Dujarric leyó ante periodistas el comunicado ofrecido ayer por el secretario general, António Guterres, en el que pide al gobierno de Guatemala que cumpla con sus obligaciones legales y acate el acuerdo.
Después, el vocero del secretario general respondió varias preguntas de periodistas, en las que se consultó sobre posibles sanciones al país si finaliza con el trabajo de la Cicig este martes, así como lo que ocurrirá al cumplirse el plazo de las 24 horas. Dujarric reiteró que el trabajo de Cicig finaliza en septiembre.
Además, el funcionario explicó que Guatemala adquirió responsabilidades al firmar el convenio de creación de Cicig y una de ellas es proteger a los funcionarios de esa comisión.
En el comunicado del lunes, Guterres pidió que el gobierno de Guatemala “respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la CICIG” y reiteró la “importante contribución de la CICIG a la lucha contra la impunidad en Guatemala”.
Deben esperar
El mandato de la Cicig finalizará dentro de 7 meses, tres semanas y cinco días, según la última prórroga solicitada por el gobierno de Jimmy Morales a la ONU. Sin embargo, de manera unilateral el Ejecutivo espera que este martes los funcionarios de la comisión se retiren del país.
La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, entregó ayer lunes, una nota a Guterres en la que explicó que hay un plazo de 24 horas para que los funcionarios de Cicig dejen el país y la entidad traslade las capacidades a las instituciones públicas. Ese plazo finalizaría a eso de las 15.30 horas de hoy.
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Las exigencias del gobierno de Jimmy Morales a la ONU son inconsistentes a los compromisos adquiridos en el 2006 cuando Guatemala aceptó el acuerdo y donde se fija que que solo la ONU puede darlo por finalizado.
En el acuerdo, la ONU se reserva el derecho de terminar su cooperación con el Estado en tres casos:
- Si el Estado deja de cooperar plenamente con la Cicig de una manera que obstaculice sus actividades.
- Si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad, en el periodo del mandato de la Cicig, y/o
- Por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional.
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