El Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, presentado este viernes 28 de octubre en la 78 Asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en Madrid, España es un barómetro anual que la entidad regional realiza para medir las causas que influyen en forma negativa y positiva a la libertad de prensa en el hemisferio americano.
Este año Guatemala empeoró su posición cayendo del puesto 15 al 19. Debajo solo se encuentran Cuba, Nicaragua y Venezuela, países clasificados como “sin libertad de expresión”.
La SIP también dio a conocer hoy sus informes nacionales sobre libertad de prensa, y en el de Guatemala señaló que en Guatemala “existe un profundo deterioro de la libertad de prensa debido a acciones del Gobierno, en especial del Ministerio Público (MP) y del Congreso (de la República)”.
De acuerdo con la SIP, “desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente” y detalla que “cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”.
La SIP continúa y refiere que “en este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público (MP) arremetió contra destacados periodistas críticos, conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública”.
En torno a ese señalamiento la SIP asegura que “el caso más flagrante es el encarcelamiento de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y de Flora Silva, la gerente financiera de ese medio, así como los casos de Juan Luis Font, del medio digital y televisivo ´Con Criterio´, y de Carlos Choc, de Prensa Comunitaria.
“Esto es derivado de que hay negación (de facto) o retraso malicioso en el acceso a la información pública, por lo que la ciudadanía no puede estar informada adecuadamente”, expuso la PDH al ser consultada al respecto.
La PDH, consultada por Prensa Libre, recordó que el ejercicio periodístico es una profesión riesgosa en Guatemala, como lo ha señalado el Relator de Naciones Unidas, por la alta cantidad de amenazas, hostigamiento e intimidación que viven diariamente periodistas.
“También pueden mencionarse a los periodistas comunitarios que se enfrentan al crimen organizado, lo que fue analizado en el índice de violencia e impunidad”, expuso la PDH.
Por otro lado, advirtió que “los Pueblos Indígenas todavía no gozan del derecho a la comunicación hacia sus comunidades, como establecen los Acuerdos de Paz, en virtud de que no se ha garantizado su acceso a las radios comunitarias. En este sentido, es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por esta negación”.
Por tal motivo, recomendaron al Estado que, a través de sus instituciones, retome el proceso de elaboración y aprobación del Programa de Protección a Periodistas y tome medidas necesarias para garantizar un entorno propicio para que las y los periodistas puedan desarrollar adecuadamente su trabajo.
En la misma vía, recomienda al Ministerio Público fortalecer económica y materialmente la Fiscalía de Sección de Delitos cometidos contra Periodistas para que amplíe su cobertura y brinde una atención más eficiente, así como implementar procesos de formación al personal fiscal para una adecuada investigación de los ataques contra periodistas y comunicadores sociales.
Ataques se intensificaron en este gobierno
Miguel Ángel Albizures, responsable de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), explicó que Guatemala está en un pleno retroceso en el ejercicio de estos derechos, algo que se intensificó con este gobierno. Esto coincide con la persecución a algunos operadores de justicia, entre quienes figuran jueces y exfiscales del Ministerio Público (MP) que han tenido que salir al exilio.
“Hay un retroceso muy pronunciado y una carencia de espacios democráticos. Incluso, el hecho de que se quiere legislar dando a la fuerza pública el permiso para que puedan reprimir cualquier protesta quiere decir que los aspectos de democracia en el país están seriamente afectados”, afirmó Albizures.
En ese sentido es necesario que surjan expresiones organizadas de la ciudadanía en rechazo a estos ataques orquestados contra periodistas, ya que de lo contrario podría haber un retroceso democrático.
“La marcha del 20 de octubre fue una expresión organizada de rechazo a todo lo que está sucediendo. Sí hubo participación fuerte, pero se necesita ya un movimiento más amplio y de resistencia a todo lo que está sucediendo, puesto que si la ciudadanía no pone un alto a todo lo que está pasando podríamos volver a los años 80”, dijo.
El constitucionalista Mario Fuentes Destarac considera que tener altas restricciones a la prensa actúan en menoscabo de la democracia y esta es uno de los bastiones del mundo civilizado.
“La libertad de prensa es la sangre de la democracia. Cuando hay restricciones a la libertad de expresión de ideas se repercute en la salud de la democracia”, afirmó Destarac.
Agregó que hay diversas acciones que han empeorado el ejercicio de estos derechos, como la persecución penal en contra de periodistas desde los distintos niveles del sistema de justicia, con lo cual se busca criminalizar la libertad de expresión del país.
“Obviamente los tribunales de justicia y el Ministerio Público son actores fundamentales. También hay iniciativas en el Congreso de la República que tienden a restringir la libertad de expresión y eso ha sido denunciado”, dijo Destarac.
Entre estas iniciativas que han generado rechazo entre periodistas está la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia que se intentó aprobar en agosto de este año. En esa oportunidad la APG expresó que se buscaba criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que a criterio de las autoridades se pudieran encuadrar como acoso, así como las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos o información.
La situación podría agravarse ahora de cara al proceso electoral, advierte Destarac.
“Esto es un problema incluso ahorita que está por iniciar un proceso electoral. Hay una preocupación de que vaya a haber restricciones como las que se intentaron imponer en año 2019 por la autoridad electoral como regular las entrevistas, las conferencias de prensa y los foros que se llevan a cabo en medios de comunicación. Puede haber cortapisas y eso sería muy grave para el ejercicio de derechos políticos”, dijo Destarac.
José Cancinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango (APQ), dijo que a la ciudadanía debería importarle profundamente el deterioro de la libertad de prensa, ya que esto reduce sus oportunidades de tomar decisiones informadas en su día a día.
“Los periodistas encabezamos la libertad de expresión y si nos vedan este derecho es más fácil para cualquier gobierno vulnerar más derechos y tener callada a la población. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir exponiendo los atropellos de cualquier gobierno y seguir creando, como medios de comunicación, esa cultura en la ciudadanía para que se involucre”, dijo Cancinos.
A criterio del presidente de la APQ, entre los actores que encabezan este ataque contra la prensa se encuentran el presidente Alejandro Giammattei, el Ministerio Público y los alcaldes. Estos últimos han replicado el ejemplo del gobierno central, advierte.
“Sabemos que hay municipalidades tomadas por el narcotráfico y aprovechan esa situación por el mal ejemplo de gobierno central para limitar libertad de expresión. Es posible que se puedan cobrar vidas. En zonas como la frontera con Huehuetenango no se puede hablar de libertad de expresión. Los compañeros de manera personal se han autocensurado porque corremos riesgo”, dijo Cancinos.
Por último, expuso que durante la pandemia se perdió acceso a las fuentes de información y a las instituciones. Esto no se ha logrado recuperar a la fecha, advirtió Cancinos.
Gobierno y MP rechazan señalamientos
El Gobierno de Guatemala aseguró que los señalamientos expresados por la SIP son “falsos” y que durante el último año se ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales.
“Es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país”, dijo el vocero de la presidencia, Kevin López Oliva.
De igual forma, el Ministerio Público comunicó que, de conformidad con su mandato legal y constitucional, tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta, sin excepción alguna, y sin que esto signifique criminalización, en absoluto.
“Alegar persecución y criminalización es totalmente alejando de la realidad pues la función natural del Ministerio Público es investigar con el fin de averiguar la verdad histórica de los hechos, sin que esto signifique criminalización o persecución política”, comunicó.
