Recuerda que, en 1993, durante el autogolpe de Jorge Serrano Elías, los magistrados declararon las acciones de este como ilegales, ante que lo hiciera el pueblo.
¿Cómo ha visto la coyuntura política, electoral y judicial del país?
Mi opinión es que el perdedor de las elecciones no acepta el resultado, ni la declaratoria que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la legalidad del proceso, y en consecuencia, ha usado el sistema procesal jurídico para impugnarlo y al ver que no le estaba resultando llegan a extremos inconcebibles e innecesarios como es el secuestro de las papeletas electorales, lo cual también es ilegal, es un hecho que no se puede justificar bajo ningún punto de vista. Legalmente tienen derecho a hacerlo, pero no ahora, en época electoral.
¿Había ocurrido algo similar?
Nunca se había abusado tanto del poder de un juez, que se funda en una ley incompetente que no rige el caso para hacer cosas innecesarias. Por ejemplo, el juez se basa en el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada que no tiene nada que ver con la personalidad jurídica de Semilla, pero —el artículo— está redactado de una forma general que cualquiera puede encajar con lo que ellos dicen. Pero jurídicamente no se podría hacer, porque el conteo de votos ya se hizo y se repitió, ilegalmente, pero se repitió, y el TSE, que es el único competente para ese efecto, ya declaró que las votaciones fueron correctas. Por otro lado, la comunidad internacional mandó sus observadores y no vieron más que pequeñas anomalías y dijeron ‘respetemos el resultado’.
¿Qué papel considera usted debe jugar la Corte de Constitucionalidad (CC)?
La CC a mi juicio y con todo respeto lo digo porque son mis colegas debería actuar.
Yo era magistrado suplente de la CC en la época de —Jorge— Serrano, que se quiso pasar de listo. Recuerdo que los magistrados nombrados por él no aparecieron en el momento del golpe y a mí me tocó integrar. Nos juntamos a las 9 de la mañana, se hizo un anteproyecto por parte de Epaminondas González Dubón y a las 11 nos sentamos a discutirlo. Y nosotros, el mismo día que se comunicó por parte del presidente y el vicepresidente por la televisión el golpe de Estado, nos juntamos y unánimemente los magistrados le dijimos, ‘es ilegal lo que usted está haciendo y es nulo lo que usted haga’, y el pueblo apoyó a la Corte inmediatamente.
De hecho, esa Corte es considera heroica…
Para mí sí, porque cumplió maravillosamente su función.
¿La actual Corte tiene esa misma responsabilidad de restablecer ahora el ordenamiento constitucional?
Tristemente se dice que la Corte está influenciada por los grandes poderes económicos y el Gobierno. En cambio, en nuestro tiempo éramos absolutamente independientes.
¿Pero los magistrados podrían hacer algo en esta coyuntura?
Pues eso intentan ellos y por eso el pueblo está manifestando y llega a los extremos de bloquear carreteras.
¿Cuál es la responsabilidad histórica que tienen los actuales magistrados sobre sus hombros?
Para mí que la Corte no está cumpliendo su función. Yo pienso que ya debería actuar porque se le está pidiendo a gritos. A nosotros, antes de que el pueblo dijera que —lo actuado por Serrano— era ilegal, lo dijimos nosotros, porque de conformidad con la ley, el guardián de la Constitución es la Corte de Constitucionalidad, así es que tiene que actuar, y de oficio, a nosotros nadie nos pidió actuar porque sabíamos que al día siguiente iba a haber una cantidad de denuncias, y actuemos de oficio porque la ley es clara y la CC se nombra para proteger el sistema constitucional.
Suponga usted que va en la calle y que hay un asalto, usted no le tiene que decir a un policía ‘actúe’, sino que ellos deben actuar de oficio, no tienen que esperar que le diga ‘usted es policía hay un asalto, actúe’, no… es absurdo.
¿Cree que ha habido violaciones a la Constitución?
Constantemente desde hace mucho. Yo podría decir que es incalificable esa tradición guatemalteca de irrespeto a la Constitución. Se ha vuelto un deporte violarla, no solo de parte del particular, sino de parte de Estado, que, cuando le interesa algo, no le importa lo que diga la Constitución y eso es fatal porque el pueblo deja de creer en el sistema jurídico en que vive.
