Ocho de cada diez proyectos de la Gran Cruzada por la Nutrición no han sido aprobados

En el actual presupuesto hay Q600 millones destinados para proyectos de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN), iniciativa del gobierno anterior. Este año los recursos fueron redistribuidos entre los 340 municipios, pero los proyectos que se impulsan tienen un avance lento, aunque la necesidad es evidente.

Hasta el pasado 12 de agosto, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) registra 490 proyectos, de los cuales solo 98 han cumplido con todos los requisitos y fueron aprobados para su ejecución. Hay 350 que están a la espera de finalizar los procesos y obtener el visto bueno de la entidad, otros 42 aún no han sido presentados por los Codedes a Segeplán.

El único departamento que tiene todos los proyectos aprobados es Escuintla, con 23; Retalhuleu, Quiché, Baja Verapaz, Zacapa y Chiquimula no tienen ninguno admitido, porque aún están en proceso. Totonicapán cuenta con 17 proyectos no han sido presentados a Segeplán, por lo que no cuentan con opinión técnica, y Quetzaltenango no ha presentado ninguno.

El viernes pasado se realizó una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) quetzalteco, en donde el alcalde de Cantel, Allan Cabrera, quien también es presidente de los jefes ediles del departamento, explicó que su municipio, además de Génova, San Carlos Sija y Olintepeque, ya presentó la documentación respectiva para la aprobación.

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“No se han dado los parámetros para continuar con los procesos administrativos. Las municipalidades ya están listas para trabajarlos, pero estamos a la espera de los lineamientos para invertir esos fondos”, argumentó Cabrera.

Fondos

Estas obras deben responder específicamente a ciertas clasificaciones, como para mejorar la distribución o introducir el servicio de agua entubada, sistemas de alcantarillado, mejoramiento de puestos de salud u hospitales, establecimientos educativos, obras relacionadas con el manejo de los desechos, infraestructura para el fomento de la producción y proyectos de infraestructura.

Respecto de los fondos, la distribución se realizó con base en una fórmula, tomando en cuenta la población rural, el índice de pobreza extrema y el ranquin municipal. De los Q600 millones con los que cuenta el rubro, para nuevos proyectos se asignaron Q520 millones y los otros Q80 millones corresponden a deuda de arrastre del año pasado.

Los departamentos que más recibieron para proyectos nuevos fueron Huehuetenango, con Q43 millones; Alta Verapaz, con Q40 millones, y San Marcos, al que se le asignaron Q38 millones.

En los primeros meses de gobierno, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) se autorizó que la ejecución de los fondos pueda extenderse este año. Además, al tratarse de una distribución extraordinaria de fondos, no tienen plazo límite para la presentación de las obras.

En la ampliación presupuestaria, además, se aprobaron otros Q4 mil 113 millones, entre los fondos ordinarios, extraordinarios y un artículo específico para proyectos de desarrollo. En ese artículo se destinaron Q1 mil 875 millones para todos los municipios, aunque los criterios técnicos fueron cuestionados desde que la iniciativa se presentó.

Plazo promedio

El proceso de aprobación de un proyecto toma entre seis y 11 meses, de acuerdo con la información compartida en Conadur hace algunos meses.

También se necesita el aval de las entidades involucradas, como dictámenes de la cartera de Salud, de Ambiente y Recursos Naturales y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Como promedio, cada entidad demora entre dos y tres meses en otorgar la documentación, aunque algunos alcaldes han referido que en ocasiones las carteras demoran hasta seis meses por algún dictamen.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) aseguró que ha asesorado a los codedes, pero enfatizó que no es competencia de la entidad la ejecución. Además, que los cambios de gobernadores y directores de los consejos, más la cantidad de alcaldes nuevos, generaron los mayores atrasos en los procesos.

"La SCEP en este proceso cuenta con un riguroso acompañamiento técnico y administrativo en cada etapa, asegurando que los proyectos cumplan con los criterios establecidos y estén alineados con las prioridades nacionales. De esta forma, se garantiza que los recursos se utilicen de manera eficiente para apoyar la lucha contra la desnutrición en el país", indicó la SCEP.

Mejora de procesos

Las acciones en la iniciativa se deben dirigir a los lugares con más presencia de desnutrición, consideró el exsecretario de Seguridad Alimentaria Luis Monterroso. Reconoció que las autoridades locales son clave en la atención a la desnutrición.

“La coordinación interinstitucional tiene que ser fundamental y hay una figura que debe tomarse en consideración, las comisiones municipales de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ahí debería estar vertiéndose toda la información que se necesita para poder hacer una operación efectiva”, señaló.

Además, cuestionó que ante una ejecución que arrancó lenta en las carteras, cobran más relevancia las acciones descentralizadas.

Por su parte, Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), refirió que se debe poner atención a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), para asegurarse de que se priorizan las áreas que lo requieren y así evitar tintes políticos. Además, que se revise la tipología de los proyectos, para que tengan una incidencia directa con el combate de la desnutrición.

"Se señala que en los codedes hay corrupción por los proyectos y se sigue sin hacer ningún cambio en la forma de ejecución y de los procesos se sigue ahí, mientras se sigue desgarrando la piñata", puntualizo.