Política

Oficialismo retiene el poder de un congreso de pocos resultados y muchos intereses políticos, dicen analistas

Con la novena legislatura y el Gobierno de Alejandro Giammattei analistas ven cómo ha ido desapareciendo el sistema de frenos y contrapesos.

shirley rivera

Shirley Rivera ofreció una conferencia de prensa minutos después de concluir la sesión donde la eligieron de nuevo para presidir el Congreso. (Foto Prensa Libre: Roberto López)

La elección de la Junta Directiva del Congreso para el periodo 2023 – 2024 no fue sorpresa. Por cuarto año el partido oficial Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) alcanzó la silla presidencial del parlamento.

Esta continuidad en el mandato de Organismo Legislativo no se vio reflejado en la promoción de leyes de beneficio social, tan solo se plegó a los deseos de la Presidencia, apuntan analistas.

La independencia de poderes parece estar plasmada en la Constitución como una sugerencia y no como una orden, ya que los expertos no logran identificar  esa frontera entre cada uno de los tres poderes de Estado.

Acisclo Valladares Urruela, empresario y exministro de Economía durante el gobierno de Jimmy Morales, recientemente fue condenado en los Estados Unidos por transacciones monetarias ilícitas.

El exfuncionario admitió los cargos en su contra, que según la acusación de la fiscalía estadounidense ese dinero habría sido usado para el pago de sobornos a funcionarios guatemaltecos.

Ese expediente en Guatemala se conoce como Caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, cuya tesis apunta a una red de diputados que aceptó sobornos a cambio de votos para la aprobación de una ley.

Dicho esquema de votación, la monetización del servicio legislativo actualmente parece ser ya una, ya que según analistas retribuciones económicas y favores parecen estar detrás de cada decisión parlamentaria.

La nueva Junta Directiva del Congreso será encabezada por la diputada Rivera de Vamos, quien estará acompañada Boris España, de Todos como primer vicepresidente, Sergio Arana Roca, de Vamos, como segundo vicepresidente; y Hérber Melgar Padilla, de FCN Nación, como tercer vicepresidente.

También estarán Mynor Mejía, de Vamos, como primer secretario; Marvin Alvarado, de Bienestar Nacional (Bien), como segundo secretario; Douglas Rivero, de Partido Humanista, tercer secretario; Aníbal Rojas, de Visión con Valores (Viva), cuarto secretario; y Leopoldo Salazar Samayoa, de Valor, quinto secretario.

Existen siete partidos políticos representados, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) afín a Sandra Torres no ocupan por primera vez en tres años una silla dentro del Congreso.

Pero lo arrasadora de la votación deja en evidencia que la fuerza de la alianza sigue tan clara como en las elecciones de Junta Directiva de hace dos años, ya que hubo 115 votos a favor de la planilla electa.

Su continuidad no vislumbra un panorama positivo para los expertos, ya que cada paso del Congreso parece estar preparando los cimientos para un esquema de gobierno autoritario.

Novena legislatura sin resultados

El que un partido político se mantenga toda la legislatura al frente de la Junta Directiva no sería malo si existiera una política y plan de trabajo enfocado en los grupos vulnerables, según Alejandro Quinteros, analista independiente.

“La regularidad en las instituciones buena cuando se usa bien y esa es la cuestión. Aquí podría ser una regularidad negativa porque se ha usado para endeudar más al país, para pasar leyes que no son positivas o que no añaden mayor cosa”, señaló.

Pero no fueron solo iniciativas de ley las que esta legislatura ha venido ignorando en casi tres años, los diputados también se han venido haciendo de “la vista gorda” con temas de mandato constitucional.

“Ahorita vamos a tener la elección de Contralor General de Cuentas, pero que no se nos olvide que este Congreso no renovó Cortes, esa regularidad en la Junta Directiva se pudo usar para hacer la elección o avanzar en el proceso pero no se hizo”, destacó.

Esta legislatura demostró también un comportamiento poco usual, ya que a las puertas de un año electoral las alianzas se van disipando, pero en esta ocasión podrían incluso mantenerse, según el analista.

“Ya algunos partidos comienzan a hacer sus asambleas de proclamación de candidatos y algunas piezas se empiezan a acomodar, ahí vamos a ver a los diputados que quieran reelegirse, si lo harán con su mismo partido político o si verán la forma de saltarse el transfuguismo”, refirió.

País con débil democracia

El no tener una frontera definida entre los poderes de Estado es algo peligroso, según la lectura de Jahir Dabroy, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies).

“El partido oficial prácticamente tiene el control del Congreso, del Ejecutivo, no hay una renovación de Cortes que infiere que hay cierta comodidad con las autoridades del Organismo Judicial”, explicó.

Pero este sistema de control oficialista ha ido ganando espacios en otras esferas, “creo que hay una Corte de Constitucionalidad (CC) muy proclive a los intereses del partido, tenemos una Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que hace sentir más cómoda al régimen oficial, y creo que la guinda del pastel será quien dirija la Contraloría General de Cuentas (CGC), con eso se cierra el círculo de poder”, destacó.

Independientemente de que partido o grupo de poder gane las elecciones del 2023 ese excesivo aumento de poder sin una autoridad de control representa problemas significativos, principalmente para la democracia.

“La lógica sería el sistema de frenos y contrapesos, pero vamos viendo cómo se va cargando un solo lado de la balanza. Ya lo hemos visto en otros países y no ayuda en la democracia, solo termina agudizando problemas y lo vemos en el caso de Nicaragua y Venezuela”, concluye Dabroy.

Dictadura de partidos políticos

El modelo que rige sobre Nicaragua y Venezuela suele ser asociado al de una dictadura, pero en Guatemala el esquema de dictadura que ve Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) es ocasionado por todo un colectivo de partidos políticos.

“Siempre las bancadas oficiales hacen una coalición con varios partidos donde deciden la gobernabilidad del Congreso pero no les dura tantos años, esa coalición implica recursos desde lícitos donde llevan obra a favor de los diputados distritales, o recursos que tienen muchos canales”, explicó.

Pero un fenómeno recurrente en la política guatemalteca parece ser la compra de voluntades, como lo señala la investigación que dejó la condena contra el exministro Valladares Urruela, y ese “modelo” de hacer política para ser más recurrente.

“Los partidos no son ideológicos, no son de acuerdos para una mejor gobernanza o proyectos de nación, si no lo que son es una competencia para los recursos (…) independientemente quien obtenga el poder aquí estamos viendo con muestras que se está sacrificando la democracia; consolidar votos con comprar de voluntades, llegarle al precio a la gente”, refirió.

El complejo escenario político del Congreso, la forma de llegar a los consensos y obtener votos difícilmente van a cambiar con un nuevo partido político al frente, señala el analista.

“Podemos quitar a este gobierno de la ecuación y poner a cualquier partido político y va a seguir la misma suerte, acá hay reglas del juego que han sido monopolizadas por los partidos, aquí lo que tenemos es una dictadura de partidos políticos, no de uno, sino de todos porque en su momento todos han hecho lo mismo”, concluyó.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de expreiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.