señalados de apropiación y retención indebida y caso especial de estafa, mientras que Rottman, de abuso de autoridad, concusión e incumplimiento de deberes.
Los argumentos de la Contraloría son que el puerto es un bien público y que no podía entregarse de esa forma.
Rottman, como interventor de Fegua, el 27 de enero del 2016 se comprometió con Ramsés Lobo, representante legal de Chiquita Guatemala, S.A., a rescindir y/o anular cualquier acuerdo o contrato otorgado por la institución a terceros sobre bienes donde se encuentra la empresa.
Están en legalidad
El director de Logística de América Latina para Chiquita, Manrique Bermúdez, indicó vía electrónica que aún no conocen el contenido de la denuncia y que están seguros de la validez y legalidad del contrato. Señaló que existe un fundamento jurídico que justifica su existencia.
Rottman afirmó que la CCG no entendió el convenio, ya que era para favorecer a Fegua, pues se obtendrían más recursos y que el contrato no entró en vigor porque él fue destituido.
Personal de Ferrovías prefirió no opinar hasta conocer la denuncia.
