La reunión se realizó en el Salón del Pueblo del Congreso, a donde acudieron Juan Francisco Sandoval y Luis Omar Mejía, fiscales de la Feci. La mecánica fue de preguntas directas de los pesquisidores a los representantes del MP, quienes no proyectaron ninguna presentación.
La actitud de la comisión fue incisiva desde el principio. El diputado oficialista Juan Manuel Giordano comenzó la ronda al preguntar si la Cicig había investigado al ministro pese a tener derecho a antejuicio.
Mejía explicó que toda investigación nunca comienza investigando personas, sino hechos que pueden ser constitutivos de delitos y derivado de eso “se pueden establecer quiénes son los probables responsables de los hechos”.
También destacó que “existe jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que establece que las personas que tienen antejuicio la limitante es no ser procesadas, ni detenidas, pero si faculta a hacer diligencias de investigaciones porque si no sería imposible poder acreditar por parte del MP ciertos elementos de investigación”.
Los fiscales comenzaron a explicar cuáles fueron las diligencias que se utilizaron para conseguir los indicios que hacen sospechar que el ministro Valladares pudo haber cometido un hecho ilícito.
Flor de María Chajón, diputada oficial, tomó la palabra y preguntó cómo se investigaba un hecho separándolo de las personas y cómo se lograba esa separación. Sandoval explicó que en derecho penal se persiguen conductas delictivas y que lógicamente quienes son responsables son personas.
“Qué ocurre en un caso como este, tuvimos la información relacionada con un grupo poderoso. Además, que un organismo del Estado estaba supeditado al otro, lo que vulneraba un principio del Estado la República”, señaló el fiscal.
Agregó que lo que se dice en la solicitud de antejuicio es que posiblemente el ministro de Economía puede estar involucrado en un hecho delictivo porque hay indicios y por eso es necesario retirar el antejuicio para hacer una investigación formal.
Chajón preguntó en qué momento se percató el MP de que Valladares estaba involucrado en el caso, a lo que Mejía respondió que en este momento no se tiene certeza de la participación porque lo que se tiene son indicios y recalcó que es imposible mediante un solo elemento determinar participaciones.
Aníbal Rojas, presidente de la Pesquisidora, tomó la palabra y pidió que le explicaran el término “investigación preliminar”. Sandoval explicó que esto básicamente es tener un indicio que está antes de cualquier momento procesal.
Después de esa exposición y otras repreguntas, Giordano tomó la palabra y comenzó con una serie de interversiones ásperas, la primera fue al decir que no le servía de mucho que fueran a leer documentos cuándo él podía hacerlo.
Luego cuestionó los métodos con los cuales el MP recabó las entrevistas con algunos testigos y pidió que se le indicara si algunos de estos testigos tenían beneficios por haber declarado, a lo que los fiscales explicaron que nadie tiene ningún beneficio y que hasta el momento ningún testigo ha suscrito un convenio de colaborador eficaz.
Giordano se refirió específicamente al exdiputado Édgar Cristiani y señaló que “causaría suspicacia que en algún momento fuera colaborador y mentir en algún momento para buscar un beneficio”, también afirmó que “carecería de idoneidad para ser colaborador”.
Sandoval señaló que esta era “una apreciación personal” del diputado y explicó que la idoneidad de un testigo el único que la puede determinar es un tribunal de sentencia en un momento procesal distinto. “Hago la indicación que se recibió información de él y en algún momento se recibió información”, apuntó.
Los preguntas de la pesquisidora se comenzaron a centrar a partir de ahí en los testigos que dieron la información con la que comenzó la investigación, cuyos nombres no fueron revelados por la Cicig, pese a que Sandoval indicó que lo desconocía porque es una diligencia que comenzó la Cicig.
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Giordano siguió con sus cuestionamientos al punto de preguntar cómo se garantiza que no hay un acuerdo previo con algún testigo para que no sea beneficiado más adelante si declara, ya que eso le generaba dudas. Sandoval respondió que con ese argumento no habría testigos en el país porque todos dudarían y dirían que una persona obtuvo beneficios por hacer una declaración.
En la parte final de la reunión la Pesquisidora se centró en preguntar si el ministro de Economía, Valladares, era un diputado, los fiscales dijeron que fue un error humano consignar ese dato en los documentos y que se corregirá.
Percepciones
Al finalizar la reunión Sandoval brindó declaraciones y destacó que “el Congreso es el órgano político por excelencia y comprende que ellos tengan dudas relacionadas con el planteamiento – del antejuicio-”.
“No obstante la manera inquisitiva y la forma en que fueron conducidas las preguntas, pues tenemos sustento legal, probatorio y factico que nos permite con toda propiedad ratificar el planteamiento que fue realizado”, aseveró el fiscal.
El jefe de la Feci no quiso adelantar algún criterio por la forma en que pudiera decidir la Comisión Pesquisidora y recordó que debe elaborar una recomendación que no es vinculante. “En todo caso corresponde al Pleno tomar una decisión, no nos podemos anticipar”, apuntó.
Rojas afirmó que los cuestionamientos que se le hicieron a los representantes del MP fueron similares a los que se les hizo a la Cicig.
“El tema primordial era tratar de determinar cuáles son los indicios determinantes para el antejuicio. Las respuestas son cuatro o cinco puntos específicos. La prueba reina que al parecer tiene son declaraciones”, acotó el parlamentario.
Agregó que la información es diversa, pero destacó que el proceso avanza y que el próximo lunes estará citado el ministro de Economía, Acisclo Valladares, para dar sus descargos.
Giordano recordó que se dejó abierta la posibilidad de hacer una segunda reunión con MP luego de que se analicen algunos elementos que no se pudieron en un principio por no tener los discos con la información.
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