En el otro extremo, diputados de oposición aseguran que la intención de aprobar la ley no se ha perdido y el oficialismo solo ganó tiempo, pero el riesgo de que la norma entre en vigor sigue latente.
La iniciativa 6076, ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y el ejército, se encuentra actualmente en un impase administrativo ante el envío por parte de Shirley Rivera, Presidente del Organismo Legislativo, de la iniciativa hacia la dirección de asuntos jurídicos del Congreso para que dictamine sobre la petición de inconstitucionalidad planteada por parte de los 48 cantones de Totonicapán.
Rivera se comprometió a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de jefes de bloques y no agendarla hasta conocer el dictamen respectivo y que en el pleno se conozca el futuro de este proyecto de ley que ha causado diversas reacciones.
Este martes se convocó a sesión de los jefes de bloques, pero las probabilidades de que sea incluida en la agenda, por ahora, son mínimas.
España, mientras tanto, sigue defendiendo la iniciativa y la considera necesaria en el actual contexto del país. “No es el espíritu ir en contra de los manifestantes, si la mayoría de las manifestaciones en nuestro país son pacíficas. Es más fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad en contra del crimen organizado para que exista igual uso de la fuerza, respetando los derechos humanos; y que tengan el respaldo del Estado para defenderse ante cualquier tribunal cuando sean acusados por haber participado en un proceso donde tengan un problema legal”, agregó.
El diputado continúa defendiendo la iniciativa y duda de las intenciones de fondo de los críticos. “Existen algunos diputados que su objetivo es desestabilizar y ganar protagonismo, simplemente subiéndose a las noticias coyunturales y a los momentos que se viven. Entonces hacen una sola mescolanza de la situación, generando, queriendo generar convulsión y llamando a manifestar”, advirtió España.
Señalamientos
Diputados de oposición han declarado como inconstitucional la aprobación de esta ley, facultando el uso desproporcionado de la fuerza pública ante manifestaciones. “Esta ley da lugar a reprimir, violentar el derecho de manifestación y al uso discrecional de la fuerza pública con la ambigüedad que está establecida. Hemos insistido que no es viable su aprobación y se ha pedido una opinión a la Corte de Constitucionalidad”, manifestó Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq.
Sobre la decisión de enviar la iniciativa a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, diputados cuestionan la forma de proceder por parte de la presidenta del Legislativo. “La Dirección Legislativa está subordinada a la Junta Directiva y va hacer lo que le pidan. Van a recibir la opinión favorable y le darán paso a la iniciativa de ley. Es solo una salida, una justificación para seguir manteniéndola en agenda”, añadió la parlamentaria.
Para Walter Félix, diputado de la bancada Urng-Maiz, las movilizaciones y manifestaciones sociales representan el descontento de la población, además de ser un desgaste para el gobierno que tiene menos aceptación entre los ciudadanos. “Es recomendable que no se continúe el proceso de discusión y aprobación de esta iniciativa, en lugar de ayudarnos nos va a traer más problemas al país”, puntualizó el parlamentario.
Ley Innecesaria
Para Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), esta ley es innecesaria para sobre legislar por una facultad que ya ha sido otorgada: “las fuerzas de seguridad y el ejército ya están habilitados para hacer uso gradual y racional de la fuerza, por parte de la Constitución, el Código Penal y a nivel institucional desde el momento que contienen el delito, defienden la soberanía y desde el momento que son una fuerza armada, ellos siempre han estado habilitados”, puntualizó el analista.
La iniciativa 6076 fue aprobada en segundo debate la pasada semana. De acuerdo con la ley, todavía debe ser aprobada en un tercero y último debate y luego en su redacción final para promulgarla como decreto. Luego de eso, la normativa debe ser conocida por el presidente de la República, quien tiene 15 días para sancionarla o vetarla.
