En ella considera que el reto “más importante” tiene que ver con la “judicialización de la política”, es decir, la forma en cómo la legislación nacional “permite la interposición de recursos permanentemente y durante todo el proceso electoral” que ha poco más de un mes de la fecha clave mantienen en vilo varias candidaturas, como la de la exfiscal Thelma Aldana (Movimiento Semilla) o la de Zury Ríos (Valor), hija del exdictador José Efraín Ríos Montt (1926-2018).
“El uso del recurso legal como un elemento para retrasar la representación de candidaturas o la posibilidad de que estas lleguen a ser inscritas constituye una preocupación que todos los partidos políticos nos han mencionado como central”, resume este politólogo, académico e historiador costarricense, que lidera la decimonovena misión que la OEA envía a Guatemala desde la primera, ocurrida en 1970.
Y es por ello que cree que en el tema de la judicialización de la política es “muy urgente” que la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, conozca y resuelva en los próximos días los recursos que afectan a al menos tres fórmulas presidenciales, incluida la de Aldana, Ríos y Mauricio Radford (Fuerza).
“Me parece que no hacerlo nos acerca muy peligrosamente a los tiempos límites para la impresión de papeletas y creo que hay voluntad de acelerar ese proceso precisamente para que no se vaya a producir un choque de calendarios que nos ponga en riesgo”, insiste.
Sobre la evidente “subrepresentación” de los pueblos indígenas, solo la candidata maya mam Thelma Cabrera (Movimiento Liberación de los Pueblos) compite por la primera magistratura del país.
Cree que es un tema que no solo tiene que ver con las elecciones y dice que sería “muy deseable” que en Guatemala, donde los pueblos originarios representan más del 60 por ciento de la población, su participación fuese cada vez mayor.
“Hay una transformación cultural importante que tiene que producirse. Esto trasciende mucho las elecciones. Esto tiene que ver con el funcionamiento económico, político y social del país en un sentido más amplio”, apunta.
Y aunque considera que se están haciendo “esfuerzos” insiste en que es un “desafío” de una realidad “que tiene que ser transformada” con “gradualidad y con profundidad” porque los grandes cambios toman tiempo y necesitan de una legislación que facilite la incorporación y de educación y capacitación para abrir esos espacios.
El jefe de la misión electoral de la OEA a Guatemala, que comenzó el martes una visita preliminar que concluye este viernes antes del próximo viaje que iniciarán el 5 de junio, se reunió con Jimmy Morales, quien se mostró “muy esperanzado” con que sea un proceso de “buena calidad” con unas elecciones “exitosas y tranquilas”.
“Creo que el hecho de que se reconozca de parte de las entidades del Estado los desafíos que enfrenta Guatemala es muy positivo, porque aquí no hay ingenuidad ninguna, estamos frente a una circunstancia histórica, compleja (…) y lo primero que es muy importante para lograr que las elecciones sean exitosas es reconocer que esos desafíos deben ser atendidos adecuadamente”, detalla.
En este sentido, asegura que el compromiso es acompañar estos comicios con “objetividad y neutralidad”, como lo manifestó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y reitera que Guatemala está “ante una oportunidad histórica para consolidar procesos que se vienen desarrollando con éxito desde hace bastante tiempo”.
Solís reflexiona sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se aplica por primera vez desde su modificación en 2016, y hace mención al voto en el exterior, con el que los migrantes podrán elegir por primera vez presidente y vicepresidente, o la financiación, que de “un régimen de apertura total” pasó “a uno de una rigidez muy grande”.
“Me parece que después de que las elecciones tengan lugar, Guatemala va a tener la oportunidad de revisar toda esa normativa, ver que es lo que funciona y avanzar en algunos temas”, apunta, y agrega que el voto en el exterior es un tema fundamental pero que en esta convocatoria va a estar “muy acotado”, pues solo unas 60.000 personas están habilitadas para emitir sufragio.
“Yo sí creo que hay una necesidad de entender a la ley como un proceso vivo, que no hay ninguna razón para la cual no mejorarla”.
A los comicios generales de junio, en los que participarán más de una veintena de aspirantes presidenciales, están convocados más de ocho millones de guatemaltecos y ellos deben elegir a presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024.
