Agrega: “El comisionado o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas y principios de Derecho Internacional”.
Sin embargo, el mandato de la Cicig dice algo distinto en su artículo 5, donde se norma la composición y estructura orgánica de la Comisión.
En su inciso a señala: “El Comisionado/a, designado/a por el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, será el responsable general de las actividades de la Cicig.
El mandato, que consta de 15 artículos, no contempla una consulta a Guatemala desde la ONU antes de designar al jefe de la Comisión.
La canciller también advierte al secretario general de la ONU, António Guterres que debe cumplir con “su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros, caso contrario le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de una nueva comisionada o comisionado, en los términos y plazos solicitados”.
Retiro de Cicig y controversias
El mandato, firmado en Nueva York el 12 de diciembre de 2006, contempla en sus artículos 11 y 12 posibles escenarios que podrían derivar en la salida de Cicig del país.
En el primer caso la ONU “se reserva el derecho de terminar su cooperación” si Guatemala deja de cooperar “plenamente”, con la Cicig, de una manera que obstaculice sus actividades.
Las otras dos razones contempladas son si no se adoptan medidas legislativas para erradicar los Aparatos Clandestinos de Seguridad y Cuerpos Ilegales de Seguridad y por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional.
En el artículo 12 se establece que toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del acuerdo “se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”.
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