La propuesta consiste en que APM Terminals resarza al Estado con US$43 millones y, en lugar de usufructo, se otorgue en concesión de la Empresa Portuaria Quetzal que se había pactado inicialmente en usufructo por un período de 21 años.
El interventor de TCQ expuso en una citación de la Comisión de Transparencia del Congreso que la propuesta se planteó por varias razones, pero una de ellas es la falta de recursos económicos con los que se cuenta para el funcionamiento de la terminal.
“Se tienen que anular los contratos, porque se obtuvieron de manera incorrecta. Se puede hacer a través de lo contencioso administrativo, pero eso llevará muchos años y no se cuenta con los recursos para el funcionamiento de la terminal”, detalló Aizenstatd.
Agregó que en este momento se tiene una deuda a través de un fideicomiso de garantía inmobiliaria por US$126 millones (Q957.6 millones). “La maquinaria está prendada para garantizar los préstamos”, explicó.
La propuesta surgió después de un acercamiento con la compañía holandesa; sin embargo, Aizenstatd aclaró que es de su autoría. Además de obtener el resarcimiento, la idea es elaborar un nuevo contrato, pero será el Ejecutivo el que decida los términos.
Análisis
La procuradora general, Anabella Morfín, informó que el miércoles por la tarde el presidente Jimmy Morales le solicitó analizar la propuesta del interventor y los caminos legales que se podrían tomar.
Para comenzar el análisis, de llegar a un entendimiento, el presidente Morales emitirá un acuerdo gubernativo con el que se ordenará a la PGN que revise la propuesta.
La funcionaria explicó que solicitó información a diferentes entidades, como los ministerios de Economía y Finanzas y la misma empresa portuaria, para analizar los términos legales en los que podría, en determinado momento, llegarse a un acuerdo. Sin embargo, indicó: “Por cuestión de principios, debe de declararse la nulidad del usufructo con TCQ. Vamos a resolver el problema dentro del marco de la legalidad, analizar cuál es la ruta y conformar una comisión que la analice”.
Diferente
Aunque APM Terminals, que ahora posee el 85 por ciento de las acciones de TCQ, aceptó la propuesta de Aizenstatd, el interventor aclaró que no es la misma que él planteó. “Ellos —la firma holandesa— están planteando que se autorice por 25 años, y no por 21; si es así, entonces deberán pagar más”, comentó.
En la carta que APM Terminals le hizo llegar a la PGN el 22 de julio, se lee que la compañía “está dispuesta a rescindir el contrato de usufructo” y renunciar a cualquier reclamo. También se compromete a pagar US$43.2 millones como “reparación civil”, pero pide que se “considere” que el plazo de la concesión sea de 25 años y no de 21, como se ha planteado.
Según Aizenstatd, el cálculo de la reparación civil se hizo con base en la participación que tiene APM Terminals. “Se supone que el proyecto tiene un costo de US$50 millones. La empresa tiene el 85 por ciento de las acciones. Le corresponde US$43.2 millones. Ya le pagó a TCQ, ahora tendrá que pagarle a Guatemala”, puntualizó.
US$39
Millones requiere TCQ para funcionar.
US$126
Millones es lo que se tiene en préstamo prendario.
