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Mijangos resaltó que algunas organizaciones políticas ya se acercaron al tribunal para pedir la firma del pacto, lo que calificó como algo “muy bueno”, porque esa situación no se había dado en ocasiones anteriores.
En 2015, hubo 20 muertes violentas relacionadas con el proceso electoral, y 15 de esas víctimas fueron personas vinculadas al ámbito político a nivel municipal, según el Mirador Electoral, que observó y evaluó el proceso.
El documento será firmado por todos los partidos políticos y con esto se busca que la contienda electoral “sea ejemplo de una participación en paz, participación cívica sin agresiones, con respeto no solo entre los políticos sino también a la ciudadanía, a la diversidad y a las mujeres”, indicó la magistrada.
Mijangos puso como ejemplo un video que circula en redes sociales donde se ve a simpatizantes de una agrupación política agredir verbal y físicamente a otras personas y además los amenazan con una pistola. La Unidad Nacional de la Esperanza, la cual es aludida en el video, señaló que es una campaña negra porque los hechos ocurrieron hace siete años.
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“Eso nos debe hacer reflexionar que este es un tema muy serio y debemos admitir que nosotros -los guatemaltecos- tenemos una cultura que está impregnada de violencia”, reconoció la magistrada.
Las agrupaciones políticas entregaron este jueves algunas observaciones sobre el texto que se firmará, lo que Mijangos consideró como una buena señal.
Además, el TSE piensa efectuar una campaña a través de medios de comunicación para hacer un llamado a unas elecciones sin violencia.
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Conflictos
Durante la tarde, los magistrados del TSE se reunieron con otras instituciones del Estado y privadas para analizar el mapa de conflictividad, donde se determinó que son 18 municipios los que se enmarcan en esta situación, de ellos, 11 están en un nivel alto y muy alto riesgo.
Mijangos explicó que no puede informar sobre los municipios y departamentos específicos porque puede generar alarma o disgusto en la población, pero se trata de lugares en las regiones de occidente y oriente.
Para la elaboración del mapa de conflictividad se tuvo como base información del 2011 y del 2015.
La conflictividad, explicó la magistrada, tiene relación con la elección local de las autoridades y otros problemas como límites territoriales e históricos.
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De vuelta a 2015, después de los resultados de las elecciones, hubo disturbios en los siguientes municipios.
En Siquinalá, Escuintla, hubo disturbios por la reelección del jefe edil.
En Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, un grupo entró al centro de votación para evitar el conteo de votos porque no estaban de acuerdo con que el candidato a la alcaldía por el partido Líder, Ervin Zamora, saliera ganador de la contienda.
En Sanarate, El Progreso, presuntos simpatizantes del Partido Patriota (PP) y de Unión del Cambio Nacional (UCN) se enfrentaron a golpes.
En El Jícaro, El Progreso, pobladores se opusieron al resultado que benefició a Humberto Flores como alcalde por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En San José El Ídolo, Suchitepéquez, un grupo de vecinos quemaron papeletas de un centro de votación.
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También en Patzún, Chimaltenango, vecinos de la aldea Xeatzán Bajo, Patzún, Chimaltenango, quemaron las papeletas.
Crímenes
Al menos dos personas han muerto durante el presente proceso electoral.
El 11 de febrero, Marvin Geovanni Peña, candidato nominado a la alcaldía de Tiquisate, Escuintla, por el partido Fuerza, fue abatido a balazos.
El mismo partido tuvo otro representante fallecido, Arturo Juc Caal, precandidato a alcalde de La Tinta, Alta Verapaz, el 21 de enero último.
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