LE PODRÍA INTERESAR
José Alberto Hernández Salguero, presidente de la Comisión, confirmó que con la única integrante de la Pesquisidora con la que no se ha podido comunicar es con la diputada Elza Cu Isem.
“La primera reunión se daría el martes o miércoles y los puntos que se van a tratar y respetar son los establecidos en el artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio”, señaló el congresista.
Agregó que desde ayer recibió el expediente de antejuicio por parte de la Dirección Legislativa, pero que no ha procedido a convocar a la primera reunión debido a los problemas de salud del diputado Raúl Romero.
Lea también: Bloques legislativos evitan tomar postura por antejuicio de magistrados de la CC
Romero fue consultado vía telefónica y señaló que espera ser dado de alta el próximo domingo y confirmó que ya se contactó con algunos miembros de la Pesquisidora.
“Acordonamos reunirnos el martes entrante, precisamente porque consideraron que estaba hospitalizado y esperar a que saliera entre el domingo o lunes, pero ya lo acordamos”, señaló el legislador.
Lea más: Capturados por corrupción en el Ministerio de Salud firmaron cuestionado pacto colectivo
Elección
El jueves tuvo lugar la segunda sesión plenaria de este año donde se realizó el sorteo para integrar a la Comisión Pesquisidora que evaluará el expediente de antejuicio de los magistrados de la CC Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras
Lea también: Partidos corren luego de la convocatoria a elecciones 2019
José Alberto Hernández Salguero, del bloque Unión del Cambio Nacional, es el presidente; Boris España, el secretario, y los vocales Raúl Romero, del bloque Fuerza; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Elza Cú Isem, del bloque Movimiento Reformador.
En dicha sesión y luego de una amplia discusión los diputados acordaron que se conformara una sola comisión pero, cuando el informe de la pesquisidora llegue al pleno se haga una votación por cada magistrado.
La ley señala claramente que la Comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia de los funcionarios y solo establecerá la existencia de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos.
Contenido relacionado
> Congresistas piden a Trump sancionar con la Ley Magnitsky al Gobierno de Jimmy Morales
> TSE expresa preocupación por la crisis y ratifica su independencia
> Roberto Ardón: El financiamiento privado es fundamental en toda democracia
