En cambio, para los candidatos a alcaldes y de las corporaciones municipales se establece un gasto mínimo de US$20 mil —Q146 mil 800— y un máximo de US$750 mil —Q5 millones 505 mil—, lo que dependerá de la densidad poblacional, extensión territorial y vías de comunicación.
Los diputados distritales también tendrán límites de gasto. Lo menos que podrá autorizarles el Tribunal Supremo Electoral (TSE) según las condiciones territoriales son US$50 mil (Q367 mil) y no más de US$400 mil —Q2 millones 936—.
Para Marvin Pol, de Acción Ciudadana, es bueno que se establezcan topes de gasto, pues hasta ahora se desconoce cuánto realmente se invierte en las campañas de los alcaldes, corporaciones municipales y diputados distritales.
En la actualidad, el TSE puede reducir el gasto de campaña. Para hacerlo debe convocar a los secretarios generales de los partidos, para informarles, pero esa posibilidad se elimina con la nueva propuesta, que está en proceso de revisión por los diputados, luego de haberla presentado a organizaciones sociales.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Óscar Argueta, aseguró que se tomaron en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales. Por ejemplo, la intención era elevar el número de afiliados en los partidos políticos de 0.3 por ciento a 0.5 por ciento, pero se eliminó, a petición de los participantes en las mesas técnicas.
Más ingresos
En la propuesta que ha sido denominada como “la segunda generación de la reforma política”, se pretende subir el financiamiento público a las organizaciones, de US$2 a US$3 —Q14.68 a Q22.02— por voto emitido.
Además se eliminan varios cambios que fueron aprobados durante la última reforma, relacionados principalmente con el destino de los fondos que otorga el Estado a las agrupaciones políticas. Uno de ellos es que permitirá a estas destinar más recursos para el pago de deuda de campaña y funcionamiento, así como para “el pago de compromisos financieros internacionales por afiliación a redes u organizaciones, y para gastos de representación en el extranjero”.
Christians Castillo, politólogo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, considera que la propuesta favorece a las agrupaciones grandes. “Pareciera que hay una apuesta por reducir el sistema de partidos políticos, porque imposibilitan la capacidad de competencia de los que tienen menos recursos”, detalló.
Esa no es la única crítica. Castillo cree que la propuesta denota que los partidos quieren tener recursos casi ilimitados porque no hay tope para el financiamiento privado y se eleva el Estatal.
Agregó: “En la reforma pasada se determinó que el Estado pagará la pauta publicitaria. Ahora pretenden que el financiamiento se eleve a US$3 por voto. No se limita los recursos privados, y encima de todo disparan el techo de campaña. Pareciera que hay una estrategia que más se asemeja a un abuso”.
Linsleyd Tillit, de la Fundación Alas de Mariposa, indicó que les preocupa que no se haya eliminado el financiamiento privado de la campaña electoral y que se esté modificando la distribución de los recursos que los partidos reciben del Estado, porque en la reforma anterior se privilegió la capacitación y formación política, y ahora lo dejan en segundo plano.
