“Jueces, fiscales, testigos y defensores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo cada vez mayor, lo que hace que se incrementen las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial”, subrayó la alta comisionada.
La delegación guatemalteca negó hoy en su réplica la existencia de esas tensiones y subrayó que la decisión relativa al Cicig se produjo después de que su comisionado, Iván Velásquez, “se excediera en sus funciones durante un año y medio”.
“La principal fuente de tensión es la negativa del secretario general de la ONU (Antonio Guterres) a cambiar al comisionado e investigar algunas de sus acciones”, sostuvo la delegación.
También invitó a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige Bachelet, a abrir una representación permanente en Guatemala.
Se lidera lucha contra la corrupción
Sobre la declaración de Bachelet, el viceministro de Relaciones Exteriores, Jairo Estrada, afirmó que “no hay ningún enfrentamiento entre el sistema nacional de justicia y el Ejecutivo”.
“Al contrario, se ha estado trabajando coordinadamente para lograr los resultados”, refirió el funcionario.
Sobre los comentarios sobre Cicig, Estrada indicó que “como gobierno se ha estado encabezando la lucha contra la corrupción”.
Sus pronunciamientos
Esta es la segunda ocasión en el año la que a alta funcionaria de la ONU en torno a Guatemala. El 22 de enero último, señaló que las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que promueven diputados aliados al oficialismo promueven la impunidad.
Esos cambios, “representarán un retroceso drástico hacia la rendición de cuentas y el estado de derecho en Guatemala. Al mismo tiempo, pondrá en grave peligro los avances logrados por el país para lidiar con el legado de la guerra civil y para prevenir más violencia”, dijo Bachelet.
Al considerar que las reformas detendrían investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y el cese de la persecución penal contra los responsables, lo cual significaría “una total impunidad para todos los involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”.
Además, en septiembre del año pasado, la diplomática calificó de “deplorable”, la decisión del presidente Jimmy Morales sobre no renovar el mandato de la Cicig.
“En Guatemala, hemos documentado 18 asesinatos de defensores de los derechos humanos en lo que va del año, en comparación con 12 en todo 2017. Las recientes decisiones presidenciales de no extender el mandato de la Cicig después de septiembre de 2019 y de negar la entrada al país a su cabeza, Ivan Velásquez, son deplorables. Abolirán un instrumento esencial en la lucha contra la impunidad y la corrupción” afirmó.
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