El convenio que mencionó García es el que anunciaron la semana pasada la fiscal General, Thelma Aldana, y el director de Cicig, Iván Velásquez, sobre el pago que hará la firma brasileña por US$17.9 millones por los daños causados al haber sobornado a funcionarios.
El ministro explicó que lo procedente es recibir la obra porque hay una petición expresa de la empresa de renunciar el contrato de manera prematura, de lo cual se derivó una resolución y nombraron a una comisión liquidadora.
Pero los requisitos para liquidar una obra es necesario tener las fianzas de conservación de obras y de saldos deudores, que sirven de garantía por los daños que pueda presentar el proyecto avanzado.
El gobierno había anunciado que la firma brasileña estaba en disposición de firmar un acuerdo de desistimiento de la construcción de un tramo de 97 kilómetros de la carretera de la Costa Sur entre Cocales y Ciudad Tecún Umán.
García dijo que tuvo una reunión el lunes pasado con los representantes de la firma brasileña, en miras de buscar solucionar el caso por la vía administrativa.
Odebrecht supuestamente se comprometió a que junto a la Dirección de Caminos buscaría una salida para la entrega de las fianzas, dijo el funcionario.
“Lo que se planteó es por qué no nos entregaron a nosotros las fianzas y por qué se esperaron. Ellos nos dijeron que consideraron que primero era con el Ministerio Público”, aseguró García.
García dijo que por compromisos de agenda no ha podido acudir a una citación que le hizo la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero que tiene contemplado poder realizar la reunión este jueves.
