Al momento, ni el Gobierno ni sus diputados aliados muestran intenciones de enmendar la iniciativa.
“Hay una ley a la cual les vengo a pedir apoyo porque es una ley que implica, para las municipalidades, una gran fortaleza para poder resolver problemas rápidamente. Es la Ley de Adquisiciones que se encuentra en el Congreso. Hay un capítulo especial para las adquisiciones por parte de las municipalidades, algo que es totalmente novedoso y que podría facilitar muchísimo la gestión de los alcaldes”, dijo el presidente Alejandro Giammattei en una gira presidencial en Chiquimula el 27 de octubre pasado.
El mandatario se refería a la iniciativa 6141, la cual pretende sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado. La propuesta ingresó a Dirección Legislativa el 21 de septiembre y apenas seis días después obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Finanzas.
Ni el Ejecutivo ni los diputados de la comisión dieron oportunidad a centros de investigación para que expresaran su opinión respecto a esta nueva ley y ahora solo falta que en sesión de jefes de bloque se agende su aprobación en tercera lectura.
Aníbal Rojas, secretario de la Junta Directiva del Congreso, dijo que el lunes habrá reunión esta instancia, así como de jefes de bloque. Allí se definirá la agenda de las dos sesiones de la próxima semana, pero dijo que aún no se tiene definido si se incluye la discusión en tercera lectura de la iniciativa 6141.
No obstante, aseguró que es una ley prioritaria “no de ahorita sino de años atrás”. “Es urgente y debe conocerse, pero para que esto se dé debe haber consensos y eso no se ha discutido en estos días”, remarcó el legislador.
Deficiencias
Uno de los centros de pensamiento que expresó deficiencias sobre esta propuesta de ley fue el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Entre estas, señalaron que se establecen 24 métodos de compra, de los cuales solo cinco son modalidades competitivas y otras 13 son compras directas entre las cuales figuran, de baja cuantía, bienes y suministros importados, todos los casos de excepción, contratación de personal en renglones 029 y 081, así como servicios profesionales y estudios con cargo al subgrupo 18, entre otros.
Además, el Cien cree que debilita el Guatecompras, ya que, si bien la iniciativa requiere que las 24 modalidades se publiquen en este portal “el problema está en que no se define claramente la información que se debe publicar para cada una”.
Al Cien también se suma la Fundación Libertad y Desarrollo que al respecto de la iniciativa expuso: “En primer lugar, debe establecer modalidades de contratación en función al objeto y naturaleza de la compra. Hoy, la —iniciativa de— ley plantea modalidades en función del monto de la compra, algo inadecuado técnicamente y que nada hace por mejorar la eficiencia y transparencia del gasto”, expresó la Fundación.
Recomienda establecer métodos de evaluación al sistema de contrataciones, incorporar al marco legal los incentivos por buen desempeño del proveedor y sanciones al contratante por incumplimiento de pago y diseñar un sistema de apelaciones e impugnaciones a los procesos de adquisición en el que intervenga un órgano independiente de apelaciones, entre otros.
Irene Flores, investigadora del Cien, dijo que han realizado foros para presentar su postura sobre la nueva ley y también han expresado sus puntos de vista a diputados, pero hasta hoy no han sido convocados para una discusión sobre este tema.
“Hasta hoy como Cien no nos han llamado oficialmente del ente rector de la planificación que es el Ministerio de Finanzas para discutir o hacer comentarios a la iniciativa 6141”, aseveró.
Esta cartera dijo que es en el Congreso de la República donde se están recibiendo propuestas y dando audiencias, ya que la iniciativa está en segunda lectura y es la Comisión de Finanzas la que puede hacer las modificaciones.
El diputado Samuel Pérez, uno de los integrantes de dicha Comisión y quien opone a la propuesta del Ejecutivo, aseguró que al oficialismo y a sus aliados no les importa si la propuesta es viable o no, ya que lo que buscan es congraciarse con los alcaldes para obtener réditos políticos de cara al proceso electoral.
“No les importa si la propuesta no es viable técnicamente porque esta no lo es. No les importa si van a terminar arruinado el sistema de adquisiciones y procurar más opacidad porque ese su objetivo. Habría que regresar la iniciativa a la Comisión de Finanzas porque en realidad sí se necesita reformar el sistema de compras de Estado, pero esta iniciativa no lo hace. Quita controles, reduce transparencia para alcaldes y hace algunos cambios cosméticos, pero no hace un cambio profundo”, aseguró.
Al respecto, Rojas asegura que escucharán las propuestas sobre la ley, toda vez sean “propositivas y para bien”.
“Por supuesto que se toman en cuenta. Lo que pasa que aquí hay de todo. Hay mucha gente que sencillamente opina sin conocer iniciativas de ley, entonces, por supuesto, esas no se toman en cuenta, se toman en cuenta a las personas o grupos que hacen análisis verdaderos y no sesgados ideológicamente”, sentenció.
