Gobernación tiene registrado que del 2002 a la fecha se han registrado más de 23 motines en los que han muerto reclusos. Esas acciones podrían estar relacionadas con la lucha de poderes. “Tienen que cambiar, son los retos que tiene el Sistema Penitenciario”, afirmó el viceministro del Interior, Ricardo Guzmán.
La muerte del capitán Byron Lima Oliva, el 18 de julio del 2016, dejó en evidencia el dominio que ejercen los prisioneros con poder adquisitivo e influencias.
En la Granja de Rehabilitación Pavón, el control estaba compartido. Por un lado Lima impuso cobros por visitas, encomiendas, uso de bartolinas y el tránsito entre sectores, y por el otro el supuesto narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, manejaba el negocio de la droga y armas.
Desde la cárcel
“El control de las cárceles no lo tiene una sola persona”, reconoció Herman Santos, de la organización Amediolibre, que se dedica a la reinserción social de privados de libertad.
El experto en prisiones explicó que algunos grupos se integran por afinidad, pero todos tienen líderes que coordinan las acciones en esos penales.
En Pavón, por ejemplo, el dominio quedó en manos de traficantes de droga, tras la muerte de Lima y el traslado de Montiel Marín, aunque el grupo de este último sigue imperando.
En el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito quedó la estructura que Lima organizó desde que estuvo recluido en ese lugar.
La pandilla del Barrio 18 domina en el Centro de Alta Seguridad El Infiernito y el Preventivo de la zona 18, y La mara Salvatrucha, en Fraijanes II y El Boquerón, Santa Rosa.
Grupos de narcotraficantes se afianzaron de los presidios Granja Modelo de Rehabilitación Canadá; Los Jocotes, Zacapa; y Mariscal Zavala. En este último comparten con militares.
Un reto
“Hay que cambiar las reglas que se manejan en el Sistema Penitenciario”, opina Guzmán, quien añadió que este no puede seguir bajo las reglas actuales, razón por la cual desde el 2016 implementan una reforma penitenciaria. “Se ha iniciado un nuevo modelo; llevará tiempo, es caro”, indicó.
El proceso de contratación de directores para las cárceles no se ha completado porque no es “atractivo” trabajar para el Sistema Penitenciario, añadió el viceministro.
“El sistema de prisiones está colapsado, lo hemos dicho desde antes de llegar a la administración del Ministerio de Gobernación. No podemos estar arreglando y arreglando algo, hay que hacer un cambio completo y radical”, enfatizó.
Las penitenciarías bajo total cuidado de los guardias “es grave”, dijo Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario. Este reconoció que los agentes de presidios tienen la experiencia operativa pero no administrativa y legal.
Sin garantía
Gobernación no ha contratado directores porque “se busca reclutar mejor talento para dirigir estos centros”, dijo Guzmán.
Santos cree que la falta de directores se debe a que no han pasado la prueba del polígrafo que se está aplicando como requisito para el cargo. Un ejemplo son los últimos tres directores generales, quienes pasaron la prueba pero ya dejaron la institución y se les siguen procedimientos penales.
“Es difícil encontrar profesionales con vocación penitenciaria. Se ha satanizado al Sistema Penitenciario y las personas que quieren se abstienen de aplicar. Lo mismo ocurre en la Dirección General. ¿Quién se va arriesgar?”, cuestionó Morales.
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Corrupción
Lima perdió apoyo político
A cada prisión a la que llegaba tomaba el control e imponía sus normas, pero una lucha de poderes lo derrotó el 18 de julio del 2016. El capitán Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera, murió por varios impactos de bala, en la Granja de Rehabilitación Pavón.
Tenía poder adquisitivo e influencias políticas. Su caída habría comenzado el 16 de febrero del 2013, cuando fue sorprendido afuera de la cárcel Pavoncito, junto a seis guardias penitenciarios, en un automóvil blindado. “Payasos”, expresó Lima en referencia a las autoridades, en esa oportunidad. La entonces vicepresidenta Roxana Baldetti aseguró al día siguiente que debían “recuperar el control”.
El Ministerio de Gobernación lo señaló como cabecilla de una red de extorsiones en el Sistema Penitenciario.
El experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales Francisco Jiménez cree que la captura de ese momento no fue ordenada por el entonces ministro, Mauricio López Bonilla, pero ante eso buscaron desvincularse de él.
El capitán era propietario de una cooperativa que fabricó playeras y otros artículos propagandísticos a partidos políticos, principalmente al Patriota.
Otra acusación contra Lima fue el traslado ilegal de reos. Este aceptó en el 2014 que llevaba 15 años haciéndolo.
“Siguiendo la línea de investigación del MP, tiene sentido que la situación de Lima mejoró en la época del Patriota. A cambio de favores que había hecho le dieron el control de los centros penales”, comentó Jiménez.
El investigador considera que Lima se debilitó más cuando el gobierno pasado perdió el poder, al descubrirse una red de corrupción, y que López Bonilla dejó el cargo, lo que hizo que se quedara sin respaldo.
