El peso de los beneficios sindicales es tan grande e insostenible que este año el Estado ya ha comenzado a fallar en el pago de algunos aumentos salariales, como en el Ministerio de Salud.
Analistas de distintos centros de investigación advierten de que es solo el inicio de negociaciones que ya son insostenibles y hasta ilegales.
Según el análisis realizado por Prensa Libre a pactos colectivos de seis instituciones, en el 2016 se tiene contemplado el incremento salarial del 30 por ciento en salud, 4 por ciento en el Banco de Guatemala, además de aumentos salariales escalonados en otras entidades.
Para ejemplificar el impacto en las finanzas del Estado, el informe La amenaza de los pactos colectivos en el sector público, presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), registra que el Ministerio de Educación desembolsó entre 2013 y 2015, Q700 millones para responder a un aumento salarial.
El próximo año, el Ministerio de Educación destinará Q12 mil 865 millones 886 mil 439 —el 99 por ciento de su presupuesto de egresos— a sostener a sus empleados y solo destinará uno por ciento para el rubro de inversión.
¿Lesivos al Estado?
“Hace 10 años se pronosticó que los pactos, de seguir negociándose de la manera en que se hace, serían inviables y desde hace tres años son insostenibles, sobre todo el de Salud y Educación pues muchos de los salarios son pagados con ayuda de préstamos”, explicó Francisco Quezada, analista del CIEN.
Según Adrián Chávez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), pactos como el del Ministerio de Salud responden a intereses políticos. “Muchos recursos que deberían ser destinados para atender a la población son orientados para satisfacer las condiciones establecidas en el pacto”, aseguró.
En este ministerio, en el 2016, Q5 mil 360 millones 646 mil 549 serán destinados a funcionamiento. Esto equivale al 98 por ciento de todo su presupuesto por lo que solo dos por ciento será para inversión y resolver la situación actual de desabastecimiento.
La legislación vigente establece que previo a la aprobación de una acuerdo laboral, el Ministerio de Finanzas Públicas debe emitir un dictamen sobre la capacidad financiera del Estado para hacer frente a un pacto.
“Desde el momento en que se compromete un presupuesto para varios años, como sucedió con el pacto colectivo de Educación y el del Banguat, podría considerarse como ilegal, pues se pacta una cantidad económica que no se ha aprobado en el presupuesto de Estado y que a largo plazo generará una deuda de arrastre, porque por ser un beneficio adquirido se debe pagar”, explicó Chávez.
Fuga de recursos
Sobre el efecto de los pactos celebrados en el ámbito público, Quezada los califica como fuera de lógica, pues “comprometen las finanzas y la dinámica de trabajo de las instituciones”.
Las concesiones no relacionadas con los resultados son algunos de los abusos en los que incurren los pactos.
Los acuerdos analizados contemplan días de descanso que no se encuentran en ley, entre ellos el día de cumpleaños de los trabajadores y los que dependiendo de un asueto se encuentren próximos a los fines de semana, conocidos como “puentes”.