Usted como exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad y abogado constitucionalista ¿Qué violación a la Carta Magna es la que más le ha dolido?
El abuso de poder del funcionario que hace lo que le da la gana. El Congreso de República, por ejemplo, está obligado a elegir magistrados —pero— como no eran de su interés escoger a quiénes van a esas altas magistraturas, siguen los mismos ‘ustedes ayudándome a hacer porque me dé la gana’. Eso es lo triste, la violación constante de la ley por parte de los funcionarios en aras de un propósito, no de beneficiar al pueblo, sino a un grupo de particulares y funcionarios corruptos.
Actualmente vivimos una etapa de mucha tensión por las acciones del MP esto ha hecho que grupos sociales protestan y pidan la renuncia de la fiscal ¿Qué opina?
El Ministerio Público está facultado según la ley para investigar aquello que huele a crimen, pero es su facultad discrecional cuándo hacerlo y la ley prohíbe que lo haga en época electoral, por eso la señora —Consuelo Porras— se ha echado encima a medio mundo.
¿Cree que el presidente Alejandro Giammattei debería pedirle la renuncia a la fiscal general?
Debería pedírselo y que ella conteste no, pero ella sí ha abusado de su poder en el sentido que está haciendo cosas legales pero que no es oportuno hacerlas ahora en medio del proceso electoral, después ella puede probar si hubo delito por parte del partido Semilla.
Por otro lado, pareciera que el MP estuviera buscando pruebas de que hubo fraude ¿Qué opina?
Eso es algo muy difícil —hacer fraude— porque yo podría opinarle que el sistema que tenemos no es posible hacer el fraude. Las mesas electorales tienen que entregar las actas a la junta electoral que recibe de toda la república y lo manda al TSE para que haga el conteo final. No es posible hacer el fraude si se hace la comparación entre lo que dicen las actas y el sistema.
Además, ¿en quién vamos a confiar’, porque al TSE le dimos toda la facultad para hacerlo y se vuelve una cadena terrible. Tenemos que llegar a un punto de decir confiamos en usted y punto. El grave problema de este Ministerio Público es que hace cosas en contra de la ley que la ciudadanía no tiene porqué aceptar, sino protestar.
A propósito ¿Qué piensa de los bloqueos?
Desde el punto de vista de la Constitución, tienen derecho a manifestar, pero el pueblo no tiene por qué padecer. O sea, los bloqueos son ilegales porque naturalmente mi derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, es una política completamente equivocada porque en vez de ganar el apoyo de la sociedad, se la echan en contra.
Lo grave es que el presidente puede decretar, y el Congreso aprobar, un estado de excepción y si dicta eso se le hace difícil la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo que fue legalmente electo, sea el indicado o no, él ganó y punto. Ir en contra de eso es violar la constitución y las leyes y los abogados estamos llamados a cumplirla.
El Ministerio Público (MP) ha señalado injerencia extranjera ante los pronunciamientos de organismos internacionales y de otros países ¿Qué opina?
Hay una convención internacional que prohíbe la intervención extranjera en asuntos internos, pero esta jurisprudencia ha sido modificada por los tribunales internacionales en defensa de los derechos humanos. Por eso cuando la comunidad internacional ve que un estado no respeta los derechos de la comunidad y los tratados que los obligarían a ellos a un respeto a los derechos humanos, podría intervenir y eso no viola la Convención Internacional de Viena, de 1961, sobre Relaciones Diplomáticas. Aquí la comunidad internacional dice ‘cumpla con los tratados que establecen que debe haber un régimen democrático’. La Carta Democrática Interamericana establece que el valor prístino de Latinoamérica es la democracia y en consecuencia tienen la obligación de protegerla.
La Corte Internacional de Justicia y de todas las cortes de derechos humanos tienen ese principio, de que no se entenderá intervención cuando se hace en defensa de los derechos humanos y en este caso es por la defensa de los derechos del pueblo guatemalteco a la democracia, y uno de esos derechos son el de elegir y ser electo.
