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Novena legislatura: este es el balance del trabajo de cuatro años del Congreso

La novena legislatura no tuvo una agenda parlamentaria clara a opinión de analistas que evaluaron el trabajo parlamentario de 2020 a la fecha.

El mandato de la actual legislatura finalizará el 14 de enero de 2024, para dar paso a los nuevos diputados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El mandato de la actual legislatura finalizará el 14 de enero de 2024, para dar paso a los nuevos diputados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El próximo 14 de enero finalizará la novena legislatura que arrancó en enero de 2020, emitiendo en sus casi cuatro años de mandato 128 decretos, según entidades fiscalizadoras, que a decir de analistas no cumplen con las demandas y necesidades reales de país.

La legislatura, a criterio de los expertos, estuvo marcada por tres grandes momentos: La pandemia, la era posterior a la crisis del covid – 19  y todo lo relativo al periodo preelectoral hasta llegar a las elecciones, etapas que fueron influyendo en la actividad o pasividad de los parlamentarios.

En el 2020, cuando la pandemia golpeó a Guatemala, el parlamento emitió 34 decretos, según los registros que mantiene Alianza por un Congreso Eficiente, un esfuerzo de monitoreo desarrollado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y Guatemala Visible.

En el 2021, un año después de la pandemia, los congresistas emitieron 20 decretos, reportando una baja en las actividades legislativas a comparación del año anterior.

Para el 2022, el año pre electoral, los diputados de la novena legislatura tuvieron su año con mayor cantidad de trabajo emitiendo 56 decretos, pero ese ritmo bajó este 2023, en el año electoral, con la emisión de  18 decretos.

Sus salarios

El salario base de los diputados es de Q9 mil 550, más Q5 mil en concepto de gastos de representación y otro aporte adicional de Q9 mil 600 en concepto de dietas por las sesiones plenarias.

Un diputado que no integró la Junta Directiva ganó de manera mensual Q24 mil 150 en la actual legislatura, pero para el caso de aquellos congresistas que integraron directiva, contaban con otro aporte económico adicional.

Los secretarios de la Junta Directiva recibieron mensualmente Q10 mil como gastos de representación por integrar directiva, haciendo que su salario mensual ascendiera a Q34 mil 150.

Para los vicepresidentes este aporte adicional es de Q15 mil y su salario aumenta a Q39 mil 150, y para el presidente del Congreso este aporte sube a Q20 mil, haciendo que su sueldo mensual sea de Q44 mil 150.

Durante la novena legislatura la Junta Directiva del Congreso estuvo encabezada por el partido oficialista Vamos, alternando la presidencia entre los diputados Allan Rodríguez y Shirley Rivera.

Pese a contar con salarios que rebasan la realidad de la mayoría de guatemaltecos, un grupo de expertos consultados explicaron las razones por las que a su criterio la novena legislatura no hizo un buen trabajo.

 

Pactos y no alianzas

Para Roberto Alejos, expresidente del Congreso, la novena legislatura estuvo los últimos años sin una agenda clara, lo que impidió la aprobación de leyes que a su criterio eran necesarias para el desarrollo.

“Faltó una agenda legislativa, seguimos sin aprobar leyes de carácter constitucional que está pendiente; la ley de aguas, competencias, ley para los pueblos indígenas, por mencionarle algunas”, dijo Alejos.

Además, para Alejos, la legislatura que está por concluir tuvo un inicio cuestionado, que pasó arrastrando por los últimos cuatro años al evidenciar, según él, una forma poco ética para hacer política.

“Por la forma en que mantuvo sus alianzas, fue una aplanadora, pero hay diferencia entre hacer alianzas y hacer pactos, algo que esta legislatura heredo de la anterior, el nombre del “Pacto de Corruptos”, ya le dio un mal inicio. El pacto fue a base de plazas, obras, prebendas y no con base en una agenda legislativa”, indicó.

Esta serie de acuerdos pudo traer consecuencias devastadoras para el país según el experto, quien puso como ejemplo el retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que repercutió en la actual desintegración del Pleno.

“Pareciera que el plan de trabajo fue desmantelar la institucionalidad, y si ese fue su plan lo hicieron bien porque terminaron de fortalecer la anarquía en la que estamos viviendo, y ahora dependemos de la Corte de Constitucionalidad para que endurezcan el rumbo como pasó con la elección de Cortes”, refirió.

De puertas cerradas

El trabajo de la novena legislatura motivó convocatorias ciudadanas para manifestar en contra del Congreso. Los diputados en las últimas semanas se vieron obligados a cercar el paso por el Palacio Legislativo.

Lo que marcó, según Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep), una lejanía mayor entre la sociedad con los diputados.

“Es un mensaje que traslada el cerco del Congreso, es una medida drástica y contundente, que demuestra que la novena legislatura estuvo alejada de los verdaderos intereses del pueblo de Guatemala”, refrió el director.

Para Hidalgo, el actuar de los parlamentarios sirvió para fortalecer intereses particulares y sectoriales, que no contribuyeron al desarrollo de la sociedad.

“No contribuyó con la institucionalización de la democracia y socialización del Estado de Derecho, fue una legislatura a todas luces incapaz de representar dignamente a sus electores, creo que esta legislatura ha traicionado a la población guatemalteca”, indicó.

Leyes económicas

No todo fue negativo en la actual legislatura, según lo dicho por María del Carmen Aceña, integrante del Cien y de la alianza Congreso Eficiente, quien ve oportuno la legislación que se dio en el año de la pandemia.

“Consideramos que muchas de las leyes que sacaron en época de covid eran necesarias como la ley anti tramites, la digitalización del Organismo Judicial, actualizar las zonas francas, hubo buenas leyes para el país”.

Pero las acciones positivas que tuvo la legislatura, dijo Aceña, quedaron opacadas por una mala legislación, en donde expone como ejemplo claro la aprobación del presupuesto nacional del 2024.

“Sin embargo, lo que nos ha dejado un mal sabor es la aprobación del presupuesto. Vimos que se empezaron a repartir el presupuesto entre organizaciones, empresas y allegados y no a favor del pueblo de Guatemala”, concluyó.

Los expertos consideran que algo positivo fue que finalmente se eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), elección que destacan fue impuesta por un orden constitucional.

ESCRITO POR:
Douglas Cuevas
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.