Los diputados, aunque niegan que hayan defendido al ministro, durante la citación cuestionaron si se puede crear correos electrónicos con el nombre de las personas y suplantar información; además, preguntaron cómo determinar si las fotografías presentadas no habían sido descargadas de internet.
Claudia González, mandataria judicial con representación de la Cicig, acudió al Salón del Pueblo y compareció ante Aníbal Rojas, presidente de la comisión, Juan Manuel Giordano y Flor de María Chajón, los otros miembros.
Después de responder una serie de preguntas personales, Rojas cuestionó cuál había sido la fecha en que la Cicig había conocido que Valladares estaba involucrado en un probable caso judicial, la mandataria explicó que los indicios racionales fueron adquiridos con el tiempo y no había fecha exacta y que fue a partir del 2016 que se comenzó a recibir información.
Sin embargo, Rojas se enfrascó en pedir una fecha exacta en que la Cicig tuvo conocimiento de que Valladares estaba involucrado en un probable hecho ilícito y preguntó si la Comisión no guardaba un registro de las fechas cuando recibía denuncias.
A continuación Rojas pidió que se enumerara los indicios que involucraban a Valladares, la mandataria comenzó a dar la explicación del caso donde se cree existió supeditación del Congreso durante el año 2014 para la aprobación del decreto 12-2014, Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Explicó que se tienen indicios de que Valladares cabildeó la iniciativa de ley y tenía contacto con exdiputados del partido patriota y que para ellos se contaba con declaraciones testimoniales.
Se mencionó que el ministro lideraba las reuniones donde se cabildeaba la iniciativa y que para comprobarlo se tenían correos electrónicos donde se trasladaban los documentos del proyecto de ley.
Indicó que se cree que los diputados conocieron el contenido de la iniciativa hasta en la sesión en que se aprobó y que las últimas modificaciones al proyecto se hicieron desde la vicepresidencia, como evidencia señaló que se tienen algunas declaraciones de exdiputados del Partido Patriota y correos electrónicos.
La experta indicó que se cree que para la aprobación de esta iniciativa una empresa telefónica, que fue la que más se benefició, habría pagado a través de Valladares, que en ese entonces era uno de sus más altos directivos, coimas que fueron entregadas a diputados del Partido Patriota.
Cuando González explicaba este punto fue interrumpida por Juan Manuel Giordano y los cuestionamientos empezaron, al punto que la mandataria de Cicig ya no pudo continuar con la presentación.
Giordano hizo una serie de cuestionamientos como por qué la Cicig asegura que Valladares lideró la negociación. Después, cuando se le explicó que tenían varios correos electrónicos que podían utilizarse como indicios, el diputado preguntó a la representante de Cicig si el correo claudig1967@yahoo.com le pertenecía.
González respondió que no, a lo cual Giordano le dio la razón y afirmó que era porque él lo había creado hacía tan solo “cinco minutos”.
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“Tiene su nombre, su inicial de apellido y el año de nacimiento y obviamente no es suyo. Lo hice para demostrar que cualquiera puede crear un correo electrónico y me preocupa que uno de los indicios sea ese”, aseguró el parlamentario.
Los cuestionamientos del parlamentario siguieron, hasta que Chajón se quejó de que había muchos discos que no tenían y no habían podido revisar la información.
Luego de varios minutos y múltiples cuestionamiento la representante de Cicig mostró unas fotografías donde se muestran unas maletas con dinero que luego de varias declaraciones testimoniales de varias personas se presume son donde llevaron el dinero.
Rojas tomó la palabra y dijo: “Como hace la Cicig para saber que esas maletas son las que corresponden a ese hecho en particular y no son de las que podemos bajar de google en cualquier momento”.
Gonzáles dijo que esto es parte del proceso investigativo y que cuando hablan 12 testigos que nos se conocen entre sí, y tiene relatos coincidentes en el número de maletas, color y que se le tomaban fotografías a las maletas porque no era una acción correcta se tenía un indicio.
Los cuestionamientos siguieron por varios minutos y al cabo de casi dos horas de audiencia los diputados dieron por terminada la citación sin que la representante de Cicig pudiera exponer completamente sus argumentos.
No se protegió al ministro
Al finalizar la citación los miembros de la pesquisidora dieron una rueda de prensa donde indicaron que el martes escucharán al Ministerio Público y el próximo lunes al ministro Valladares.
Se le consultó a Rojas si sus constantes cuestionamientos no eran una defensa del ministro de Economía y al respecto dijo:
“Este es un criterio que como espectador puede tener, de ninguna manera tenemos aquí una defensa oficiosa ni para el ministro ni con nadie. Lo que tratamos de determinar son la veracidad de las pruebas que se presenten”, indicó el congresista.
Recodó que los pesquisidores están “para determinar si la denuncia fue espuria, ilegitima o si tiene un componente político”, por lo tanto tienen que cuestionar todo ese tipo de temas.
“Sin duda podría parecer eso, pero lo que queremos determinar es si el antejuicio es válido. Estamos empezando, hay que escuchar el Ministerio Público y al señor ministro, también se están haciendo requerimiento de información adicional”, concluyó Rojas.
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