En aquel momento, Morales ya había declarado no grato a Iván Velásquez, director de la Cicig y ya había transmitido a António Guterres, secretario General de la ONU, las preocupaciones de su gestión sobre la comisión y pedir que se limitara a su mandato.
También la inmunidad de Morales estaba intacta luego de que los diputados lo protegieran en el proceso de antejuicio por financiamiento electoral ilícito. ya había sido protegido por los diputados
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Aunque diputados y Morales ganaron la batalla, había preocupación entre los congresistas por la posibilidad de que la justicia tocara la puerta y se anticiparon reformar con 105 votos el artículo 407 del Código Penal, para quitar la responsabilidad financiera a los secretarios generales de los partidos y se las otorga al contador de las agrupaciones políticas, para que la persecución caiga sobre mandos medios.
Para entonces la Fiscalía y el MP ya habían presentado solicitudes de antejuicio contra Morales, Orlando Blanco, de UNE; Roberto Villate, de Líder.
El artículo quedó así:
Financiamiento Electoral no Registrado. Comete el delito de financiamiento electoral no registrado, el contador de la organización política que teniendo conocimiento, no registre en los libros contables, las aportaciones dinerarias y no dinerarias recibidas por la organización política con motivo de actividades permanentes, de campañas o eventos electorales. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años.
Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, presentar la denuncia penal de este delito, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización política que no haya registrado el financiamiento electoral”.
La moción para alterar el orden del día y conocer de urgencia nacional las reformas al artículo fue presentada y firmada por los diputados Javier Hernández, de la bancada FCN-Nación; Orlando Blanco, de la bancada UNE; Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, y Delia Bac, de Acción Ciudadana.
Aunque fue minoría, varios diputados se opusieron a que se cambiara el orden del día y votaron en contra de las reformas que fueron apoyadas por las bancadas mayores. 19 diputados se opusieron.
Conmutación de penas
Luego de aprobadas las reformas relativas al financiamiento electoral ilícito, ingresó al pleno una nueva moción sin que
se dieran mayores detalles.
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Se trataba de la ley de conmutación de penas y aceptación de cargos, que incrementó de 5 a 10 las penas de cárcel conmutables. Los diputados también avalaron conocerla de urgencia nacional y fue aprobada en un único debate, con 106 votos a favor y 13 en contra. Los mismos votos se registraron en la aprobación por artículos y redacción final.
El proyecto de ley aprobado fue completamente diferente al presentado en 2016 por la Fiscalía y la Cicig.
El artículo 1 del Decreto 15-2017 reforma el artículo 50 del Código Penal, el cual queda así:
Hurto y robo
El artículo 2 modificó el artículo 51 del Código Penal, que establece en que casos las penas serán inconmutables.
Con estas reformas, los condenados por hurto y robo sí podrían ser beneficiados con pena conmutable, ya que el numeral que lo impedía fue eliminado del artículo.
El nuevo artículo quedó de la siguiente manera:
Varios de los procesados en el caso conocido como La Línea enfrentan delitos relacionados con la defraudación aduanera, ilícito que según las reformas no podrá tener pena conmutable. Entre los sindicados en ese caso están el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.
Esa maniobra puso en evidencia una alianza entre los bloques mayoritarios UNE y FCN-Nación. De hecho las dos bancadas se unieron en cuatro ocasiones anteriores para aprobar iniciativas que les favorecen personalmente o al partido al que pertenecen: Ley de Amnistía Judicial, Bono 14, antejuicio contra Jimmy Morales y financiamiento ilícito.
Poco tardó para que la sociedad en general expresara repudio a las actuaciones del Congreso. De ahí se acuñó la etiqueta #PactoDeCorruptos.
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Pero les duró poco el decreto. El 15 de septiembre, Día de la Independencia, el Congreso dio marcha atrás con 130 de 158 votos y golpes de pecho sobre lo hecho aquel día.
Ese 15 de septiembre es recordado por el encierro de diputados a causa de una protesta ciudadana que demandaba su renuncia.
En 2018
Morales y el Congreso coinciden hoy con cierto empatía. Morales no renovará el mandato de la Cicig, algo que apoyan ciertos bloques legislativos, y existe la posibilidad de que la reforma a la Ley en Materia de Amparo y Antejuicio pueda ser aprobada, a pesar de que los jefes de bloques la sacaron de la agenda.
Esta reforma quita del camino a la Corte Suprema de Justicia y le permite conocer los antejuicios, lo cual atenta contra el principio de contrapesos del sistema político.
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