“Hacemos un llamado al Estado guatemalteco a que honre los compromisos asumidos ante la Organización de Naciones Unidas cuando solicitó la instalación de la Cicig”, exponen las organizaciones en el comunicado.
A la vez de expresar su solidaridad a la Cicig, también exhortaron a la comunidad internacional a respaldar “los avances que ha logrado Guatemala en la lucha contra la impunidad y corrupción”.
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Las organizaciones que firmaron el comunicado son, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundación para el debido Proceso Legal y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
También, Impunity Watch, Oxfam, Abogados sin Fronteras Canadá, y la fundación Robert F. Kennedy Human Watch.
Al mismo tiempo, un grupo de organizaciones guatemaltecas convocaron a una manifestación que se llevó a cabo frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Casa Presidencial para mostrar su “repudio a la impunidad”.
En horas de la mañana llegaron a la CC y colocaron carteles en donde señalan que el retiro de visas a los funcionarios de la Cicig es un ataque a la justicia.
A eso del mediodía otro grupo llegó a Casa Presidencial donde protestaron en contra del presidente Jimmy Morales a quien señalaron de falta de legitimidad y de que querer proteger al “Pacto de corruptos” con la denegatoria de visas a los investigadores de Cicig.
“En esta Navidad Jimmy Morales quiere regalarse impunidad”, se leía en uno de los carteles que los manifestantes colocaron en las paredes de la sede de gobierno.
En el lugar, los inconformes celebraron la “antiposada” en la cual cantaron los tradicionales villancicos navideños con mensajes en contra del gobierno y la impunidad.
“Le pedimos al presidente que respete la época de paz en Guatemala y no pelee con la Cicig”, expuso Cristina Valenzuela, una de las participantes de la protesta.
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Polémica
El gobierno reactivó la polémica por la Cicig el pasado martes cuando hizo público que un grupo de 11 investigadores y abogados de la misión internacional quedaron sin inmunidad al habérseles revocado la visa y acreditaciones de trabajo.
El gobierno dio un plazo de 72 horas a los funcionarios para que abandonen el país y advirtió que de o acatar la decisión podrían ser expulsados. El jefe de la Cicig, Iván Velásquez quien se permanece fuera del país, calificó la decisión de arbitraria, mientras que otros sectores la han calificado de ilegal puesto que viola el acuerdo de creación.
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La decisión gubernamental motivó que varias organizaciones presentaran al menos siete acciones legales para frenar la expulsión de los investigadores en la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad que están pendientes de ser resueltos.
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