El aporte económico se distribuyó entre las seis viudas, resto de familiares de los seis fallecidos y otros heridos “leves y graves”, explicó Miguel Ángel Balcárcel, jefe de la Comisión Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo.
Sin embargo, a petición de los beneficiarios, no se divulgará la forma en que hizo la distribución.
No es suficiente
Aunque familiares y dirigentes de los 48 cantones se mostraron agradecidos por la ayuda que el Estado les brindó, siguen a la espera de justicia y que se determinen las responsabilidades por la muerte de seis campesinos, víctimas supuestamente de disparos con fusil por parte de militares.
“Lo que sí vamos a dejar claro es que el proceso penal va a continuar. A esto se le llama una ayuda humanitaria. Pensamos que con la conclusión del proceso penal, ahí sí se va a dar el verdadero resarcimiento. El pueblo de Totonicapán siempre va a estar insistiendo en la lucha de deducir las responsabilidades a los autores de este hecho”, expresó Joaquín Ordóñez, presidente de la junta directiva de la Asociación del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones.
“Estamos dispuestos a trabajar para solucionar las peticiones, pero mediante la negociación, para que se respete la ley y los derechos de los guatemaltecos”, afirmó el mandatario en su discurso.
Ordóñez también comentó que si el juicio contra un coronel y ocho soldados procesados determina que son responsables de las muertes, exigirán que el presidente pida perdón en nombre del Estado y que, además, que a los militares les restablezcan el delito de ejecución extrajudicial.
Aporte
41 víctimas y familiares de fallecidos recibieron ayuda económica.
Juicio estancado
El pasado 14 de febrero se cumplió un año desde que los nueve militares vinculados con la muerte de seis campesinos en la Cumbre de Alaska, Totonicapán, fueron enviados a debate.
En esa fecha, Carol Flores, jueza A de Mayor Riesgo, decidió que los sindicados deben enfrentar a la justicia por homicidio en estado de emoción violenta, por las muertes, e intento de homicidio en estado de emoción violenta, ambos delitos en forma continuada, e incumplimiento de deberes.
Esa decisión fue impugnada por la Fiscalía, por considerar que la acción en que incurrieron los procesados fue ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa.
También se intentó separar del caso a la jueza, con el argumento de que beneficiaba sin fundamento a los militares.
Actualmente queda pendiente que la Corte de Constitucionalidad resuelva sobre el cambio de delito por el cual serán juzgados los militares. La Corte Suprema de Justicia determinó que el caso debe seguir a cargo de Flores.
Entre los sindicados se encuentra el coronel Juan Chiroy Sal, quien estaba a cargo del Segundo Comando de Seguridad Ciudadana, así como ocho soldados.
El escuadrón fue enviado para colaborar con la Policía, la cual debía mantener el control durante las protestas.
